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Violación de derechos humanos y enriquecimiento: las causas que complican a Milani

Está procesado por la compra de una mansión en San Isidro, además fue indagado por la desaparición de un soldado. El juez le negó la excarcelación.

El teniente general retirado César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, detenido hoy en La Rioja, acusado de privación ilegal de la libertad y torturas a dos personas durante la dictadura militar en 1977, tiene un panorama judicial complicado porque está acusado en otras causas en trámite por delitos tan graves como secuestros durante la dictadura y enriquecimiento ilícito en su jefatura del Ejército.

El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la prisión preventiva de Milani y le negó la excarcelación tras declarar en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 cuando era un joven oficial que estaba destinado en el Batallón 141 de Ingenieros de La Rioja. También fue procesado como cómplice del secuestro de una mujer.

En marzo de 1977, Olivera fue secuestrado en su casa y permaneció desaparecido durante dos días, en los que dijo haber sido torturado. Luego lo liberaron en la puerta de su casa y se llevaron a su hijo, Ramón Olivera, quien corrió la misma suerte durante diez días.

Milani está acusado por la desaparición de un soldado en 1976.

Milani también está acusado en esa causa por el secuestro y las torturas de Verónica Ligia Matta, una mujer que logró reconocerlo cuando estaba detenida en forma ilegal en una noche de julio de 1976. Durante la tortura aplicafa a uno de sus compañeros de detención, reconoció a Milani gracias a que pudo observar por debajo de la venda con la que le habían cubierto los ojos.

La víctima lo identificó muchos años después, cuando el nombre de Milani se hizo público, y se acercó a denunciarlo en 2014 en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, informó el sitio Fiscales.

En otra causa que se tramite en Tucumán, Milani está acusado por el encubrimiento de la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en 1976, cuando el ex jefe del Ejército tenía grado de subteniente. En ese expediente se presentó esta semana, aunque se negó a declarar.

Para el juez Milani no pudo justificar la compra de esta mansión.

El militar está acusado por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del conscripto Ledo y de la falsedad ideológica del legajo que abrió el Ejército, instancia administrativa en la que se desempeñó como oficial instructor, ya que se consignó que el soldado había desertado.

Cuando fue visto por última vez en junio de 1976, Ledo cumplía el servicio militar en el Batallón 141 de La Rioja y se encontraba en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán, en la construcción de una escuela de la que participaban soldados. Milani concluyó en el legajo de deserción que Ledo había fugado del campamento del Ejército en esa zona.

El delito de falsedad ideológica también fue imputado al entonces jefe de una de las compañías del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja, Esteban Sanguinetti, que en 2013 fue procesado como partícipe de la privación ilegal de la libertad de Ledo y del homicidio calificado. Sanguinetti era el oficial bajo cuyo cargo estaba el conscripto desaparecido.

Milani fue jefe del Ejército durante el kirchnerismo.

El ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo también está procesado en una causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien lo procesó por enriquecimiento ilícito por la compra de una mansión en el barrio de La Horqueta, una de las zonas más caras del partido de San Isidro, en el Norte del Gran Buenos Aires.

En diciembre último Rafecas procesó a Milani sin prisión preventiva por enriquecimiento ilícito y dictó un embargo 5 millones de pesos. Rafecas consideró probado que Milani no logró justificar "al menos en parte", el origen del dinero con el que compró su casa, escriturada en junio del 2010 por 1,5 millones de pesos.

En un fallo de 500 carillas, el magistrado también procesó como partícipe necesario de la maniobra al capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, a quien le trabó un embargo por 2 millones de pesos, ya que había declarado que le prestó dinero a Milani para la compra.

Se trata de un amigo de Milani que cumple prisión domiciliaria en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, y que se encuentra a la espera del inicio de un juicio oral en su contra en la Justicia Federal de La Plata.

De acuerdo con la declaración de Milani, su amigo le habría entregado ese dinero "en un bolso chiquito" durante un brindis que se llevó a cabo en el Edificio Libertador en diciembre del 2009 y al menos otras seis personas habrían presenciado esa entrega.

Según la resolución de Rafecas, para justificar el origen de parte del monto, Milani habría fraguado un "contrato de mutuo", que fue presentado ante la Oficina Anticorrupción. El juez se basó en informes de los peritos contadores de la Corte Suprema, quienes descartaron ese documento como evidencia.

"El préstamo en dinero por los 200.000 dólares alegado por Milani debe reputárselo como inexistente y, en su intento de justificar las sumas señaladas, Milani se valió de la intervención de una persona de su máxima confianza, compañero de armas y amigo, Eduardo Barreiro, para así pretender simular, a través de la tardía confección de un instrumento privado –contrato de mutuo- un préstamo en dinero que reflejara ex post la cantidad que Milani necesitaba para justificar la compra de la casa", indicó el magistrado.

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