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"Todavía tenemos tres días para evaluar": la respuesta de la Ciudad y el enojo del Gobierno nacional

Fernán Quirós plantó la posición del Gobierno porteño en conferencia de prensa. Se descartan por el momento medidas adicionales en la Ciudad, pese a que está facultada para hacerlo.

Se tensa aún más la relación entre la Ciudad y Nación. Después de la reunión de gabinete de urgencia que se convocó anoche en Casa Rosada y de la que el presidente Alberto Fernández participó a través de videollamada -sigue aislado en Olivos-, Fernán Quirós encabezó como todas las mañanas su conferencia de prensa y se refirió a los crecientes rumores que indican un avance en las medidas de restricción en el AMBA de cara al incremento de contagios y a la ya denominada "segunda pandemia".

"Evaluaremos el impacto de estas medidas, en los próximos dos o tres días, primero y en base a ese resultado propondremos si hace falta otras distintas", aseguró el ministro de Salud porteño y ratificó así de forma pública la posición con la que el Gobierno de la Ciudad acuerda por estas horas las medidas a tomar, sobre todo en el AMBA; uno de los distritos más complicados en estos momentos.

Quirós explicó: "En esta enfermedad, se ven de siete a diez días después de los eventos las consecuencias: positivas y negativas. Ahora estamos reportando los casos ocurridos en Semana Santa". En otras palabras, el planteo del Gobierno porteño es que todavía no se puede medir el impacto "positivo" de las restricciones que se incrementaron esta semana y que deben esperar para avanzar con eventuales nuevas medidas "sólo en caso de ser necesario".

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Sólo el lunes, la Capital reportó 3.358 nuevos contagios y hay alarma por la ocupación de camas de terapia intensiva. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada informó, en las últimas horas, que las camas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de los sanatorios privados de la Ciudad de Buenos Aires están ocupadas entre un 95% y 100% para todo tipo de pacientes. "Los sanatorios Mitre, Otamendi, Anchorena, Alemán, Güemes, Santa Isabel, Italiano, Naval y Policlínico Osplad tienen entre 95 y 100% de ocupación total", confirmaron.

La relación entre Nación y Ciudad se tensó, por fuera del cimbronazo que significó la quita de la coparticipación otorgada por decreto por Mauricio Macri, con fuerza en las últimas semanas. Desde el Ejecutivo nacional siguen con preocupación la suba de casos en el AMBA y reciben a diario las quejas de Axel Kicillof, quien tomó medidas adicionales a las dispuestas por Nación y exige cierres más fuertes; al tiempo que denuncia "falta de controles" en territorio porteño para el acatamiento de las últimas medidas.

Los antagónicos criterios sanitarios tornan aún más compleja la situación del presidente, que ya fijó a finales de diciembre por decreto no sólo las medidas que se deben adoptar, sino también los índices a tomar en cuenta. "Es muy importante recordar que el DNU que está vigente propone en su artículo cuatro dos indicadores que ponen en valor y estiman el riesgo epidemiológico. El primer indicador es la razón de los casos: compara los casos de los últimos 15 días con la quincena anterior. Si ese número es mayor de 1.20 significa que están aumentando y es un indicador temprano. El otro es la incidencia de casos por cien mil habitantes en los últimos quince días. Cuando es superior a los 150 por cien mil habitantes, también es un alerta", precisó en más de una oportunidad la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

El "semáforo Covid" complica la posibilidad de la Ciudad de mantener su política aperturista, pero por el momento Larreta posterga cualquier tipo de definición política. La imposibilidad de tomar medidas en conjunto para el AMBA es una alarma. "No hay una división geográfica. La General Paz es un límite fijo. Lo que sucede en la Ciudad, luego se traslada al Conurbano y así llega a toda la provincia; para después hacer lo mismo en el resto del país", sostienen con alarma desde la gobernación bonaerense.

El punto muerto al que se llegó en las negociaciones introdujo otra variable: el costo político. Fernández fue quien en marzo del año pasado asumió en su totalidad el impacto del primer aislamiento que, si bien le trajo en un principio elevadísimos niveles de aceptación, luego sufrió la crítica constante de la oposición, que tomó el lema "la cuarentena más larga del mundo" como una de las principales banderas contra la administración de la pandemia. Es por eso que hay enojo en Casa Rosada -u Olivos- por la posición del jefe de Gobierno porteño y de algunos gobernadores opositores que acompañan las solicitadas "anti cierre" de Juntos por el Cambio.

Fue el propio Santiago Cafiero quien la semana pasada señaló el "doble discurso" que quedó plasmado tras el último comunicado del partido de la oposición. "Llama la atención porque muchos de los que estaban en esa reunión venían conversando conmigo en la coordinación de acciones y estaban también muy preocupados por el aumento de casos, así como por la necesidad de recibir más vacunas. En ese sentido llamó la atención el comunicado, sobre todo por la disparidad. Algunos no tienen responsabilidad de gestión e interpretan que su negocio político es angustiar más a los angustiados. Nosotros tenemos que gestionar, no tenemos tiempo para otra cosa. Ahora tenemos que gestionar la campaña de vacunación más grande de nuestra historia".

Uno de los análisis por estas horas es la especulación del Gobierno porteño de evitar asumir el costo político del avance de medidas que golpean fuerte al núcleo duro de sus votantes, en especial en un año electoral. "Lo ponen a Alberto como el hombre que tiene que tomar las decisiones, cuando el decreto es claro y habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a reforzar aún más las restricciones en caso de que la situación epidemiológica así lo indique", sostuvieron fuentes del Ejecutivo nacional. En efecto, por estas horas, desde Casa Rosada reconocen que pueden haber nuevas medidas, pero todavía aguardan que "el arco político" asuma su rol de gestión y tome las riendas. En otras palabras: que Larreta avance a partir de los indicadores y retome la agenda en conjunto con Kicillof.

Mientras que desde la Ciudad aseguran que todavía tienen "dos o tres días" de margen para analizar los números y analizar el impacto real de las medidas que comenzaron a regir el lunes, lo cierto es que desde Casa Rosada todavía aguardan que Larreta haga uso de la potestad otorgada por decreto y defina las políticas de restricción en conjunto con Kicillof. Pero todo tiene un límite, en especial cuando la ocupación de camas no para de subir. 

Es por eso que una de las respuestas más recurrentes por estos días desde el Gobierno nacional es hasta coloquial: "Se están cagand... en el artículo 17 del DNU". El enojo no es casual. A principios de enero, con la suba de casos producto de las Fiestas y el inicio de la temporada de verano, ya se había dado un escenario similar. Lejos de toda ingenuidad, el presidente estableció por decreto los indicadores epidemiológicos a tener en cuenta y facultó a las autoridades provinciales para "adoptar disposiciones adicionales a las dispuestas en el presente decreto, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por Covid-19 respecto de los departamentos o partidos de riesgo epidemiológico alto o medio, conforme los parámetros del artículo 13 y respecto de los partidos y departamentos de menos de 40 mil habitantes".

¿Qué quiere decir esto? Que tanto el gobernador de la provincia bonaerense, como el jefe de Gobierno porteño tienen la facultad de avanzar de forma unilateral con nuevas restricciones en caso de que los índices epidemiológicos así lo indiquen. Fue precisamente para limitar el "libre albedrío" y unificar lo más posible los criterios a nivel nacional. Y, aunque sólo lo reconocen en "off", evitar los "tires y aflojes" desgastantes que implican las negociaciones con la Ciudad y el "doble discurso" que le espetan a algunos dirigentes que "llevan a la mesa preocupación, pero en los medios dicen que los cierres son limitaciones a las libertades individuales".

Otro de los cuestionamientos hacia la Ciudad tiene que ver con la falta de controles para el acatamiento del último paquete de medidas. "Se comprometieron a mantener cerrados los comercios hasta las diez para evitar la aglomeración en el transporte público y no están cumpliendo. Era una de las medidas principales para poder asegurar lo máximo posible la presencialidad de las clases, una de las banderas que tanto levantan desde el Gobierno porteño", se quejaron desde el Ejecutivo.

Ante el complejo escenario y en caso de que no haya gestión por parte de las autoridades porteñas, Fernández podría avanzar por decreto en caso de que se mantenga la intransigencia en el AMBA. En concreto, el presidente analiza dos modelos: diez días de aislamiento total (modo Fase 1, al que llamarán de otra forma) y que tendrá una fecha precisa de terminación para "dar certezas", mientras que la otra opción es la de limitar la circulación desde las 18 horas y aplicar la cuarentena total durante los fines de semana. El famoso "de casa al trabajo y del trabajo a casa".

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