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Instituto Próvolo: comenzaron a juzgar a las monjas y ex directivos por abuso sexual

En total hay nueve personas imputadas. El primer juicio por el caso condenó a dos sacerdotes a más de 40 años de prisión.

Las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, junto con la ex apoderada legal del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, Graciela Pascual, y otras seis imputadas, comenzaron a ser juzgadas este martes en el segundo debate oral que investiga los abusos sexuales a niños sordos ocurridos en el establecimiento.

En el proceso que se conoce como Próvolo II, las otras mujeres investigadas son las ex directoras de la entidad, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza, la cocinera Noemí Paz, y la psicóloga Cecilia Raffo.

Comenzó el segundo juicio por abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Mendoza.

Las nueve acusadas se presentaron en la sala N°4 del Fuero Penal Colegiado, en el debate que está a cargo del juez Horacio Cadile; mientras que el resto de los jueces, como así también los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana, más los abogados querellantes, y defensores, participaron en forma virtual por la pandemia del coronavirus.

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Las nueve acusadas estuvieron presentes en la sala.

Como el debate es semipresencial, se utiliza Microsoft Teams, una plataforma unificada de comunicación que combina chat, reuniones de video y almacenamiento de archivos, por lo que más allá de que las imputadas estuvieron presentes en la sala, el resto se conectó a través de Internet.

Para este segundo juicio oral se consiguieron unificar las diferentes causas y la más comprometida de las acusadas es Kumiko, una religiosa de ascendencia japonesa que se encuentra con prisión domiciliaria, y está imputada como partícipe primaria de los abusos cometidos en el Próvolo, precisamente en siete hechos. En uno de ellos está sindicada como autora penalmente responsable de un abuso simple.

La religiosa Kosaka Kumiko es una de las principales acusadas.

Las otras ocho imputadas llegaron al debate en libertad, aunque Graciela Pascual ya estuvo detenida por un lapso mayor a dos años, desde el 24 de agosto de 2017, primero en el penal de Cacheuta, y luego le concedieron la prisión domiciliaria. En octubre de 2019 le fue otorgada la libertad por el retraso en el inicio del juicio oral.

Durante el mes de febrero se realizó la audiencia preliminar donde se leyó la parte formal de las acusaciones y se extrajeron los datos de las imputadas, y como la causa tiene muchas fojas de actuaciones, la misma demandó varias horas, y requirió dos nuevas audiencias.

La monja Asunción Martínez es otra de las imputadas.

Tras la llegada de la cuarentena, se estableció que este martes se de inicio al proceso, aunque por problemas técnicos se pasó a un cuarto intermedio para este miércoles, momento en que se van a discutir todos los planteos previos y nulidades que han preparado los defensores, y recién una vez completados dichos actos procesales, se entrará en el debate propiamente dicho.

El fiscal Gustavo Stroppiana, que llevó adelante la instrucción de la causa, sostuvo en la elevación a juicio de la misma, que más allá de Kumiko, el resto de las mujeres sabían de los delitos que se cometieron y no los denunciaron, ni hicieron nada para evitarlos, y que por eso en distinta medida son responsables del delito de encubrimiento.

Por este mismo caso, la justicia mendocina condenó el 25 de noviembre de 2019 a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.

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