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Mundo el hombre más buscado

El Chapo dio señales de vida y quiere frenar su extradición

Desde la clandestinidad, Joaquín Guzmán Loera interpuso un recurso de amparo para evitar que lo juzguen en Estados Unidos. Las recompensas ofrecidas superan los 8 millones de dólares.

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Los abogados de Joaquín Guzmán Loera, prófugo de la justicia, interpusieron un recurso de amparo para evitar la extradición de su cliente, en caso de que sea detenido otra vez.

El equipo legal del el jefe del cartel de Sinaloa presentó el documento el miércoles, un día antes de que se librara la orden de detención para enviarlo a Estados Unidos.

Guzmán quiere evitar esta imagen, sobre todo en Estados Unidos.

La jueza Patricia Marcela Diaz Cerda concedió la suspensión mediante el expediente 712/2015. La medida fue revelada por José Antonio Rodríguez Calderón, subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República mexicana.

Curiosamente, Washington había pedido la extradición del jefe narco dos semanas y media antes de que se fugara del penal de máxima seguridad de El Alto.

Entonces, la solicitud fue rechazada argumentando un problema con la documentación.

Un capo narco que también cosecha apoyos.

A principios de este año, Jesús Murillo Karam -ex Procurador General- le había dicho a la agencia The Associated Press que Estados Unidos podría tener a Guzmán en 300 o 400 años, después de que pagara sus crímenes en México.

En esa entrevista también planteó que no había posibilidad de fuga.

búsqueda y recompensa

Mientras siguen sin divulgarse pistas sobre su paradero (sólo se supo que se identificaron huellas genéticas de los constructores del túnel), sí se supo que a Guzmán lo busca un grupo de fuerzas de elite de México, Estados Unidos, Colombia, Guatemala y la Oficina Europea de Policía.

El túnel y la moto que se usaron para la fuga.

Este martes se difundió que El Chapo también es buscado por las fuerzas federales en las fronteras argentinas, 

Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para cualquiera que facilite información que lleve a la detención, cantidad que se suma a los 60 millones de pesos (unos 3,8 millones de dólares) del gobierno mexicano.