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A 20 años del día que Cavallo anunció el "Corralito": el inicio del estallido y los 39 muertos

Se cumplen dos décadas de uno de los diciembres más violentos y difíciles de la historia del país.

El sábado primero de diciembre del 2001, los argentinos sintonizaron con desesperación la intempestiva conferencia de prensa que el por entonces ministro de Economía del Gobierno de Fernando De la Rúa, Domingo Cavallo, brindó pasadas las nueve de la noche desde la residencia de Olivos. Fue el anuncio del corralito financiero que se quedó con los ahorros de miles de argentinos y el inicio del derrumbe del gobierno de La Alianza.

"Como se había producido por miedos, muchas veces justificados, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón como se dice popularmente, hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Sólo se podrá hacer, durante este período de noventa días, por cifras de $250 semanales: el equivalente a $1.000 mensuales. Eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que la gente tiene que hacer inexorablemente en dinero", sostuvo Cavallo.

Por ese entonces, el riesgo país acababa de romper la barrera de los 3300 puntos y la city porteña ardía con versiones de movidas cambiarias, muchas de ellas alentadas por el propio sistema financiero que fue el único beneficiario de la medida dispuesta por Cavallo. 

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Los cálculos oficiales sostienen que, en ese momento, los depósitos en dólares eran de 16.000 millones (en cajas de ahorro) y otros 42.000 millones en plazos fijos. La única forma de hacerse del dinero propio, por fuera del reducido retiro a cuenta gotas establecido por Cavallo, era a través de operaciones que no implicaran giros al exterior. Además, los plazos fijos se mantuvieron congelados, impidiendo a los ahorristas realizar cualquier tipo de retiro: una vez llegado el vencimiento, el dinero volvía a las cuentas. 

Si bien el anuncio fue el sábado, la medida comenzó a regir el lunes tres de diciembre, a través de la publicación del DNU 1570 en el Boletín Oficial. Se trato del puntapié para abandonar el modelo de la convertibilidad y del inicio de semanas muy calientes, que culminaron con los sucesos del 19 y 20 de diciembre en el que murieron más de 30 manifestantes.

Inmerso en una de las mayores crisis económicas y políticas, De la Rúa no había podido construir consensos con el peronismo, a pesar de que un grupo de senadores y diputados radicales lo había intentado hasta unos pocos minutos de que escribiera de su puño y letra su renuncia y le ordenara a su secretario Legal y Técnico, Virgilio Loiácono, que la llevara al Congreso de la Nación.

Aunque el disparador final de su Gobierno había sido el “corralito”, la confiscación de los depósitos bancarios que provocó miles de manifestaciones, cacerolazos y protestas en todo el país, la presidencia de De la Rúa había quedado manchada un año antes, tras la renuncia de su vice, Carlos “Chacho” Álvarez, en medio del escándalo por coimas en el Senado. La durísima reforma laboral impulsada por su Gobierno pasó a la historia como "Ley Banelco", desde que el sindicalista Hugo Moyano denunció que algunos senadores estaban siendo comprados con "La Banelco del Gobierno". La tarde en que renunció Álvarez, el entonces presidente utilizó la cadena nacional para dar un mensaje que, visto en retrospectiva, suena hasta irónico: “Aquí no hay crisis”.

El estallido provocado por el corralito anunciado por el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, generó una ola de reclamos en las calles, en un país con una altísima pobreza. Hubo saqueos y una durísima represión contra los manifestantes en manos de la Policía Federal. Sólo el 20 de diciembre de 2001 hubo nueve muertes y más de 200 heridos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. La cifra se extendería a 39.

Al grito de “que se vayan todos”, las manifestaciones fueron cada vez más masivas, no sólo en el centro de la Capital Federal, sino también en todos los barrios y ciudades del país. El 19 de diciembre el presidente dicté el Estado de Sitio y consiguió el efecto contrario al deseado: miles de personas se lanzaron a las calles.

De la Rúa escribió su renuncia a mano, instantes después de una breve reunión con funcionarios de su Gobierno y dirigentes radicales, un par de minutos después de las 18:30. El mandatario había estado con su canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini; el secretario General de la Presidencia, Nicolás Gallo; el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena; su ministro de Justicia y hermano, Jorge De la Rúa, y el secretario de Turismo y actual ministro de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi.

Aquel texto fue breve y estaba dirigido al entonces presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, quien luego se convirtió en uno de los cinco presidentes de aquellos agitados días de diciembre. “Me dirijo a Ud. Para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y la continuidad institucional de la República. Pido por eso al H. Congreso que tenga a bien aceptarla. Lo saludo con mi más alta consideración y estima, y pido a Dios por la ventura de mi Patria”.

Una hora después, el presidente abandonaba el Gobierno, en medio de la marea de muertes y de crisis política, social y económica. Su plan original era salir como lo había hecho el día anterior de la Casa Rosada. Sin embargo, la ola de protestas en la Plaza de Mayo modificó sus planes y dejó una de las imágenes más recordadas en la historia política del país: el presidente huyendo a bordo de un helicóptero hacia la Quinta Presidencial, en un viaje de apenas cuatro minutos y medio.

De la Rúa fue absuelto por la Justicia federal que lo investigaba por los presuntos pagos de sobornos en el Senado para tratar la reforma laboral en el 2000. En 2013, los jueces entendieron que no estaba probado el presunto pago de $5 millones para la sanción de la ley, a pesar del testimonio del arrepentido Mario Pontaquarto, también absuelto.

En 2016, ocho ex policías fueron condenados a prisión por la muerte de cinco manifestantes en la Plaza de Mayo. Otros seis fueron absueltos y dos sobreseídos. El ex presidente había sido excluido de ese juicio, debido a que la Cámara Federal entendió que había actuado de manera legítima y constitucional al declarar al Estado de sitio el 19 de diciembre.

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