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Quebró Cresta Roja y el Gobierno promete ayuda a los trabajadores

Una jueza declaró la quiebra de la compañía y ordenó que se tomen las medidas necesarias para conseguir un comprador. Además, pidió que el Estado cumpla el compromiso de abonar salarios.

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La jueza comercial Valeria Pérez Casado declaró hoy la quiebra de la empresa Cresta Roja, mientras sus trabajadores se reunían con autoridades del Ministerio de Trabajo. La magistrada ordenó al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para conseguir un comprador para la compañía situada en Ezeiza y dedicada a la producción de pollos.

Luego de la reunión, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, informó que “vamos a participar de una reunión en el juzgado”, en la mañana del miércoles para buscar una salida para la compañía.

“Este gobierno nacional y este gobierno provincial no los va abandonar”, dijo el ministro y aseguró que hay un compromiso de encontrar una salida para los trabajadores.

“Nos hemos comprometido a darles seis mil pesos por trabajador. Todas las áreas están trabajando para una solución de manera definitiva”, agregó.

“Es un punto de comenzar de nuevo. Estamos predispuestos y esperamos que la empresa siga con un nuevo comprador”, dijo el delegado Christian Villalba. Agregó que van a realizar una asamblea en Ezeiza para decidir si levantan el acampe en la entrada del aeropuerto.

La decisión de la magistrada se conoció el mismo día en que los trabajadores fueron reprimidas por efectivos de la Gendarmería en la autopista Ricchieri, para impedir que corten el acceso al aeropuerto.

“Otra de las consecuencias del fallo es que la jueza puso orden al proceso, y de esta manera, dió intervención a Poder Ejecutivo en aquéllo en lo que incumbe a la política: resolver la situación de los empleados, su situación social, además de pagar los compromisos asumidos”, informa el diario La Nación.

El diario agrega que “lo que viene es un proceso de liquidación de activos que tendrá como fin mantener la actividad de la compañía y las fuentes de trabajo”. 

Según el matutino, “la Justicia comercial no tuvo más opciones que ir por la medida más drástica” ya que el Estado no ofreció fondos públicos para evitar el desenlace. 

La jueza también haría un llamamiento a los ministerios de Trabajo y de la Producción para que cumplan con un acuerdo suscripto por los entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para proporcionar un aporte de 100 millones de pesos para mantener en funcionamiento la firma hasta el momento en que apareciera un comprador.

Cresta Roja llegó ocupar el segundo lugar en importancia de las empresas avícolas instaladas en el país, con el 13 por ciento del mercado interno, y una plantilla de personal de más de 3.000 trabajadores, que sumados a los empleos indirectos ascienden a unos 5.000.