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Cómo será la cumbre del Grupo de Puebla en la que estarán Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El coordinador Marcos Enríquez Ominami afirmó: “Será un encuentro de reflexión pero también de acción”.

En la mañana del jueves, el Grupo de Puebla integrado por mandatarios de 16 países de la región, más algunos europeos, expresó públicamente su respaldo a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. En ese punto, publicaron un comunicado en el que afirmaron que la condena pretende “proscribir” su liderazgo y “robar la democracia”.

 

Y continuaron que el eje del encuentra estará vinculado al “vergonzoso ataque político vestido de fallo judicial” la ex presidenta. Por ello, el coordinador del Grupo de Puebla, el chileno Marcos Enríquez Ominami, que estará a cargo de la organización del encuentro que tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) afirmó: “Ha habido mucho impacto por esta condena en la que es evidente que no se ha cumplido el principio básico de objetividad de los fiscales y de los jueces”.

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El nombre de la reunión será “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”. Y agregó: “Se va a expresar el apoyo a Cristina. Y quedará en claro la demanda de terminar con el evidente sesgo judicial contra la vicepresidenta. Será un encuentro de reflexión pero también de acción”.

 

Por otra parte, siguió: “Este problema de guerra jurídica, de manipulación del sistema judicial, tiene dos vertientes: proscribir líderes políticos y el robo de la democracia. Te roban la democracia. Te quitan una opción cuando te tratan de proscribir. Es un mecanismo que funciona con un solo objetivo: no buscar la verdad ni buscar la justicia, sino proscribir al liderazgo”.

 

En ese sentido, el Grupo de Puebla emitió un comunicado en el que expresó su "solidaridad" con Cristina frente al "vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial" que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

 

En su comunicado afirmaron: “Esta sentencia abre un nuevo capítulo de la guerra jurídica (lawfare) que se ha venido desarrollando en la región contra dirigentes progresistas" y en la que “se han desconocido los derechos de la vicepresidenta (argentina) al debido proceso, el buen nombre y la posibilidad de representar a su pueblo en unas elecciones libres”.

 

Y continuó: “Inclusive se ha intentado atentar contra su vida hasta eliminarla físicamente. Las guerras jurídicas dinamitan los espacios democráticos cediéndolos a turbias conspiraciones de poderes fácticos que utilizan la justicia con fines políticos. Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de derechos humanos a vigilar el desarrollo de este proceso en sus nuevas etapas procesales y al pueblo argentino y a sus fuerzas progresistas a responder estos ataques de manera unificada y pacífica”.

 

 

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