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Política el escándalo del correo

Correo Argentino: las 6 claves de la imputación a Mauricio Macri

El fiscal Zoni pidió la imputación forma del Presidente en la causa del Correo Argentino. Los detalles del dictamen.

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Esta tarde, el fiscal Juan Pedro Zoni pidió la imputación formal a "Mauricio Macri –Presidente de la Nación-, Oscar Aguad –Ministro de Comunicaciones de la Nación– y Juan Manuel Mocoroa –Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones de la Nación– por el acuerdo entre el Estado nacional y la empresa, ya quebrada, que estuvo a cargo del ex Correo Argentino, una sociedad que estaba comandada por Franco Macri, padre del presidente.

Macri y Aguad

Estas son las principales claves del dictamen del fiscal: 

1 - Las denuncias:

Zoni hace referencia a la denuncia del 9 de febrero de 2017 interpuesta por Daniel Jaime Igolnikov, "donde el nombrado pusiera de manifiesto que se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa 'Correo Argentino S.A.', en relación a la deuda que la misma tiene con el Estado Nacional".

Además, menciona la denuncia del 10 de febrero de 2017 (causa N° 1.643/17 caratulada “Macri, Mauricio y otro s/ defraudación contra la administración pública”), a partir de una denuncia interpuesta por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, "donde los nombrados se manifestaron de forma similar a la expuesta oportunamente por Daniel Jaime Igolnikov".

Sabbatella y Cerruti, denunciantes.

2 - El concurso: 

La denuncia de Sabbatella y Cerruti describe "una audiencia ante la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el marco del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A., en relación a la deuda que dicha firma mantiene con el Estado Nacional”.

"Surge del Acta que existió una primera propuesta de pago por parte del deudor, la cual fue rechazada por el representante del Estado Nacional “siguiendo las instrucciones del caso”. Sin embargo, el mismo Mocoroa, siguiendo dichas “instrucciones” de sus superiores jerárquicos (el ministro Aguad y el presidente Macri), realiza en el acto una contrapropuesta, que luego de un breve cuarto intermedio fue aceptada por el deudor‟, escribió el fiscal en su dictamen.

3 - El acuerdo: 

Siempre según las denuncias, el acuerdo incluía: 

  • Pago del cien por ciento de la deuda en 15 cuotas anuales empezando desde el año siguiente que cierren el acuerdo (o sea, 2018), donde va creciendo el monto que se paga en cada cuota, más una cuota final donde se acumulen los intereses devengados tomando una tasa de interés del 7 por ciento anual.
  • En concreto, el acuerdo arribado quedaba así: de la cuota 1 a la 4 el 1 por ciento de la deuda; de la 5 a la 9 el 2 por ciento; la 12 y 13 el 15 por ciento; la 14 el 20 por ciento y la 15 el 30 por ciento. Y sumaban una cuota 16 para los intereses. Es decir, en la propuesta que aceptó el gobierno macrista, el 50 por ciento de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033.
  • De ahora a 15 años y 32 años más tarde del momento en que empezó el juicio. Y todo esto, con una quita de 70.163 millones de pesos, que surgen de tomar el plazo y la tasa de interés aceptada por el Estado en lugar de lo que correspondería, que es la tasa de interés activa del Banco Nación. O sea, pagarían tres décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda que debería cobrar el Estado.

"Es decir, que el Gobierno de Mauricio Macri, por decisión del propio presidente y ejecutada por funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, que siguen sus instrucciones como surge del acta de la audiencia, le condonó 70.000 millones de pesos de deuda a la propia familia Macri”.

4 - Ampliación de denuncia: 

El 13 de febrero de 2017 se presentaron nuevamente Sabbatella y Cerruti ampliando la denuncia oportunamente interpuesta. “Luego de que saliera a la luz el acuerdo del Estado Nacional con el Correo Argentino S.A. por la deuda, los funcionarios involucrados salieron a defenderse manifestando que el acuerdo era justo de acuerdo a la ley y que el Estado se había beneficiado con el cobro de 600 millones de pesos que el deudor abonará mayormente dentro de 17 años”.

Según el fiscal, los denunciantes destacaron la divergencia en el criterio adoptado por el Estado Nacional en el acuerdo con los denominados “fondos buitres” y en el criterio adoptado en Correo: "el mismo Gobierno, con cuatro meses de diferencia uno del otro, aceptó como deudor pagar un interés en dólares del 350% en un solo pago al contado y sin riesgo de quiebra; mientras que como acreedor aceptó cobrar una deuda en pesos, con un 100% de interés, a 17 años y cuando tenía la posibilidad legal del rechazo y seguir obstruyendo la aprobación del concurso”. 

5 - El dictamen de Boquín:

Zoni asegura que "Los sucesos expuestos por los denunciantes encuentran correlato con distintos dictámenes de la Dra. Gabriela Boquín, Titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, interpuestos en el marco del Expediente N° 94360/01 caratulado “Correo Argentino S.A. s/ concurso preventivo".

Y sobre ese dictamen señala que "el porcentaje de quita para mejora de la oferta efectuada y aceptada asciende al 98,82% del valor del crédito del Estado Nacional, lo que la convierte nuevamente en una propuesta abusiva, resultando inexistente una “mejora” de oferta que justifique el cambio de posición del Estado que de convalidarse la conformidad, éste resignaría sustancialmente el crédito aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente; resultando equiparable a una condonación de la deuda".

Correo Argentino.

6- Los objetivos de la imputación:

  • Iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal tramitado en el expediente N° 94360/01 caratulado “Correo Argentino s/ Concurso preventivo”, cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios.
  • Verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores –funcionarios públicos o particulares- que intervinieron –de forma directa o indirecta- a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada.
  • Investigar el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio.