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Fallo

La Justicia dictó la quiebra de la petrolera Oil Combustibles de Cristóbal López

La Justicia comercial dispuso la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, del Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, actualmente detenidos en una causa por administración fraudulenta.


La empresa de López y De Sousa definitivamente en "quiebra"

El juez Javier Cosentino firmó dicha resolución tras visitar la planta de la petrolera en la localidad santafesina de San Lorenzo e informar a los trabajadores que dictaría la quiebra de Oil Combustibles pero "con continuidad productiva".
El magistrado dio por fracasado el "proceso de salvataje" de la compañía y destacó el "esfuerzo fáctico y jurídico destinado a evitar semejante desenlace".

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A los trabajadores de Oil se les aseguró la continuidad laboral.

El proceso de salvataje de la empresa fue dispuesto por Cosentino a principios de abril para "permitir la reorganización de la empresa sin liquidación, manteniéndola en actividad en el mercado"-
Pero la posibilidad de quiebra se comenzó a vislumbrar a fines de marzo, cuando los representantes legales de la AFIP rechazaron la posibilidad de otorgar una moratoria a la deuda de $ 8.000 millones derivada de no haber tributado el Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC).

En marzo Oil le debía a la AFIP $ 8.000 millones.

"La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene la firme decisión de impulsar la acción penal contra todos los responsables de una maniobra que ha causado un perjuicio al estado de miles de millones de pesos", ratificó a fines de marzo la AFIP.
El fallo firmado por Cosentino garantiza la "continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo".
Según el secretario legal del sindicato de Petroleros Unidos de la localidad de San Lorenzo, Héctor Brizuela, el magistrado les aseguró que hay "tres firmas interesadas" en hacerse cargo de la compañía, y que estaba "garantizado el pago de los haberes de mayo y eventuales indemnizaciones".
Las empresas tendrán que presentar los planes de producción para la continuidad, y eso podría llevar unos 30 días más a partir de que se dicte la quiebra, explicó el dirigente sindical.

La resolución que dispone la quiebra, extiende el "plazo de intervención por 60 días" y apunta que "los interventores han dado cuenta de las diferentes tratativas" llevadas a cabo con "los interesados en la continuación de la gestión de la empresa".
La intervención de Oil Combustibles se inició el 15 de febrero, cuando Cosentino dispuso la medida ante la "fuerte presunción", luego confirmada, de que la empresa evadió el pago del impuesto ITC de manera fraudulenta.
En aquella oportunidad, el pasivo de la empresa ascendía a "más $ 1.100 millones, deuda gestada durante el último trimestre del año pasado.

En venta

En este nuevo capítulo, Cosentino fijó un período de 72 horas "a partir de la notificación" de la quiebra a fin de que "potenciales inversores privados interesados en la eventual adquisición de la empresa en marcha, presenten sus propuestas, en sobre cerrado y debidamente individualizado para su correcta identificación, o lo hagan de considerarlo pertinente, a los interventores".
Las propuestas deben estar a cargo de "sociedades anónimas" que puedan demostrar su "capacidad técnica", su "solvencia financiera", y presentar una "nómina de accionistas", así como "los últimos tres balances certificados" y un "plan de negocios", entre otros requisitos.
"En cuanto a la cooperativa de trabajo, deberá acreditar conformidad de dicho ente para la eventual inscripción en el Registro de Empresas Petroleras Sección Elaboradas y Comercializadoras", según se indica en el fallo.

López y De Sousa deberá comparecer para explicar la composición de Oll Combustible 

También fija audiencia a la que se deben presentar López y De Sousa para el 17 de septiembre próximo por la mañana, a fin de que den explicaciones para determinar la composición del activo de la firma quebrada.
Se mantiene además la "inhibición general de bienes" sobre la compañía y se dispone la "interdicción de la salida del país" de los administradores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.
Por otra parte, el titular del Juzgado Comercial número 8 decretó la "inhabilitación de los miembros del directorio por el término de un año"; y se prohibieron los "pagos y la entrega de bienes" de la empresa al tiempo que se ordenó el "cierre de cuentas que tenga abiertas" así como la "interceptación de la correspondencia".

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