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Así es el sorpresivo ajuste griego al estilo "Argentina 2001"

Privatizaciones de empresas estatales, congelamiento de las jubilaciones, achicamiento del sector público, aumento de los impuestos y flexibilización del mercado laboral son algunas de las medidas que tendrá que llevar adelante el gobierno de Tsipras.

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El acuerdo firmado entre el gobierno griego y la Unión Europea prevé un durísimo plan de ajuste que incluye privatizaciones de empresas públicas para reunir 50 mil millones de euros, congelar las jubilaciones, aumentar los impuestos y flexibilizar el mercado laboral. Semejanzas con el plan de Fernando de la Rúa en 2001 no son una mera coincidencia.

Antes de obtener la ayuda de 85.000 millones de euros el gobierno griego deberá subir los impuestos a las ventas y semanas después tendrá que abrir a la competencia las industrias que durante tanto tiempo protegió.

El Poder Ejecutivo de Tsipras tendrá que transferir activos públicos a un fondo que será de titularidad griega aunque supervisado por la troika. Esos bienes serán privatizados. Con esas privatizaciones los líderes europeos esperan recaudar 50.000 millones de euros, que serán usados para hacer frente a la deuda.

En este fondo estarían incluidos todos los sectores: el energético, transportes, telecomunicaciones, etcétera. “Por ejemplo, la troika exige a Grecia la privatización de la red de transporte eléctrico”, informa el sitio Público.

También deberá llevar adelante una severa reforma de las pensiones que incluye una ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años, endurecimiento de las condiciones de prejubilación y congelamiento de las pensiones hasta 2021.

El Parlamento griego también tiene que aprobar medidas fiscales que incluyan simplificación de los tipos del IVA y una elevación de la tasa del 13% al 23 %.

El plan de ajuste prevé recortes en obras públicas.
En cuanto al mercado laboral, el gobierno de Tsipras ha aceptado revisar los convenios colectivos, huelgas y despidos colectivos.

Grecia tendrá que rebajar el costo de la administración pública y reducir la influencia política. También tendrá que realizar recortes de presupuesto casi automáticos si el Gobierno incumple sus metas fiscales, nuevas normas de bancarrota y una ley de banca que podría ser usada para que los grandes depositantes asuman las pérdidas.