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Política Fallo

La Corte declaró inconstitucional la quita de la coparticipación federal

Además, basándose en las demandas de las Provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, obliga al Estado Nacional a devolver lo descontado, un 15% del neto total, desde 2006. Esos fondos iban a financiar a la Anses.

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Antes del brindis de fin de año, la Corte suprema de Justicia se reunió, en la habitual acordada de los martes, para declarar inconstitucional la reducción de un 15% en la Coparticipación Federal para financiar a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y al mismo tiempo se pronunció de la misma forma (por la inconstitucionalidad) en la deducción de los fondos coparticipables con la Provincias, equivalente al 1,9 % de la recaudación neta de los tributos y los recursos aduaneros, cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.

La decisión impactará de lleno en la gestión que deberá asumir el nuevo gobierno, ya que obliga a reponer los fondos reducidos desde 2006. Ambas sentencias fueron publicadas en el  Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

En el pronunciamiento, la Corte le prohibió al Estado Nacional reducir los fondos coparticipables de las provincias y pidió el dictado de un nuevo régimen de coparticipación federal, tal como lo ordena la Constitución.

En el caso se declara la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 que permitía la deducción del 15% de esa masa coparticipable y, al mismo tiempo, dictó inconstitucionalidad de los arts. 1°, inciso a), y 4° del decreto 1.399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, para el segundo caso.

En el caso de ambas resoluciones se realizó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

De esta forma, para el caso de la deducción del 15 % para financiar la Anses, la Corte hizo lugar a las “demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis (“Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ 191/2009(45-S)/CS1 “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”). Con fundamento en esta decisión, la Corte también ordenó al Estado Nacional, con carácter de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a la Provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos (CSJ 786/2013 (49-C)/CS1 Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar)”

En una reunión de la Comisión Judicial para la Lucha contyra el Narcotráfico, la semana que pasó.

También le exige al Estado nacional: “(1) cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días; (2) devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan. A fin de hacer efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma y plazos en que el Estado Nacional reintegrará las sumas debidas a las provincias, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, la determinará el Tribunal. En razón de ello, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a que asuman su rol institucional como coordinadores del sistema federal  de concertación implementado por la reforma constitucional de 1994, y formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el tan demorado sistema de coparticipación federal.ejecución de sentencia”.

El por entonces gobernador santafecino, Hermes Binner, en la Audiencia en la Corte por el reclamo de Coparticipación de esa provincia.

Para el segundo caso, el de la retención del 1,9%, la Corte Suprema explicó que al dictar el decreto, el Poder Ejecutivo había actuado sin autorización del Congreso Nacional para hacerlo y que, de todos modos, la Constitución no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.