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Policiales más de 40 mil detenciones

La increíble historia del comisario condenado por "inflar" arrestos

Se trata de Pablo Márquez, quien fue sancionado con tres años de prisión efectiva. Manipulaba las cifras para mejorar las estadísticas de la policía cordobesa. 

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La Cámara Sexta del Crimen de Córdoba condenó a tres años de prisión efectiva al comisario Pablo Márquez, por ordenar detenciones ilegales con la aparente intención de mejorar las estadísticas de la policía provincial.

Además recibió la inhabilitación especial y absoluta por seis años para ejercer cargos públicos, al haberse probado su responsabilidad penal en varios hechos de abuso de autoridad y coacción continuada.

Pablo Márquez fue condenado a tres años de prisión efectiva. 

Las denuncias contra Márquez se conocieron en mayo de 2012, cuando era titular del Comando de Acción Preventiva (CAP) del Distrito Ocho del barrio Panamericano de la ciudad mediterránea. Sin embargo, fue recién en marzo de este año que se confirmó la elevación a juicio contra el comisario, que fue pasado a retiro.

Según el abogado querellante, Carlos Nayi, quien representó a tres policías subordinados que realizaron la denuncia contra Márquez, “42.700 personas fueron injusta e ilegalmente detenidas en 2011 para elevar las estadísticas”.

Márquez ordenaba realizar detenciones ilegales para mejorar las estadísticas.

“Se ha usado el Código de Conducta Policial como un Código de Faltas paralelo, deteniendo a miles de personas inocentes para elevar estadísticas”, explicó.

“Márquez decía que era más que Dios. Lejos de cumplir una función pública, formó parte de una organización delictiva”, concluyó.

En tanto, durante el proceso judicial, los denunciantes y el propio letrado recibieron amenazas de muerte, por lo que tuvieron que tener custodia policial en sus domicilios.

42.700 personas fueron detenidas ilegalmente. 

En el fallo también se ordenó iniciar una investigación contra el ex jefe de Policía y ex ministro de Seguridad de la provincia, Alejo Paredes, al igual que a todos sus subalternos.

“El gobernador debe tomar nota de que la historia ha cambiado, de que hay un límite que debe ser impuesto por la Justicia, que la fuerza policial no es militarizada sino que es una fuerza civil armada que debe resguardar la integridad física, la vida, el honor, la libertad y el patrimonio de las personas”, concluyó el letrado.