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La crisis en Ecuador no tiene fin: al menos cinco muertos y 800 detenidos durante las protestas

Las comunidades indígenas advirtieron que su lucha seguirá hasta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se vaya del país.

El conflicto en Ecuador sigue dando que hablar en todas partes del mundo. La Defensoría del Pueblo confirmó que al menos un líder indígena y cuatro personas más murieron durante las protestas –que están siendo encabezadas por comunidades indígenas, sindicatos y movimientos sindicales- en contra del gobierno de Lenín Moreno.

Las protestas se originaron a raíz de los aumentos de los precios de las naftas de mayor consumo, una medida impuesta por el presidente en acuerdo con el FMI. "La primera víctima es un hombre que murió al ser atropellado el domingo en la provincia de Azuay (sur). Las otras cuatro personas murieron en Quito", sostuvo una fuente del organismo de protección de derechos humanos.

Entre las víctimas figura el líder social Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) de Cotopaxi. Según la Defensoría, Tucumbi murió por un trauma craneoencefálico durante las multitudinarias protestas, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad con gran cantidad de gases lacrimógenos.

A pesar de esta información, las autoridades de Ecuador aseguran que solo tienen registradas a dos personas fallecidas en accidentes y no como resultado de los enfrentamientos. Además, anunciaron la detención de al menos 17 personas, en su  mayoría venezolanos.

En este contexto, el gobierno de Ecuador dio por desactivado un intento de "golpe de estado" promovido por opositores vinculados al ex presidente Rafael Correa con apoyo "foráneo", mientras que los movimientos indigenistas, que lideran desde hace 10 días esta revuelta popular, advirtieron que las protestas continuarán hasta lograr que el FMI "se vaya del país".

Pese a que el gobierno del presidente Lenín Moreno aseguró que la normalidad se recupera de a poco en el país, ocho policías, entre ellos una mujer, fueron retenidos por activistas indígenas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en una acción que las autoridades consideran secuestro.

Desde el estallido de la crisis, el pasado 1 de octubre, no solo cinco personas fallecieron en medio de las protestas, sino que también más de 800 fueron detenidas. La fuerza de las protestas movió a Moreno a declarar el estado de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, y a mudar la sede del gobierno a Guayaquil, unos 400 kilómetros al suroeste de Quito.

En una entrevista con la agencia de noticias Europa Press, el canciller ecuatoriano, José Valencia afirmó que fue desactivado un intento de "golpe de estado" en el que involucró a seguidores de Correa que, dijo, actuaron con el apoyo de una "acción foránea". "Eso solo tiene un calificativo: un golpe de estado, una subversión del orden democrático", apuntó.

Valencia fue consultado puntualmente sobre si cree que hay un nexo entre Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "Sí, tenemos muchos indicios de que por ahí apuntan las cosas, de que hay una acción foránea", respondió el funcionario.

Para algunos funcionarios ecuatorianos, el gobierno de Maduro está relacionado con el estallido que comenzó el 1 de este mes, como reacción al aumento de los precios de los combustibles. Pero a pesar del clima de “tranquilidad” que pretendió instalar el gobierno, las comunidades indígenas advirtieron que su lucha seguirá hasta que el FMI "se vaya del país".

Y en esa línea, descartaron la posibilidad de cualquier tipo de diálogo con un gobierno al que tildaron de "asesino". La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) llamó a sus seguidores a "radicalizar" la protesta, con el sostenimiento de los bloqueos en calles y autopistas e incluso con las "tomas de gobernaciones y edificios públicos".

El pronunciamiento se conoció en momentos en que manifestantes indígenas mantenían retenidos a por lo menos ocho policías en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en Quito, y advirtieron que aplicarán sobre ellos la justicia ancestral si las fuerzas del orden atacaban esa sede.

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Las comunidades indígenas advirtieron que su lucha seguirá hasta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se vaya del país.