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Tiene 12 años, la violaron, pidió que le hicieran un aborto y los médicos "falsificaron" el reporte para evitarlo

La menor fue al médico por primera vez a principios de abril, y recién tres semanas después se comunicó su embarazo. Qué indica la ley de ILE.

Una nena de 12 años, oriunda de la localidad de La Banda, en Santiago del Estero, asistió a principios del abril a la Unidad de Atención Temprana (UPA) N° 3 de Villa Griselda, donde los médicos descubrieron que la menor estaba embarazada producto de una violación.

En lugar de practicarle la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) estipulada para estos casos, los médicos manipularon la información y demoraron el aviso, con el objetivo de alargar la espera para que no se lleve a cabo el aborto.

Según denunció la familia de la joven, el pasado 2 de abril la menor fue a atenderse a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3  de Villa Griselda por los fuertes dolores abdominales que tenía.

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Acompañada de su madre, la nena se dejó revisar y el médico que la atendió la mandó a hacerse una ecografía a otro UPA, porque ahí no tenían el equipamiento necesario. Finalmente el 6 de abril pudo acceder al estudio.

La ecografía demostró que la pequeña estaba embarazada de 20 semanas, por lo que llevaron el resultado al centro médico de Villa Griselda con el objetivo de que le practicaran la ILE.

Sin embargo, no se le brindó asistencia. Según versiones periodísticas en lugar de comunicarle a la menor y a su madre los derechos que tenía, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, demoró 18 días en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo.

Según el medio Página 12, recién el 26 de abril la cartera de Salud provincial tuvo en su poder el informe médico de la chica, en el cual se indicaba que a la niña se le había constatado una gestación de 26 semanas, un dato que no sería cierto.

Según las autoridades provinciales (Santiago no está adherida a los protocolos de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo) cuando se enteraron del episodio y consultaron con la madre sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, ella decidió no aceptar la propuesta para su hija. Decidió hacer cargo de la crianza del bebé.

Por su parte, la ministra de Salud de la Provincia, Natividad Nassif, aseguró que se encuentran investigando el accionar de la profesional que asistió a la nena. A pesar de que Santiago no está adherida al protocolo de interrupción del embarazo, se lo puede aplicar en los casos en los que la mujer lo desee. "Se les ofreció la interrupción del embarazo, pero la mamá de la menor dijo que la nena iba a dar a luz y que ella se haría cargo de la crianza del bebé", expresó Nassif.

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En el documento que reveló Página 12 también se aclaró que la nena alegó estar de novia, aunque luego lo desmintió, por lo que se desconoce la identidad del padre.

Ante la complicada situación de la menor, se la derivó al Centro Integral de La Banda, la segunda maternidad más importante de la provincia, donde descubrieron que el embarazo era de 24 semanas, lo que significaba que aún se podía practicar la ILE.

Las versiones periodísticas aseguran que en este centro de salud tampoco le comunicaron este derecho, y luego de pasar un día internada para hacerse todos los estudios, la menor y su madre regresaron a su casa.

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Pese a sus 12 años, la nena trabaja como cartonera junto a su mamá y vive en una pieza con la pareja de la mujer y dos hermanitos de 8 y 6 años. Allí, como en tantos otros barrios vulnerables, no tienen agua potable ni condiciones dignas para vivir.

La actualización del protocolo para la atención integral de la Interrupción del Embarazo

Para entender el contexto, es importante aclarar que en nuestro país las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en tres casos: si representa un peligro para la vida de la persona gestante;  o si proviene de una violación (se trate o no de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial).

Con este marco jurídico, la última actualización del protocolo realizada por el ministro de Salud de la Nación Ginés González García, luego de asumir el pasado 10 de diciembre, indica que por cualquiera de las razones antes mencionadas, toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo que cursa, según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud.

Por esto mismo, según indica el documento, la persona “no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”.

En este sentido, quienes requieran que se les realice una ILE deben tener una atención ágil e inmediata, y a raíz de eso, el plazo entre la solicitud de la práctica y su realización, no debería ser mayor de 10 días corridos.

Además, la mujer debe firmar un consentimiento informado en el que asegura que recibió el asesoramiento necesario y que tomó la decisión en forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo.

Parto respetado en tiempos de pandemia

En medio de la Semana Mundial del Parto Respetado, son muchas las mujeres que también denuncian que por la pandemia del coronavirus, entre otras cosas, en muchos centros de salud de la Argentina no les permiten entrar acompañadas a la sala de parto.

Incluso, en algunos hospitales tampoco las dejan estar junto a alguien de confianza mientras permanecen internadas, lo que viola totalmente la ley N° 25.929 de parto humanizado.

Ante esta compleja situación que se vive, el Ministerio de Salud de la Nación utilizó sus canales de difusión para dejar bien en claro que el parto respetado, a pesar de la pandemia, es un derecho que debe ser garantizado a todas las mujeres.

Sobre esto, desde la cartera de Salud aclararon que por el contexto que se vive, la persona que acompañe a la embarazada no podrá ser mayor de 60 años ni tampoco menor edad, como así también deberá garantizar que no sufre de ninguna enfermedad preexistente.

A pesar de que hay que tomar ciertos recaudos por el coronavirus, lo que lleva a que ciertos procedimientos se modifiquen, lo cierto es que desde el ministerio aclararon que en lo que respecta al proceso de parto y postparto, la persona gestante tiene derecho a que le expliquen cada acción que se va a realizar, a ser tratada con dignidad y que tanto ella como su acompañante tengan los elementos de protección contra el COVID-19.

‪Para recibir atención, contención e información sobre este tema, se pueden comunicar las 24 hs, todos los días y en todo el país a la línea 144 y al 0800 Salud Responde.

Qué dice la ley de parto humanizado

Desde al año 2004, en la Argentina rige la ley 25.929 (reglamentada recién en el año 2015), la cual garatinza que las mujeres tengan un parto humanizado y que las obras sociales y las entidades de medicina prepaga brinden obligatoriamente todas las prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto.

Entre otras cosas, la norma asegura que toda mujer gestante tiene derecho

  • Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer.
  • A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
  • A ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar.
  • A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales.
  • A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto.
  • A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.

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