15 Marzo de 2017 14:54

Con un clima de tensión en el que se combinan los conflictos sindicales y las protestas callejeras, la Iglesia Católica volvió a alertar hoy sobre la situación social.
La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) concluyó hoy dos días de deliberaciones en Retiro, en los que los obispos compartieron sus preocupaciones por la situación de la educación y el conflicto docente.
Así lo expresó este mediodía el Episcopado a través de un comunicado de prensa, en el que consignó que, presididos por monseñor José María Arancedo, la veintena de obispos que integra la comisión había finalizado su habitual intercambio pastoral, en el que surgieron preocupaciones como la “situación de la educación y el conflicto docente”.
La Iglesia pidió bajar la escalada de violencia verbal.
Si bien los obispos decidieron concluir el encuentro sin la difusión de una declaración, fueron varios los que se manifestaron públicamente sobre el tema docente que, desde el inicio del ciclo lectivo, afecta el normal dictado de clases en distintas provincias y que hoy está signado por la realización de un nuevo paro nacional de 48 horas convocado por Ctera.
El otro tema que surgió en el intercambio entre los obispos fue la preocupación compartida por la situación del narcotráfico y las amenazas que recibieron últimamente sacerdotes y referentes sociales vinculados a la lucha contra esa problemática.
De hecho, en las últimas horas, el obispado de Merlo-Moreno decidió el traslado del sacerdote Eduardo Farrel -hasta ahora párroco del Sagrado Corazón de Moreno- para preservar su integridad física ante las "reiteradas amenazas e intimidaciones" que sufrió desde diciembre pasado, tras haber brindado una misa en homenaje a un militante social asesinado en Moreno.
Jorge Lozano, de la Pastoral Social, consideró el conflicto docente como "de difícil salida".
La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), un organismo perteneciente a la CEA, advirtió que la situación del cura Farrel “no es un caso aislado” y aseguró que, “en otros lugares del país, se viven situaciones similares aunque muchas no se den a conocer por miedo a las consecuencias de la denuncia”.
En la ciudad correntina de Itati, donde ayer fueron detenidos el intendente y el vice junto con el jefe de la policía local por su presunta vinculación con el narcotráfico, la Iglesia venía denunciando hace tiempo las conexiones con la política y el rector de la basílica Gustavo Cadenini también tuvo que irse por los aprietes narco.
En los últimos días, dos referentes importantes hablaron sobre el conflicto docente: el presidente de la comisión de Educación del Episcopado, monseñor Eduardo Martín, había pedido “bajar la escalada de confrontación”, y expresado la preocupación de la Iglesia por la “escalada de la violencia verbal porque aleja toda posibilidad de solución”.
Aguer, el obispo más enfrentado con el reclamo docente.
El titular de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, había señalado el fin de semana que veía al conflicto docente "como de difícil salida" y advertido sobre que estaba en riesgo la paz social.
"Cuando hay injusticia no podemos decir que hay paz, por más que no haya actos de violencia. Que haya gente despojada de los bienes elementales es un acto de violencia. Que haya la mitad de los menores de 14 años viviendo bajo la línea de pobreza es un hecho en sí mismo violento, que genera exclusión y tiene condicionamientos sociales, con falta de igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo y aumento de la actividad del narcotráfico. Es un caldo de cultivo para situaciones vinculadas al crimen organizado", dijo a La Nación.
Más duro, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, había considerado que la razón de fondo del paro docente era “ideológica”, que los dirigentes gremiales “mantienen de rehenes a cuatro millones y medio de niños” y que, frente a eso, “las familias tendrían que manifestarse” y “exigir a los gremialistas” que comiencen las clases.