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"Al calabozo no volvemos nunca más": la ley de cupo laboral trans, su implementación y la agenda de ampliación de derechos

Entrevista con Elizabeth Gómez Alcorta y Alba Rueda, luego de la promulgación de la ley.

La excesiva sobriedad que acompaña a cada acto oficial chocó de frente hoy con un paredón ya ineludible para todo el arco político gracias a la lucha de uno de los colectivos más invisibilizados y postergados de la sociedad: la comunidad travesti trans. Entre lapiceras, decretos y discursos, un grupo de gargantas poderosísimas se unió en una fuerte consigna que invadió con fuerza cada rincón del Museo del Bicentenario y bajó al plano de lo real la implicancia de la promulgación de la Ley de Cupo Laboral Trans que encabezó esta mañana el presidente Alberto Fernández. "Lo dijo Lohana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más", se coreó con fuerza.

Los nombres, ajenos todavía para gran parte de la sociedad, son los de Lohana Berkins y Diana Sacayán. Ambas activistas, ambas referentes, ambas militantes. La primera, impulsora de la ley de respeto a la identidad (aprobada por la Legislatura porteña en el 2009), fundadora de la primera escuela cooperativa para travestis y uno de los rostros más visibles de la militancia que acompañó la sanción de la Ley de Identidad de Género allá por el 2012. Estuvo al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual y falleció en febrero del 2016 a los 50 años, nueve por encima de la estimación de vida que el colectivo tiene en la Argentina.

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Sacayán, por su parte, fue una de las militantes más respetadas por el colectivo y la sociedad en general, salvo por el ex ministro Nicolás Dujovne, quien en 2012 publicó en su cuenta de Twitter: "Hay un trava en 678 que se llama Sacayan. No se me ocurre el chiste, pero es un poco gracioso. Que no nos secuestren los chistes fáciles”. Cinco años más tarde, ese hombre juraba como ministro de Hacienda en la misma Casa Rosada en la que hoy se volvió a escuchar el apellido de Diana, pero esta vez de la garganta de sus compañeras; las mismas que la acompañaron en su lucha por el acceso al trabajo y a la economía social de las personas travestis y trans.

Pero Diana no pudo celebrar la promulgación de la ley. Fue asesinada el 11 de octubre del 2015 (sólo tres después de que el ex funcionario de Mauricio Macri fogueara el odio hacia el colectivo) por Gabriel David Marino, condenado en junio del 2018 a cadena perpetua en un fallo histórico: fue la primera vez que la Justicia argentina incluyó la figura de travesticidio, pese a que en octubre del año pasado la Cámara de Casación desdibujó la figura (volviendo a invisibilizar los crímenes de odio) y mantuvo sólo el agravante de la violencia de género. Otra batalla judicial que sigue en pie y pendiente.

La relevancia de la promulgación de la ley no es menor y responde a la fuerza con la que el colectivo militó y milita desde hace años por la adquisición de sus derechos, hasta ahora negados o vulnerados por parte del Estado y gran parte de la sociedad. Tras el acto, Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad) y Alba Rueda (subsecretaria de Políticas de Diversidad) brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron el alcance de la conquista y abordaron los pendientes de la agenda de ampliación de derechos.

-¿Qué tiempos prevén para que esas 4300 personas inscriptas en el registro tengan una oportunidad laboral?

Gómez Alcorta: Hay un trabajo de planificación que todavía no está presentado por la unidad de coordinación que crea el propio decreto, pero hay que decir que para dos de los tres poderes que tiene el Estado a partir de mañana entra en vigencia la ley. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy grande y los números lo demuestran: el diagnóstico inicial eran treinta personas y el total hoy supera los 220. En esta próxima semana vamos a poner a disposición esos mismos perfiles a los otros dos poderes del Estado. Es importante aclarar que no es obligatorio el ingreso vía el registro. Más allá de esas cuatro mil personas travestis y trans pueden incorporarse los otros poderes o incluso otras personas. Lo que permite el registro es incorporar transparencia en esas incorporaciones y además hay un índice que apunta a trabajar con quienes tienen mayores niveles de vulnerabilidad. No hay un plazo para que los tres poderes incorporen, pero venimos a un ritmo que, por lo menos desde el Poder Ejecutivo, estamos muy orgullosas.

Rueda: Lo importante de contar con esta ley es esta transversalidad y vocación políticas que involucra a otros poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial. Además, habla de la federalidad en el acceso a este derecho. Ambos son aspectos fundamentales. Quisiera destacar además que nuestra ley de cupo es una ley profundamente integral: habla también del acceso a la terminalidad educativa, a la formación en el empleo; pero también a la incorporación a los puestos de trabajo y a la permanencia. Con lo cual, tenemos horizontes muy grandes para desarrollar y una enorme responsabilidad de la cual somos conscientes. Trabajamos todos los días con mucha alegría para que cada día se sume une compañere más. Creemos que esta herramienta va a ser fundamental para el desarrollo, para romper con la mortandad temprana y, por supuesto, para el acceso integral a los derechos.

-Ministra, usted habla de reconocer y reparar; una consigna histórica que el movimiento travesti trans ha levantado para pedir una reparación histórica patrimonial para las compañeras mayores de edad. ¿Hay algún plazo para trabajar en ese proyecto?

Gómez Alcorta: hay múltiples formas de reparar. Reconocemos y trabajamos con las demandas históricas y las más nuevas del colectivo. Sabemos que la reparación tiene que ser integral, no decimos que esta (por la ley) es la única herramienta de reparación. Junto con las diputadas que vienen trabajando hace mucho tiempo hay muchos otros proyectos para los que pensamos seguir trabajando. No tenemos plazos, decirlo sería una irresponsabilidad. Esto es la posibilidad de un acceso a un trabajo formal, que es voluntario; no es obligatorio y no solamente buscamos, como lo dijo el presidente, la incorporación en el empleo público, sino también, como la ley lo prevé, vamos a establecer beneficios fiscales para que el empleo privado también pueda hacerse eco.

-Otra consigna histórica del movimiento es: "Al calabozo no volvemos nunca más". ¿Qué pasa con las compañeras que eligen el trabajo sexual y no quieren ingresar dentro de las vías del empleo formal?

Rueda: La pregunta refiere en parte a la violencia institucional, por eso me gustaría destacar que este año sacamos un documento en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos que habla acerca de los lineamientos sobre los códigos contravencionales. Históricamente fueron códigos que criminalizaron a todas las personas que mantuvieron prácticas sexuales por dinero, en ese sentido ya tuvimos algunas articulaciones muy importantes. En la provincia de Chaco, hace menos de un mes, ya se derogó el artículo 73 que criminalizaba la prostitución. Para nosotras, por supuesto, este es el fundamento de un trabajo transversal, que tiene que ver con nuestro compromiso con los derechos humanos y en contra de la violencia institucional en todo nuestro país. 

-¿Cómo se va a controlar el cumplimiento de estos cupos?

Gómez Alcorta: Para el Ejecutivo hay una comisión interministerial que ya está funcionando. Como dije anteriormente, partió del diagnóstico que hizo la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que está haciendo el seguimiento de las incorporaciones. Hay que decir además que el decreto, que fue previo a la ley, establece la obligatoriedad de la presentación de un informe anual. Esa va a ser una de las herramientas de control. Además, el reporte mostrará cómo fue la variación en la incorporación en el empleo público, también en el Legislativo y en el Judicial.

-¿Cómo es la inscripción?

Rueda: A esta ley todavía hay que reglamentarla. Allí se van a detallar estos aspectos que hacen al funcionamiento de la coordinación interministerial. En esta oportunidad, participan además el INADI, el Ministerio de Educación y el de Trabajo. Seguramente a través de ese plan de trabajo coordinado se va a hacer el seguimiento para la ley de cupo trans. Tenemos una excelente experiencia que empieza con el decreto 721 de septiembre del 2020, que a menos de un año pudimos llevar adelante con datos que son muy contundentes. El decreto puso en funcionamiento a partir del 27 de enero de este año todas las herramientas administrativas, incluyendo el registro. Más de 4300 personas trans hoy son parte de ese registro y en estos cinco meses más de 200 personas ingresaron al Ejecutivo nacional. La ley amplía esa base al Legislativo y Judicial. El registro tiene dos características muy importantes: por un lado, es la transparencia y, por el otro, hace ponderación a las situaciones de vulnerabilidad que nos atraviesan. Creemos que es una política pública poderosa para que la ley, que tiene su espíritu en combatir la desigualdad estructural, se cumpla a partir de las políticas públicas.

-Teniendo en cuenta la resistencia del Poder Judicial a este tipo de iniciativas, ¿cómo se preparan para que la ley se cumpla?

Gómez Alcorta: Es una ley nacional que cada poder tiene que asegurar su cumplimiento. Las leyes son iguales para todos y para todas, más allá de las resistencias. Lo cierto es que a partir de mañana empieza a correr la vigencia de la norma para los tres poderes del Estado. Quiero destacar, por ejemplo, que el Poder Judicial de Chubut y el de Tucumán ya tienen incorporado el cupo laboral trans. Hay varios poderes judiciales provinciales, como en Mendoza o incluso la provincia de Buenos Aires, que ya han comenzado a trabajar. A pesar de que uno puede sostener a priori que puede haber resistencias, cuando uno ve a nivel provincial hay avances importantes. De hecho, en Tucumán no es a través de un registro, sino de un concurso, porque es un ingreso democrático. Todos los poderes tendemos que dar cuenta respecto del cumplimiento o no de la ley.

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