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Política no judiciable

Rafecas desestimó la denuncia del kirchnerismo contra Macri por las Lebacs

El magistrado consideró que los hechos denunciados se enmarcan son cuestiones políticas no judiciables y son atribuciones legales que confiere la Carta Orgánica del Banco Central. El fallo está en las antípodas del criterio de Bonadío para procesar a CFK.
Rafecas desestimó la denuncia del kirchnerismo contra Macri por las Lebacs

Rafecas desestimó la denuncia del kirchnerismo contra Macri por las Lebacs

El Juez Federal Daniel Rafecas resolvió hoy la desestimación de la denuncia que el mes pasado formularon un grupo de diputados del Frente para la Victoria contra el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el Ministro de Economía Alfonso Prat-Gay y el Presidente Mauricio Macri, relacionados con la política del gobierno para sostener de la cotización del peso frente al dólar mediante la emisión de LEBACS por parte del Banco Central.

Los legisladores de La Cámpora denunciaron esa política y el endeudamiento externo como comportamientos defraudatorios y perjudiciales al Estado Nacional.

Después de que la fiscal del caso, Paloma Ochoa, solicitara una serie de medidas de prueba para reunir documentación sobre el tema, Rafecas entendió que los hechos denunciados no configuran delito alguno y por lo tanto no resulta posible abrir una causa penal.

Prat Gay y Sturzenegger sonríen. Para Rafecas, no se puede juzgar la política económica.

En la resolución de desestimación, el magistrado sostuvo que “…los distintos aspectos de la política económica denunciados por los legisladores y efectivamente adoptadas por los funcionarios del Gobierno se enmarcan dentro de las atribuciones legales que la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina confiere al directorio de esa entidad, en coordinación con las demás medidas de política económica dispuestas a través del Ministerio de Economía de la Nación”.

Los actos cuestionados se circunscriben a una esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos gobierno, quedando enmarcadas tales decisiones a cuestiones políticas no judiciables, pues no le corresponde al Poder Judicial la evaluación de políticas económico-financieras llevadas adelante por los demás poderes del Estado Nacional”, escribió Rafecas.

Y agregó:

“La concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone el acento en la necesidad de impedir el llamado «gobierno de los jueces», o más modernamente, la «judicialización de la política», a efectos de resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de la separación de poderes y de evitar, por lo tanto, que un poder quede a merced de otro, como consecuencia de trasladar la gestión cotidiana de la administración, propia del Poder Ejecutivo, a los tribunales judiciales”.

El magistrado sostiene que hay que impedir la "judicialización de la política".

La denuncia había sido presentada por los diputados kirchneristas Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Carlos Moreno, Diana Conti y Rodolfo Tailhade el 17 de noviembre.

En una jugada por demás curiosa, el objetivo de la presentación del kirchnerismo era obligar a Macri a comparecer ante la Justicia de la misma manera que fue indagada Cristina Kirchner por el juez federal Claudio Bonadío en la causa del dólar futuro.

El kirchnerismo pretendía que Rafecas cite a Macri como Bonadío a CFK.

Pero Rafecas que las decisiones de política económica presentadas en forma de denuncia penal se encuentran amparadas en la legislación vigente que le asigna al BCRA, amplias facultades para regular, a nivel nacional, las fluctuaciones y tensiones –ciertamente inevitables– entre distintos factores de la economía y del mercado de capitales que además, se influyen y afectan mutuamente, tales como el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación”.

Por último, Rafecas consideró que la política económica de una administración forma parte esencial de la gestión global de un gobierno y deberá ser sometido bianualmente a consideración del voto popular, y no escrutado desde una perspectiva penal, pues ello convertiría en imposible la gestión de cualquier administración pública, no sólo en materia económica.

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