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Robaron su bebé hace 51 años: fue el comienzo de una red que traficó niños durante la dictadura

La Justicia federal quiere archivar la causa. El papel del médico Bergés.

Corría el año 1969 en la zona de Avellaneda, el partido situado más allá del Riachuelo, entonces una zona de prósperas fábricas y casa de trabajadores de clase media. Leonor Marta Lazzarano y Alberto Landaburo eran una pareja de adolescentes, cuando ella advirtió que estaba embarazada. 

A los ocho meses, la mamá de Leonor la llevó hasta la “Maternidad Wilde”, conocida también como “la clínica de Doña Elena”, por su dueña, la obstétrica Juana Elena Arias de Franicevich.

En esa clínica también tenía un consultorio Jorge Antonio Bergés, quien luego ganaría una tenebrosa fama como médico de la policía bonaerense durante la dictadura militar y que lo llevaría más tarde a ser condenado por delitos de lesa humanidad.

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Cuando llegaron a la “la clínica de Dona Elena” a la Leonor le aplicaron una inyección que le indujo el parto; se llevaron a su bebé y nunca más lo volvió a ver. La única explicación que le dieron fue que había nacido muerto.

“Yo lo vi a mi bebé, estaba vivo ”, dijo Leonor entre lágrimas, cuando declaró como testigo en la causa que se instruye en la justicia federal, sin demasiado interés en saber qué pasó con ese niño.

La pareja de adolescentes se separó después de esa traumática experiencia y después de haber estado mucho tiempo distancias, volvieron a unirse, para buscar juntos a ese bebé, que ellos aseguran, fue apropiado, en lo que sería una suerte de “precuela” del plan sistemático de apropiación de menores que se llevó adelante durante la dictadura. 

Es que diez años después de aquel nacimiento ocurrido en diciembre de 1969, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) detectó ocho nuevos casos en los que actuó la partera Juana Elena Arias de Franicevich.

“Fue gracias a un relevamiento efectuado por la Unidad Especializada sobre actas de nacimiento del año 1979 de las delegaciones del Registro Civil de Wilde y Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el organismo.

A fines de junio, el juez federal Luis Armella ordenó el cierre de las actuaciones sin haber hecho lugar a ninguna de las medidas de prueba solicitadas por el abogado Juan Ignacio Bellocchi, que encabeza la querella de la pareja.

Este martes, hubo una audiencia virtual en la Cámara Federal de La Plata durante la cual el abogado presentó un memorial para sostener que la causa debe seguir en trámite para investigar esa apropiación y de otros casos posibles que también se habrían desarrollado en Avellaneda.

Cuando dispuso el cierre de la causa, el juez Armella sostuvo que “el caso que nos ocupa y el contexto temporal de los hechos aquí investigados es significativamente anterior a la etapa de terrorismo de estado -entre los años 1976-1983- lo que excluye que el mismo encuadre en el marco del plan sistemático de apropiación de niñas y niños durante el terrorismo de estado en Argentina.- A ello cabe agregar que una de las denunciadas, la partera Juana Elena Arias de Franicevich, al día de la fecha estaría fallecida según surge del dictamen fiscal”.

 

Sin embargo, en su apelación el abogado Bellocchio argumentó que “la llamada ―práctica sistemática de apropiación de niños, en cierto momento de la historia de nuestro país, tuvo un salto cualitativo, lo que ocurrió con la última dictadura en marcha, donde existió un perfeccionamiento de tal ―práctica que la transformó en un ―plan sistemático de apropiación de niños. Sin embargo, nada permite negar que al tiempo de los hechos que se investigan en esta causa, no hayan estado activas las mismas redes de apropiación, que son justamente las que aquí denunciamos (y se trataría de las mismas personas, el mismo delito y el mismo modo de operar)”.  

“Ahora bien, si no vemos el delito de fondo, restándole la gravedad al mismo, bajo el entendimiento y/o pretexto de atenernos a un marco temporal, correríamos el riesgo de caer en un absurdo, como lo es considerar que los niños que fueron apropiados por fuera del periodo y aún no fueron localizados, no podrían ser considerados como ―desaparecidos en vida; en consecuencia, los colocaríamos en un estándar inferior de protección, como personas de menor importancia para que la justicia o el Estado invierta sus recursos en buscarlos (aunque sostengamos que fueron víctimas del mismo delito, perpetrado por la misma red de apropiadores, que operaban con idénticos modos de acción)”, agregó el abogado.

La querella sospecha que el hijo de Leonor y Alberto fue anotado en forma fraguada en el Registro de las Personas de Avellaneda, donde se detectaron una decena de casos en los que intervino la misma partera: la señora Elena.

La querella aportó además en la causa los nombres de tres hombres que nacieron en la misma época en que Leonor tuvo su parto y que están dispuestos a declarar como testigos y hasta someterse a estudios de ADN para determinar si son hijos de la pareja. 

 

Porque lo que está en juego en ese expediente “es el derecho a la identidad de las personas que han sido apropiadas y separadas de su familia, cualquiera sea el periodo en que ocurrió”, ya que se trata de un derecho humano fundamental y básico.

Por ese motivo en el expediente se presentó Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandro Incháurregui, para colaborar en la causa, medida que también fue rechazada por el juez Armella.

“Como respuesta a la demanda de la sociedad, hace 20 años que esta Dirección ha abordado la problemática de búsqueda de identidad de origen, consagrada en el artículo 12 de la Constitución Provincial. Sólo entre 2005 y 2015 se recibieron unas 3.000 denuncias. De ellas se esclareció la identidad de origen de 339 ciudadanos o ciudadanas adoptados, 183 apropiados y 307 casos que se habían desvinculado hacía décadas de sus seres queridos”, recordó el organismo.

La querella sostiene que aunque la señora Elena ha fallecido podría declarar en la causa el médico Bergés, que tuvo su consultorio en la misma clínica donde ocurrió el nacimiento, pero el juez no hizo lugar a la medida.

También se pidió la declaración de una joven asistente de la partera, que se llamaría Elsa Fernández.  “Al rato de haber parido, se acerca la partera y me dijo que él bebe había fallecido, y a mí me agarra una crisis nerviosa y gritaba que quería ver el cuerpo igual pero nunca me lo trajeron. Recuerdo que al lado mío había una chica que supuestamente trabajaba ahí de nombre Elsa de unos 20 años y me decía no te lastimes haceme daño a mí pero no a vos”, dijo Leonor en su declaración.

La querella identificó a otros tres médicos que habrían trabajado en la misma clínica o que podrían haber tenido relación con la partera Franicevich, pero el juez Armella tampoco consideró que podrían aportar datos a la investigación cuando, ordenó sin más vueltas el cierre del expediente.

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