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Se reanuda la audiencia del juicio por la obra pública en Santa Cruz: será de manera remota

El debate estaba suspendido desde marzo pasado a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al detenido empresario Lázaro Báez y otros procesados en la causa por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará el próximo 3 de agosto de manera remota y con la declaración de dos testigos.

La decisión fue del Tribunal Oral Federal 2 luego de una prueba técnica hecha ayer con todas las partes que fue de "resultado satisfactorio", según la resolución firmada este viernes y a la que tuvo acceso BigBang.

El debate lleva suspendido desde marzo, a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. El mismo se reanudará el lunes 3 de agosto a las 9.30 por videoconferencia, de acuerdo con lo resuelto.

Además de las partes que participan del debate, como los testigos Marcelo Ramírez y Enrique Romero, el Tribunal habilitó un acceso con límite máximo de 400 intervinientes, para quienes quieran seguirlo como público, con acreditación previa.

Una vez reiniciado el juicio, habrá audiencias remotas los lunes y martes de cada semana. El abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, había pedido la transmisión en directo de las audiencias al aceptar el reinicio remoto, para garantizar el principio de publicidad.

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El 3 de agosto y de manera remota se reinicia el juicio por la obra pública en Santa Cruz by Alejo Paredes on Scribd

En el juicio se debate el supuesto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz hacia empresas del detenido Báez además de presuntos sobreprecios e incumplimientos de contrato. Cristina fue señalada como jefa de una asociación ilícita que favoreció a Báez​ con contratos de obras públicas. Entre los acusados están además el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López, entre otros.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se basaron -al momento de formular la imputación contra Cristina, Báez, De Vido, López, y otros 21 procesados en el expediente- en que  Austral Construcciones, firma insignia de Báez, recibió $ 46.000 millones por la obra pública.

Fue la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) bajo la gestión de Javier Iguacel la responsable de formular la denuncia que se unificó con la realizada en 2008 por Elisa Carrió en contra de Baez y de los ex presidentes, Cristina y Néstor Kirchner.

El documento que adjuntó la DVN fue la auditoría en la que se determinó que Báez recibió el 86% de los contratos viales que se volcaron a la provincia de Santa Cruz. Además, se señaló que pese a recibir pagos con sobreprecios promedio del 65%, la mitad de las obras no se concluyeron.

 

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