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Un fallo judicial beneficiaría a Lula, pero una jueza de ejecución le negó el pedido de libertad

Un ministro del Supremo Tribunal Brasileño (STF) ordenó hoy liberar a los condenados en segunda instancia y que todavía tienen algún recurso de apelación disponible, una decisión que podría ayudar a que el ex presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva recupere la libertad. El fallo del juez Marco Aurélio es preliminar hasta que el pleno del STF analice en abril la constitucionalidad de la figura jurídica de sentencia en segunda instancia.


Sin embargo, y pese al carácter preliminar o cautelar, el fallo del juez es de carácter vinculante para todos los jueces del país, aunque no es de aplicación automática. Cada juzgado deberá analizar caso a caso su aplicación, ya que podría ignorarla en caso de que considere que el reo presente riesgo de fuga o de entorpecer las investigaciones.

La defensa del ex presidente intentará conseguir su libertad pero el resultado es incierto.
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Además, la Procuraduría General de Brasil puede recurrir la decisión de Aurélio, publicada en la página de internet del STF, y pedir que se suspenda su aplicación. Aurélio es el relator en el máximo tribunal del proceso que analiza si es constitucional que quienes fueron condenados por un juez y luego recibieron otro fallo desfavorable ante una cámara revisora empiecen a cumplir pena en prisión, aún y cuando todavía puedan recurrir a una apelación.

El juez que llevó adelante el proceso del Lava Jato por el cual fue detenido Lula.

La resolución podría beneficiar al ex presidente Da Silva, quien está detenido en Curitiba desde el 7 de abril, cumpliendo una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero. La sentencia contra Lula fue ratificada en segunda instancia y la defensa del ex mandatario apeló la decisión, la cual está en trámite.

“Acabamos de solicitar la orden de liberación de Lula”, escribió en su cuenta de twitter la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el ex mandatario. La decisión se produce en vísperas de la asunción del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, el próximo 1º de enero. El ex capitán del Ejército basó gran parte de su campaña en la denuncia de Lula y del PT. Hasta la invalidación de su candidatura a inicios de septiembre, el ex presidente de izquierda (2003-2010) era el favorito en las encuestas de opinión

La medida podría beneficiar también a muchos condenados por el mega escándalo Lava Jato, que estalló en 2014 y puso al descubierto una gigantesca red de pago de sobornos por parte de empresas privadas a políticos y autoridades, a cambio de obtener licitaciones de obras públicas en Petrobras. La Fiscal General, Raquel Dodge, afirmó en un comunicado que “el inicio del cumplimiento de la pena tras decisiones de cortes de segunda instancia es compatible” con la Constitución brasileña y contribuye al “fin de la impunidad” y a la “credibilidad de las instituciones”.

Sin embargo, según el periodista Bruno Bimbi, corresponsal de TN en Brasil, "la jueza de ejecución penal (Carolina Moura Lebbos) negó el pedido de libertad de Lula porque la decisión del ministro de la Corte aún no fue publicada en el Diario Oficial, dio vista al Ministerio Público y adelantó posibles argumentos para no acatar la decisión cuando se publique".

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