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Envían a juicio oral a una banda que explotó sexualmente a 74 mujeres en la Ciudad

El grupo explotaba dos prostíbulos en los barrios de Caballito y Flores.

Por Rafael Saralegui

Tenían contactos políticos y protección policial, como en tantos otros casos. La organización integrada por siete personas -de los dos sexos- se dedicó durante una década a la explotación sexual de al menos 74 mujeres que fueron identificadas en forma fehaciente durante los allanamientos realizados en dos locales situados en la ciudad de Buenos Aires en los que se ejercía la prostitución.

El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio de la causa en la que se les imputa a Norberto Gustavo Medina, Jonathan Eugenio Medina, José María Maximiliano Chacón, Gladys Riveros, Claudio Darío Sánchez, Hernán Matías Ponce y Clara Liliana Riveros haber promovido la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación económica de la prostitución ajena, según consignó la página Fiscales.

Los Medina -padre e hijo- eran los responsables, según la fiscalía,  al menos desde el año 2012, de los locales nocturnos conocidos como Lola, ubicado en la avenida Juan Bautista Alberdi 3100, en Caballito y Victoria (antes llamado Lulu), situado en Varela 64, en el barrio de Flores. Se sospecha que además eran los propietarios de otros tres locales dedicados al mismo negocio ilegal en esta ciudad.

Eran parte del mismo grupo otros dos hombres, padre e hijo, que se encuentran prófugos desde marzo de este año. Se trata de “Marcelo Gregorio Uscheroff -conocido también como Marcelo Locatti, ex funcionario del municipio de 3 de febrero y ex presidente de la UCR de esa misma localidad- y su hijo, Julián Mauricio Uscheroff-. Los dos últimos  se encuentran prófugos desde marzo del corriente año. Uscheroff padre, entre febrero de 2016 y el 3 de enero de 2018, se desempeñó como director de Asuntos Institucionales y como representante municipal ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del municipio mencionado”, consignó la página del Ministerio Público.

La causa a cargo de Picardi se inició por una serie de denuncias anónimas recibidas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en marzo de 2017. A ese expediente se sumaron otras causas en trámite y las actuaciones de las inspecciones realizadas en su momento por el Gobierno de la Ciudad.

Según el dictamen, Norberto Gustavo Medina y su hijo Jonathan habrían mantenido un rol preponderante en el manejo y la administración de ambos prostíbulos y sus actividades criminales, y en un segundo estrato, dentro de la misma planificación delictiva, realizaron diversos aportes esenciales, como “encargados/as” de los locales -o como su “cara visible”-, para distintos propósitos: José María Maximiliano Chacón, Hernán Matías Ponce, Gladys Riveros, Claudio Darío Sánchez y Clara Liliana Riveros.

Durante la investigación se estableció que al lado del prostíbulo Victoria, la banda había instalado un albergue transitorio precario en la propiedad continua -sita en Varela 62-, para que la explotación sexual de las víctimas se desarrollara allí mismo. “Las inspecciones producidas demostraron que ambos lugares se comunicaban desde el  interior, y que a la postre esa conexión fue ocultada mediante una construcción de durlock. Además, en dos ocasiones, el 13 y el 19 de diciembre de 2012, se constató que había mujeres encerradas bajo llave en este último lugar, que se encontraban en situación de prostitución”, dice el dictamen.

“En la segunda ocasión, el 19 de diciembre de 2012, funcionarios policiales y de la Dirección General de Fiscalización y Control de la ciudad de Buenos Aires, oyeron el pedido de auxilio de Ana María Pacheco Paredes desde el interior de la finca, y debieron llamar a un cerrajero para liberarla. Entonces, esta última expresó que había concurrido al lugar   la noche anterior, por primera vez a trabajar, y que luego de salir del sanitario de cambiarse e higienizarse, se encontró con que en el local no había más gente y que estaba cerrado desde afuera con cadena y candado”, agrega la acusación.

La mayor parte de las mujeres que declararon dijeron ser clientas que habían concurrido a los locales a “a tomar un trago”, como si hubieran sido aleccionadas previamente por los encargados de los locales. Esto obedece a que nuestro Código Penal no castiga la prostitución en forma personal, sino que persigue a quienes lucran con la venta de sus cuerpos.

Así en la causa se estableció que los responsables de los prostíbulos Lola y Victoria se quedaban con la mitad de lo que pagaba cada cliente: ya fuera una copa o un “pase”, la forma de describir el acto sexual. Las mujeres debían recibir el total del dinero y entregar ese porcentaje a los encargados en un sobre, al finalizar cada noche.

“A su vez, estas eran controladas mediante planillas donde se detallaba su nombre, horarios de entrada y salida, número de habitación del albergue transitorio y precio. Además, las puertas de entrada y salida de los locales nocturnos eran continuamente monitoreadas por personal de seguridad y cámaras.Estas últimas circunstancias, sumadas a las condiciones personales de las víctimas identificadas en los distintos procedimientos, dan cuenta de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban inmersas, y del provecho que sacaron los responsables de esas situaciones”, dice el dictamen.

Al describir a las mujeres explotadas se coinciden en que tenían perfiles similares: migrantes, extranjeras o del interior del país, de bajos recursos, madres y en algunos casos además, único sostén de familia. Por eso se entiende que no quisieran acusar a los explotadores. El dinero obtenido en la prostitución era lo único que podían llevar a sus casas.

El fiscal recordó en el dictamen que se encuentran prófugos Marcelo Gregorio Uscheroff y su hijo, Julián Mauricio Uscheroff, quienes habrían desempeñado roles fundamentales en la administración y manejo de los prostíbulos. El padre fue funcionario de la Municipalidad de Tres de Febrero, a cargo de Diego Valenzuela (Cambiemos) al menos entre febrero de 2016 y el 3 de enero de 2018, cuando el intendente del municipio aceptó su renuncia.

“Como se verá, tanto los nexos políticos propiciados por el cargo público de este último (Marcelo Uscheroff) y sus funciones partidarias en Tres de Febrero, como los arreglos espurios establecidos, presumiblemente con funcionarios policiales de la ex comisaría 38ª de la Policía Federal Argentina, fueron recursos específicamente utilizados por los responsables como parte del plan criminal. Estos locales han funcionado de manera organizada y coordinada, durante alrededor de diez años, con el objeto de promover la trata de personas con fines de explotación sexual y la promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución ajena”, dice la acusación.

Los “arreglos” con personal policial quedaron registrados a partir de escuchas telefónicas y a partir de testimonios incorporados en el expediente. Así entre las evidencias se destaca una conversación de “Jony” (Jonathan Maidana) con un tal “Cachi” “en la cual el primero le dice al segundo que los de la brigada “están viendo el movimiento que hacemos para ver cuánta me piden”. Es decir, que que monitoreaban el funcionamiento del local para ajustar luego la recaudación ilegal.

Según otra escucha consignada en la causa Jonathan se comunicó con una mujer identificada como Paloma y “esta le dijo que estaban los autos de la brigada en la esquina, y aquel le contestó que él tiene arreglos con los de la Brigada”. La brigada, se entiende, es el personal de calle de la comisaría.

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El grupo explotaba dos prostíbulos en los barrios de Caballito y Flores.