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Caamaño denunció a Macri, Arribas y Majdalani por compras ilegales en la AFI por más de $33 millones

La denuncia recayó en el juzgado federal N° 1. Apunta a contrataciones irregulares de software y bases de datos por más de 33 millones de pesos y casi un millón y medio de dólares. 

Por tercera vez en menos de un mes, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció al ex presidente Mauricio Macri y los ex directores del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público por la contratación irregular de dos software y la compra de la licencia para operar una base de datos, lo que habría provocado un perjuicio al Estado por 33 millones de pesos y casi un millón y medio de dólares.

La causa recayó en el Juzgado Federal N° 1, cargo de María Servini, y apunta a la responsabilidad de Macri, Arribas y Majdalani, a quienes la interventora pidió que se llame a declaración indagatoria. La denuncia señala que las maniobras presuntamente fraudulentas ocasionaron al Estado un perjuicio de $33.309.880 y U$S 1.430.000. 

De acuerdo a la denuncia, a la que tuvo acceso BigBang, en octubre de 2017 la AFI adquirió servidores, equipamiento y software para implementar el sistema “OpenMind”, una herramienta informática utilizada para recolectar datos y hacer análisis en base a fuentes abiertas de Internet que fue utilizada para la cumbre de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a fines de 2017.

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“La AFI emitió una orden de compra el 13 de octubre por un millón de dólares, luego otra por 127 mil dólares en concepto de renovación anual, sin solicitar jamás un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación ni justificar el pago en moneda extranjera”, dice la presentación judicial.

Lo llamativo es que según precisa la denuncia impulsada por Caamaño, los servidores, equipos y el software fueron recibidos en febrero de 2018, dos meses después de la cumbre. Para la interventora de la AFI, ese dato evidencia la “ineficacia” de las autoridades del organismo durante la gestión de Macri.

Cabe recordar que la cumbre de la OMC desarrollada en la Argentina a fines de 2017 fue motivo de otra denuncia reciente de Caamaño, que apunta posibles maniobras de espionaje ilegales realizadas a periodistas y fotógrafos acreditados para la cobertura de esa conferencia y de la cumbre del G20, realizada un año más tarde, también con sede en Buenos Aires.

Por otra parte, Caamaño también denunció irregularidades en la contratación de un software de gestión de expedientes jurídicos, comprado en diciembre de 2016, a través de un sistema de contratación directa. La empresa proveedora fue One Finger SA, que cobró $3.180.485, lo que para las autoridades de la AFI es un 36 por ciento más que la propuesta de otro oferente, que fue desestimada por presentar un “precio elevado”.

Lo más llamativo, confiaron fuentes de la AFI, es que ese software no se encuentra totalmente instalado y si se quisiera utilizar no podrían hacerlo.

La denuncia también apunta a la compra directa de licencias de bases de datos Oracle a la firma Preteco SA por $30.129.395: en este caso, Caamaño indicó que no se acreditó la exclusividad del servicio y se descartaron otras tecnologías y empresas, pero además señaló que se llevó a cabo con el argumento de que era una compra de “necesidad y urgencia” que no fue argumentada. En la denuncia, la interventora de la AFI – que se encamina a ser la directora – sostuvo que en la actualidad sólo se utiliza una parte del sistema y precisó que existen en el mercado otros software con licencia gratuita que son más eficientes.

Se trata de la tercera denuncia en menos de un mes que presenta Caamaño contra el ex presidente y los ex directores de la AFI: el 12 de agosto hizo una presentación por la contratación irregular de empresas que hicieron obras dentro de la sede de la central de espionaje y a las que se les pagó 10 millones de pesos y 116 mil dólares; y el 26 de agosto hizo una presentación por contrataciones irregulares de hoteles, arreglos florales y hasta una capacitación con detectores de mentira que superaron los $3 millones y los U$S 660 mil.

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