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Paro y descontrol en la Línea B: "La agresión se enmarca en medio de la crisis de asbesto"

En febrero de 2018 salió a la luz que los vagones comprados en Madrid tenían amianto o asbesto, un mineral cancerígeno que está prohibido en más de 50 países desde hace más de 20 años y en Argentina desde 2001.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) inició este mediodía un paro total de la línea B de subtes a raíz de "la violenta agresión por parte de un personal jerárquico contra un trabajador" en el Taller Rancagua, y denunciaron que la situación se produce en medio del conflicto por "la desabestización" de los vehículos reclamada desde la asociación gremial. "Es un paro en toda la línea a partir de la 12 y en principio no hay una hora de finalización de la medida de fuerza. Se podría extender durante todo el día y ver cómo seguimos mañana. Es lo que estamos discutiendo en una asamblea", señaló el delegado de AGTSyP, Claudio Dellecarbonara.

 

El delegado aseguró que desde la AGTSyP denuncian "la violenta agresión por parte de personal jerárquico contra un trabajador en el taller Rancagua de esta línea". "Frente a nuestro reclamo de desabestización, que ya lleva cinco años, la empresa responde con aprietes, sanciones y agresiones físicas, señalaron los trabajadores de la lineal B en un comunicado difundido esta mañana", sostuvo.

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Y agregó: "La agresión se enmarca en medio de la crisis que hay en el taller por la presencia de asbesto, que impide a los trabajadores realizar tareas sobre determinadas piezas y determinados trenes, dada la prohibición que existe en nuestro país desde el año 2001 de trabajar en contacto con ese material cancerígeno. A pesar de las leyes vigentes, la empresa ejerce todo tipo de presiones sobre los trabajadores del sector para que lleven a cabo las tareas".

 

De acuerdo con Dellecarbonara, los trabajadores del Subte son obligados a trabajar "sin que estén dadas las condiciones para ser realizadas". Los metrodelegados aseguraron en un comunicado difundido en redes sociales que la “medida de autodefensa” fue resuelta por un episodio de violencia en el taller ubicado debajo del parque Los Andes, en el barrio porteño de Chacarita.

Pasadas las 15, los metrodelegados anunciaron que decidieron “suspender la paralización de la línea y retomar el servicio desde las 16 hs. "Exigiamos una cita urgente a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad para solicitar, una vez más, respuesta a nuestras exigencias y hemos conseguido el primer objetivo. En esta audiencia exigiremos respuesta a nuestros reclamos y de no obtener respuestas positivas retomaremos las medidas votadas en nuevas asambleas”, afirmaron.

Recordemos que en 2018 la AGTSyP denunció la presencia de asbesto en trenes e instalaciones de la red de subterráneos y aseguró que desde entonces “67 trabajadores han sido afectados y tres compañeros han fallecido”. En octubre de 2019 y luego de que el ex presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Eduardo de Montmollin, admitiera que los coches de la Línea B que le compró al Metro de Madrid en 2011 contenían asbesto (un material cancerígeno) la Ciudad avanzó con una demanda judicial en la que reclama una indemnización de quince millones de euros. 

 

En ese sentido, se afirmó que “esta verdadera crisis sanitaria por la presencia de material cancerígeno en la red de subterráneos necesita una solución urgente y esta no puede ser la persecución y las agresiones contra los trabajadores que exigimos una respuesta”. “Ya tenemos un saldo de varios compañeros fallecidos por cáncer provocado por asbesto, además de decenas de compañeros con sus pulmones afectados por este mineral prohibido desde principios de siglo y que sin embargo no se ha retirado de la red. Exigimos una respuesta inmediata a nuestro reclamo y responsabilizamos a Emova y a Sbase (Subterráneos de Buenos Aires) de esta situación”, concluye el comunicado del sindicato.

En febrero de 2018 salió a la luz que los vagones vendidos tenían amianto o asbesto, un mineral cancerígeno que está prohibido en más de 50 países desde hace más de 20 años y en Argentina desde 2001. La compra además contó con varias irregularidades en cuando a sus montos y formas de acuerdo a un informe que emitió la Auditoría General de la Ciudad en 2016 en donde criticó al Gobierno por no haber realizado un estudio de costos más serios teniendo en cuenta los gastos de adecuación ya que los coches del Metro de Madrid tenían un sistema diferente al de la Línea B. En total la Ciudad pagó 4,2 millones de euros de acuerdo a lo que informó el Ejecutivo de la capital española.

Emova, la empresa concesionaria de la red de subtes porteños, emitió un comunicado en respuesta a la medida de fuerza decretada por los metrodelegados. Si bien rechazan y repudian cualquier tipo de violencia, las autoridades expresaron su molestia por el paro de la línea B al considerar que “no existe razón para que estas situaciones acaecidas en el ámbito laboral afecten el servicio de subte, y en consecuencia a los usuarios”.

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