Menu Big Bang! News
Política Decisión judicial

Skanska, el regreso: reabren el primer caso de corrupción K

La Cámara de Casación Penal ordenó que se reactive una causa por el presunto pago de sobornos para la ampliación de una red de gasoductos. Sostuvo que puede utilizarse una grabación secuestrada en la empresa Skanska en la que se hablaba del pago de coimas.

Estás viendo esta nota en: Modo Lectura Rápida

Ver nota completa

Fue el primer caso de corrupción del gobierno de Néstor Kirchner y había dado origen a una causa judicial que estaba inactiva hasta ahora, que volverá investigarse por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ese tribunal otorgó validez a una grabación extrajudicial de un diálogo entre ejecutivos de la empresa sueca Skanska, en la causa en que se investiga un multimillonario pago de sobornos para la ampliación de gasoductos, durante el gobierno anterior.

Al revocar una resolución había anulado esa prueba, la Sala IV de la CFCP ordenó imprimir celeridad a la investigación, que ya lleva algo más de una década de trámite.

La causa por supuesto cohecho y fraude contra la administración pública se reactivó en diciembre último, cuando la Corte Suprema de la Nación dispuso que se revise la resolución que anuló una grabación entre dos gerentes de la empresa que hablaban del pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas.

El caso se había iniciado en el fuero penal tributario, que se quedó con la parte de la investigación relacionada con la evasión impositiva, en tanto que por los otros delitos pasó al fuero federal.

La maniobra

En el fuero federal la defensa de uno de los ejecutivos de Skanka, Javier Azcárate, fue grabado en un diálogo con un auditor interno durante el cual habría admitido que se pagaron sobornos para obtener el multimillonario contrato para la ampliación de gasoductos organizados por el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de De Vido.

Según fuentes judiciales en ese diálogo que la defensa de Azcárate impugnó por tratarse de un “engaño” y una grabación “parajudicial” ya que no fue ordenada por un magistrado ni realizada en su presencia, Azcárate habla de facturas falsas y cómo se repartieron las multimillonarias comisiones ilegales.

En primera instancia el planteo de nulidad de esa prueba fue rechazado, pero luego la Sala I de la Cámara Federal revocó ese fallo y negó incorporar esa grabación como elemento del sumario, secuestrada durante un allanamiento a Skanka.

El mismo tribunal, en 2011, dictó los sobreseimientos del ex secretario de Energía, Daniel Cameron, el ex interventor de Enargas, Fulvio Madaro y el ex director de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

Esas medidas no fueron apeladas por el entonces fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, pero sí por el de Investigaciones Administrativas, lo que originó –luego de una primera intervención de la Sala IV de la CFCP la declarara “inadmisible”- la resolución de la Corte que mandó dictar un nuevo fallo.

Hoy, la Sala IV del máximo tribunal penal, con la firma de los camaristas Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Angela Ledesma (ésta lo hizo según su voto), afirmó que es “irrelevante” que la validez de una prueba el que se haya realizado en el marco de un proceso judicial o uno externo.

Fue el primer escándalo de la era K.

“Las grabaciones, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no puede considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles”, sostuvo la Sala IV de la CFCP.

El tribunal negó, además, que la entrevista de la que participó Azcárate esté “viciada” por “la mentira inicial” del registro de la misma sin su conocimiento, porque “no está acreditado” que sus dichos “hayan sido inducidos por el ocultamiento de la grabación”.

Las grabaciones

Agregó que “independientemente de que resultara grabado o no”, Azcárate “carecía de algún tipo de expectativa de confidencialidad de lo que contara” a su interlocutor, el auditor Claudio Corizzo, también involucrado en la causa, y “no estuvo sometido a ninguna presión para expresar lo que manifestó y fue grabado”.

Los camaristas de casación recordaron jurisprudencia según la cual “el riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar” y que “uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro”.

El voto coincidente destacó que “es también un derecho constitucional de las víctimas, y de los no infractores, la reconstrucción de los ilícitos, y es por ello correlativamente deber del Estado, esa tarea de reconstrucción”.

Remarcó, también, que la declaración que se declara válida no fue subrepticia y el hecho de haberla llevado a cabo un particular “de ningún modo empaña su contenido”, que debe ser evaluado por los jueces de la causa.