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Política "No es una presa ilegal"

Fiscales explicaron que los delitos que cometió Sala "no son excarcelables"

El cuerpo de fiscales del Ministerio Público de Acusación brindó una conferencia de prensa en Jujuy donde detallaron los delitos que se le imputan a Milagro Sala. Además explicaron por qué no es una presa política.

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En una conferencia de prensa que brindaron en Jujuy, el cuerpo de fiscales del Ministerio Público de Acusación se explayó sobre las diversas causas y los delitos allí cometidos por la dirigente social Milagro Sala, y que hacen que aún permanezca detenida.

Los fiscales, que intervienen en los distintas expedientes en los que está involucrada la dirigente de la organización Tupac Amaru, explicaron que Sala será enviada a Juicio Oral, la próxima semana, en la causa que tiene por “amenazas” perpetrada en una comisaría jujeña en 2014.

La fiscal Liliana Fernández Montiel, dio detalles de las diferentes causas contra Sala.

Además explicaron que los delitos por los que está imputada son: instigación a cometer delitos, fraude a la administración pública, asociación Ilícita, extorsión, amenazas y encubrimiento agravado.

En cuanto al inicio de la detención, el 15 de enero, (instigación a cometer delitos y tumulto) aseguraron que la dirigente “arengó para seguir resistiendo al plan de gobierno de regularización de cooperativas, a seguir en la flagrancia del delito” y acotó: “Poco le preocupaban las imputaciones de la Justicia”. El hecho ocurrió cuando la dirigente junto a miles de militantes de su organización iniciaron una serie de protestas en la ciudad capital.

La fiscal Fernández Montiel señaló que están a la espera que un órgano superior controle “lo que nosotros hicimos”. 

La fiscal Fernández Montiel recordó que el juez Gastón Mercau “hizo lugar a la detención y luego le dio la libertad ante el pedido de cese”, y agregó: “Yo recurrí por la magnitud de los hechos y por la calidad del autor”.
 

Además apuntó que “está en la Cámara de Apelaciones la revisión del rechazo al cese de detención y del rechazo a la nulidad de la orden de detención”. “Estamos a la espera que un órgano superior controle lo que nosotros hicimos”, señaló.

“No se trata de una presa ilegal como se pretende plantear”, dijo la fiscal Montiel.

La fiscal dijo que Sala está detenida “por la gravedad de los delitos que se le imputan y por la acumulación de causas, delitos de extorsión y asociación ilícita que encabezaba. No son delitos excarcelables y eso lo prevé el código de procedimiento nuestro”. Y aclaró: “No se trata de una presa ilegal como se pretende plantear”.

La fiscal refirió que en la causa por fraude a la administración pública “hubo denuncias tanto de la Fiscalía de Estado como de cooperativistas” al comprobarse la existencia de “14 convenios que se firmaron entre el titular de la vocalía social del Instituto de Viviendas de Jujuy –IVUJ- (Pablo Tolosa), en ausencia del presidente, en los cuales no se observaron ninguno de los pasos formales que debían realizarse para librarse los pagos”.

Milagro Sala resultó electa en octubre de 2015, parlamentaria del Mercosur.

 “Antes del libramiento de los cheques debían tener la ubicación del lugar, del lote donde se iban a hacer, nada de eso figuraba en los convenios”, aseguró.
 

Por esa razón, se les imputó a cada uno de los cooperativistas involucrados, y al ex vocal Tolosa, en relación a 14 hechos, y en otro expediente está acusado el presidente del IVUJ, Lucio Abregú, en relación al programa Mejor Vivir 2, para el cual “se libró el pago de 3.700.000 pesos, y fue cobrado por tres cooperativas de San Pedro”.

Una de las últimas imagenes de Milagro sala en libertad, en enero de 2015.

En relación al ‘modus operandi’, señaló que “los montos que se cobraban eran retenidos y la suma en efectivo eran trasladadas a calle Alvear (donde tiene su sede la Tupac Amaru) o al domicilio de Milagro Sala, en el barrio Cuyaya”, de esa ciudad.
 

“Siempre mediante coacción o amenaza, los obligaban a endosar los cheques, por ejemplo si era una obra que pagaba un municipio libraba el cheque el municipio a nombre del presidente de cooperativa que supuestamente había hecho la obra, lo cual no era verdad, y luego ese cheque era endosado a favor de estas personas”, aseguró Fernández Montiel.

La fiscal manifestó que “estoy analizando cada uno de los cheques por un total de 29 millones y medio de pesos que libraron en el mes de diciembre, y las actuaciones que hubo con el respaldo de la documentación de los bancos”. 
Añadió que en la causa de fraude, por la que hay otras tres personas con orden de detención, “voy a decidir si concurren los funcionarios en calidad de imputados o en calidad de testigos, porque se ha comprobado que no existen las obras”.