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Política ANTE LA JUSTICIA

Imputados: por qué investigan a CFK y a Mauricio Macri

La ex presidenta enfrenta investigaciones por lavado de dinero y por la causa de "dólar futuro". Además, está implicada por la empresa Los Sauces y el ocultamiento de plazos fijos de Néstor Kirchner. Macri, complicado por los "Panamá Papers".

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Antagónicos por donde se los mire, hoy la ex presidenta Cristina Fernández y el actual mandatario, Mauricio Macri, tienen en común una pesada carga sobre sus espaldas: la imputación ante la Justicia.

A priori, la situación de la ex presidenta aparece como más complicada. Es que a la citación a indagatoria que deberá afrontar el miércoles en el marco de la causa de “dólar futuro” se le suman la imputación por lavado de divisas en la causa “Hotesur” y una nueva causa por lavado a partir de la declaración de Leonardo Fariña ante el juez Casanello.

Los hoteles de Calafate, ejes de la causa "Hotesur". 

En la primera de ellas se analiza si fue la responsable de un perjuicio para el Banco Central generado gracias a operaciones que permitían comprar dólares a precio oficial pactando su venta futura con el BCRA, pero que en el mismo momento en el que se adquirían esas divisas se podían vender en otros mercados por 15 pesos.

Cristina debe declarar el miércoles por el "dólar futuro". 

En cuanto a la causa Hotesur, donde está siendo investigada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Daniel Rafecas, se busca determinar si la cadena hotelera de su familia se usó para blanquear fondos de origen ilegal. En esas maniobras está comprometido también Lázaro Báez.

El juez Rafecas, uno de los que investigan a la ex presidenta. 

Sin embargo, acaso la situación que más preocupa a la ex mandataria es la generada a partir de la detención de Lázaro Báez y la declaración de Fariña, a quien no le tembló el pulso para señalarla como una de las líderes de la “red de lavado del Estado”.

.Leonardo Fariña declaró el viernes y complicó a Cristina. 

la declaración de fariña

Fariña argumentó esas acusaciones basándose en pruebas que se analizarán, y que son de distinta índole. Habría contado que fue el propio Báez el que le relató el modo en que tomaba las decisiones para lavar el dinero que se generaba en operaciones irregulares derivadas de los contratos multimillonarios que conseguía debido a su sociedad comercial con los Kirchner.

Además, volvió a relatar que conoció en persona al ex presidente Néstor Kirchner y hasta describió cómo llegó a estar en las puertas de la Quinta de Olivos mientras dentro sus jefes planeaban nuevas operaciones financieras vinculadas a esta trama en las que él habría tenido participación.

Las finanzas de la familia Kirchner también están siendo investigadas por posibles maniobras irregulares, realizadas en conjunto con los Báez, por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo.

El juez Bonadio la citó a indagatoria el miércoles. 

En esa otra causa, los investigadores quieren saber si la empresa K Los Sauces fue utilizada como pantalla para recibir dinero de dos contratistas de obra pública y beneficiarios de otras concesiones públicas: Lázaro Báez y también el líder del Grupo Indalo, Cristóbal López.

La sociedad con Lázaro Báez, otro dolor de cabeza para la ex mandataria. 

Como si todo esto fuera poco, la ex presidenta también está imputada en una causa por sospechas en el ocultamiento de alrededor de una decena de plazos fijos que tenía su esposo Néstor Kirchner, pero que ella no habría declarado.

Por eso, llama la atención que hasta el viernes no había presentado en ese expediente a su defensor legal. Aunque vale recordar que ella misma se definió alguna vez como una “abogada exitosa”.

Macri

El presidente será investigado por su participación en dos sociedades offshore: Fleg Trading Ltd., radicada en las islas Bahamas, y Kagemusha SA, registrada en Panamá.

El fiscal federal Federico Delgado presentó un requerimiento de instrucción (documento que abre formalmente la causa) y pidió las primeras medidas de prueba para determinar la posible responsabilidad penal de Macri en este caso, iniciado tras las revelaciones de los Panamá Papers.

El fiscal Delgado imputó a Macri por los Panamá Papers. 

Estos documentos revelaron la existencia de la firma Fleg Trading Ltd., de la que Macri fue director y vicepresidente. La sociedad, que nunca fue declarada por él, funcionó hasta fines de 2008, año en que era jefe de gobierno porteño.

Macri anunció en un acto en la Casa Rosada que se presentaría ante la Justicia para obtener una “declaración de certeza” que corrobore que no hubo ninguna “omisión maliciosa” en su declaración jurada de 2007.

El presidente habló en la Casa Rosada y expresó que no tiene "nada que ocultar". 

“Estoy muy tranquilo, he cumplido con la ley, no tengo nada que ocultar”, expresó.

Cuando se reveló la existencia de Fleg Trading, Macri afirmó que no había dado cuenta de ella porque, por ley, no le correspondía.

La explicación de la Casa Rosada fue que la sociedad era del empresario Franco Macri, el padre del Presidente, que sí la declaró, y que Mauricio jamás había tenido participación en el capital ni había percibido fondos por esa firma ni por ninguna otra que no tuviera declarada.

La explicación de la Casa Rosada es que la sociedad era de Franco Macri. 

Su versión de que no debía declarar esta sociedad fue avalada por especialistas en derecho tributario y por las autoridades de la AFIP y la Oficina Anticorrupción, organismos que dependen del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el fiscal Delgado cree que puede haber un delito. “Habrá que determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, afirmó el fiscal.

Delgado intenta determinar si hubo "omisión maliciosa" por parte de Macri. 

Delgado no sólo pidió que se investigara la participación de Macri en Fleg Trading; también, qué intervención tuvo en Kagemusha, otra offshore en la que aparece como vicepresidente, de acuerdo con el registro público de Panamá.

Para el fiscal, la investigación no debe limitarse a determinar si hubo una “omisión maliciosa” en la que Macri haya incurrido con “intención y voluntad”.

Panamá está en el ojo de la tormenta.

“Ése es el primer paso”, dijo Delgado. “El segundo momento de la investigación es más complejo, se vincula con determinar si la «vida social» de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”, agregó.

Delgado hizo mención de las respuestas ya brindadas por el Presidente y su entorno. Dijo que no se le escapaba que “ya hubo aclaraciones públicas sobre ello”, pero afirmó que, “aun así, el trabajo judicial es determinarlo”.

La segunda de las empresas ligadas a Macri, Kagemusha, no aparece en los Panamá Papers. Fue registrada el 11 de mayo de 1981, cuando Macri tenía 22 años.

Franco Macri, al frente de sociedades offshore.

De acuerdo con el registro público panameño, sigue “vigente” y tiene como capital 10.000 dólares. Habría sido una sociedad familiar: Franco Macri figura como presidente; Mauricio Macri, como vicepresidente, y su hermano Gianfranco, como secretario.

Junto con su requerimiento de instrucción, el fiscal pidió además una serie de medidas de prueba. El juez dispuso comenzar con dos declaraciones testimoniales, que están previstas para el lunes próximo.

Citó a Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que accedió a los Panamá Papers como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y a Silvina Martínez, una experta en materia de sociedades que se desempeñó en la Inspección General de Justicia y que integra el equipo de trabajo de la diputada Margarita Stolbizer.

Hugo Alconada Mon participó de la investigación por los Panamá Papers.

En declaraciones públicas, Martínez dijo que Macri no podía desconocer la empresa offshore de Bahamas con la que estaba vinculado.

Las otras medidas de prueba que pidió el fiscal incluyen consultas y pedidos de informes a la AFIP, la Oficina Anticorrupción, la Inspección General de Justicia, la Unidad de Información Financiera y las facultades de Derecho de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella.

En algunos casos, como la AFIP, para hacerse de documentación (las declaraciones juradas de Macri); en otros, para pedirles opinión sobre si al presidente le correspondía o no declarar su vinculación con las sociedades offshore.