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En 18 meses hubo dos amenazas de bomba por día en la provincia de Buenos Aires (con un costo millonario)

Se trata de un informe que presentó la Fiscalía de Estado de la provincia sobre la cantidad de causas que se tramitaron en la Justicia. El costo para el Estado por todos los procedimientos fue de cuatro millones de pesos.

La Fiscalía de Estado bonaerense se presentó entre 2018 y este año como particular damnificado en 1051 causas por amenazas de bombas a colegios bonaerenses, de las cuales 84 corresponden a denuncias del departamento judicial La Plata. La estadística da que cada dos días se hace una amenaza de bomba en la provincia de Buenos Aires.

Fuentes judiciales precisaron que cada vez que se recibe una llamada anónima en una escuela, la Dirección General de Cultura y Educación realiza una denuncia y lo notifica a Fiscalía de Estado. En cualquier causa penal en la cual se discute un interés patrimonial de la Provincia, ese organismo de la Constitución se presenta como particular damnificado porque ante cada amenaza de bomba se realizan operativos que ocasionan gastos al Estado.

Por ello, como víctima del perjuicio económico para el erario público, la Fiscalía se presenta como parte en la causa penal, para aportar la prueba que considere pertinente. Una de las causas más resonantes es la del joven L.S. quien realizó diversas amenazas al colegio Normal 1 de La Plata.

El 29 de noviembre pasado, la Fiscalía de Estado se presentó como particular damnificado en esa causa y el 21 de marzo de 2019 presentó ante la Justicia un informe elaborado en base a material aportado por los ministerios de Seguridad y Educación que señalaban que las pérdidas ocasionadas por las falsas amenazas de bomba eran de 58.742 pesos en concepto de operativo policial y de bomberos, mientras que se perdieron 3.900.298 pesos en sueldos docentes y aportes patronales al no poder dictar clases por 30 días.

El 9 de mayo de este mes, la causa se radicó en el Juzgado en lo Correccional N° 5. En el caso en que haya una condena por el delito de intimidación pública, se pasa a la instancia del reclamo civil. Pero si en sede penal se declara que no existió delito, la Fiscalía no puede pedir ese resarcimiento.

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