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Lucía: 18 años al abuelastro de la nena de 11 que fue violada y sometida a una cesárea

La Justicia tucumana condenó a 18 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" al hombre que abusó de la nena de 11 años identificada como Lucía.

La Justicia tucumana condenó este viernes finalmente a Eliseo Víctor Amaya, el abuelastro de Lucía, la nena de 11 años que fue abusada por el hombre de 66 años y en febrero del año pasado fue sometida a una cesárea, a pesar de haber solicitado la interrupción legal del embarazo (ILE).

El tribunal, integrado por los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez, encontró responsable al acusado, pareja de la abuela de Lucía, de "abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por el grave daño a la salud de la víctima y por convivencia en concurso real" y lo condenó a la pena de "18 años de prisión accesorias legales y costas procesales".

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Sin embargo, el sentenciado deberá seguir en prisión preventiva en su domicilio hasta tanto quede firme la condena, para ser trasladado inmediatamente al penal de Villa Urquiza. Además, en el fallo se recomienda al Estado provincial brindarle a la víctima una beca para que pueda terminar sus estudios y le provea asistencia socioeconómica, sanitaria y psicológica, de manera gratuita.

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También solicita al Ministerio de Educación y al de Desarrollo Social que concreten un relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes; organicen campañas de educación y concientización, prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y de salud sexual y reproductiva.

La pena de 18 años impuesta por los jueces coincidió con el pedido de la fiscal Estela Velia Giffoniello. A pesar de esto, la querella había solicitado 20 años de prisión para Amaya, la máxima tipificada en los casos de abuso sexual agravado. El abogado querellante, Emilio Guagnini, integrante de Andhes, sostuvo que están "conformes con la sentencia, 18 años de prisión es casi el máximo de pena" para este tipo de delitos, pero aclaró que no es lo que ellos pretendían.

"Se ha llegado a una sentencia relativamente rápida teniendo en cuenta los tiempos de la Justicia, con una prueba muy contundente que fue la muestra de ADN que acreditó la responsabilidad del imputado y él mismo reconoció su responsabilidad del hecho", destacó el abogado.

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Florencia Vallino, también integrante de la querella por Andhes, valoró que "la sentencia incorpora medidas de reparación para la niña", las cuales celebró porque "son necesarias para que pueda acceder a sus derechos".

"También contiene una serie de pedidos ligados específicamente a la violencia sexual hacía las niñas y niños. En este sentido, recomienda al poder Ejecutivo de la provincia que genere un análisis de diagnóstico del estado de la situación para diseñar medidas y erradicar estos abusos".

Por último, Guanini sostuvo que entienden que "el Estado tuvo un rol que no fue el adecuado porque intentó dilatar el pedido de la familia de Lucía, de que a la niña se le practique la interrupción legal de su embarazo (ILE), y es por eso que pedimos esta serie de recomendaciones que se plasmaron en la sentencia".

La causa

El 5 de febrero de 2019, la madre de Lucía (el nombre es ficticio ya que se preserva la identidad de la menor) denunció el abuso que sufrió su hija y pidió la ILE cuando cursaba la semana 16 de gestación. Se presentó en un CPA (Centro de Atención Primaria) el 29 de enero afirmando que la menor tenía "dolor de tripas".

Al constatarse el embarazo, se dispuso su traslado al Eva Perón y la dejaron internada con riesgo provocado por la gestación. Pero tras permanecer internada en el hospital, se le practicó una cesárea, por un fallo de la justicia, y el 8 murió la beba nacida luego de 23 semanas de gestación y con 660 gramos de peso.

Días después, Lucía recibió el alta médica del Hospital del Este, donde permaneció internada desde que se denunció el caso. “El acusado se declaró culpable pero no pidió disculpas por el daño ocasionado”, señalaron en un comunicado las organizaciones de derechos humanos Andhes y Cladem, que acompañaron a la niña y su familia en todo el proceso.

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