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Del respirador VIP a la comida en galpones: los intendentes en pandemia, bajo la lupa

Tres escándalos salpican a distintos jefes municipales de Juntos por el Cambio. De la utilización personal de un respirador público a la comida no entregada a las familias más humildes.

Una más y van. La decisión del intendente de Lincoln, Salvador Serenal, de trasladarse a la clínica privada La pequeña familia de Junín para ser atendido luego de presentar complicaciones producto de su cuadro de Covid-19 no sólo generó la indignación de los vecinos, quienes esperaban con lógica que el jefe comunal se internara en el Hospital Municipal como el resto de la población. Pero, ¿cuál fue el escándalo que se destapó tras su cuestionado traslado? La confirmación de que el intendente se llevó un respirador del hospital de Lincoln para usarlo en la clínica privada en la que, según él, se internó por "voluntad de su familia".

El intendente de Juntos por el Cambio fue diagnosticado hace diez días, pero cursó el primer tramo de la enfermedad en su domicilio. Cuando el cuadro se complicó, tomó la decisión de internarse en una clínica privada ubicada a 65 kilómetros y no en el hospital municipal. ¿Cómo justificó su decisión? Simple: aseguró que fue por "voluntad de su familia". "Para atención de eventuales complicaciones, sabiendo que por sus antecedentes es paciente de riesgo y por voluntad de su familia, se decidió internarlo en Junín", precisó el escueto comunicado oficial.

"El rumor estuvo instalado todo el día, recién a la noche pudimos confirmar, de boca del director del hospital municipal, que el intendente se había llevado el respirador a la clínica de Junín. Esta tarde un concejal opositor agregó un dato preocupante: en Lincoln no sobraban respiradores, de hecho la Provincia había tenido que prestarle tres al hospital municipal", precisó en diálogo con BigBang Eduardo Médici, jefe de redacción de Infocielo, el portal de noticias que publicó la noticia que generó indignación en la provincia de Buenos Aires.

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Juan Pezzi, concejal del Frente de Todos y director asociado del HIGA Abraham Piñeyro de Junín, sumó al portal bonaerense: "Desde el hospital de Junín le prestamos tres respiradores al hospital municipal de Lincoln para que tengan en el caso de alguna eventualidad. Es una práctica habitual de institución a institución, pero no se puede hacer para el uso particular de una persona. Este respirador se prestó para que lo utilice eventualmente el intendente. De hecho, lo tenía al lado de su cama de terapia intermedia y sin uso".

El propio secretario de salud de Lincoln reconoció que el intendente se llevó uno de los respiradores del municipio para uso personal. "El intendente se fue con oxígeno, con una bigotera. La cuestión del respirador sucedió que (Sic), cuando pedimos la derivación a la clínica La Pequeña Familia y le planteamos el cuadro que tenía el intendente, nos dijeron que era muy probable que podía requerir asistencia respiratoria y que ingresara a terapia intensiva, pero que al momento no contaban con un respirador", aseguró en declaraciones a Somos Lincoln.

"La condición para aceptarlo fue que les llevemos en forma de préstamo un respirador y así lo hicimos. Se llevó el respirador por pedido de la clínica. Esto es una práctica habitual. Esto trascendió porque fue el intendente el que fue derivado con un respirador. Esto sucede cuando hay politraumatizados que los derivamos porque hay recursos de alta complejidad que el hospital no tiene, como una bomba de infusión o respiradores. También hemos prestado incubadoras, es una práctica habitual", sumó.

Pero este no fue el único escándalo que la pandemia destapó en territorio bonaerense. A finales de mayo, BigBang publicó la denuncia que realizó la comisión investigadora del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires por las irregularidades en el manejo del Servicio Alimentario Escolar que se detectaron en Azul, también municipio controlado por Juntos por el Cambio. De acuerdo a lo que pudo constatar la investigación, el intendente Hernán Bertellys acaparó tres toneladas y media de alimentos que habían sido enviadas directo de la gobernación para ser entregadas a las familias que requerían asistencia, pero que se encontraban en un depósito municipal.

El hecho fue denunciado por el representante por la minoría del Consejo Escolar, Juan Ramírez y la inspectora jefa distrital, Claudia Bustos, quienes advirtieron esta situación y luego dieron aviso a la gestión bonaerense. El contexto de crisis sanitaria y económica le agrega aún más gravedad al hecho. Esto motivó una auditoría al Consejo Escolar azuleño por parte del ministerio que comanda Andrés Larroque y que es el encargado de garantizar el SAE junto con las comunas. Un dato de importancia: hasta abril, el distrito contaba con 6.010 cupos mensuales y, en mayo, el número creció a 7.584. Pese a la creciente necesidad de asistencia alimentaria, la decisión del municipio fue incautar el alimento.

La explicación de la intendencia es que la mercadería encontrada en el depósito era, en realidad, remanentes de familias que no se llevaron sus bolsones. Sin embargo, esa mercadería figuraba en los listados oficiales como si hubiera sido entregada correctamente. "Por esta irregularidad vino el director provincial del SAE, Gastón Castgneto, y desde el nivel central se inició un inventario. Encontramos alimentos con fecha de vencimiento de julio. La auditoría provincial del lunes pasado (por dos semanas atrás) advirtió que no se podían tocar hasta finalizar el control. Sin embargo, los consejeros del oficialismo decidieron repartir los alimentos sin esperar que terminase el proceso", denunció a Todo Provincial Juan Ramírez, consejero escolar del Frente de todos.

"Hay una normativa que establece que los alimentos deben tener al menos seis meses para vencer. Gastón Castgneto nos dijo que la harina y la leche no se podían entregar hasta tener el control de bromatología", sumó, en alusión a la mercadería que el intendente entregó ni bien la noticia llegó a los medios nacionales, incumpliendo además con las normativas sanitarias establecidas.

A las denuncias por la no entrega de mercadería y la incautación de respiradores públicos para uso personal de Serenal se suma también la convocatoria al corte de rutas que realizó hace sólo tres días Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento. ¿El reclamo? Que Axel Kicillof habilite las clases presenciales (pese a que el gobernador ya había anunciado por conferencia de prensa que comenzarían el miércoles pasado). "Si Kicillof no revé la decisión de que no podamos dar clases presenciales, habrá que salir a cortar las rutas", advirtió en declaraciones a la prensa el ex ministro de Energía de Mauricio Macri

Cuando se le aclaró que las clases presenciales iban a retornar, Iguacel insistió: "Si hemos salido a la ruta por otras cuestiones más sencillas, por esto también. Invito a que si esto no pasa (el regreso a la presencialidad), que lo hagan todos los ciudadanos del interior bonaerense. Tenemos que empezar la rebelión educativa en el país en algún momento para salir de este pozo. La gente creyó que volvían las clases en toda la Provincia y no es cierto". En efecto, algunos municipios todavía en alarma epidemiológica mantienen por recomendación sanitaria la metodología de las clases virtuales.

El llamado a la "rebelión" va en línea con la instrucción que el propio Macri les dio a sus intendentes en abril de este año, cuando desde la oposición se empezó a agitar la bandera de la presencialidad de las clases desde la Ciudad de Buenos Aires. "Los intendentes de la provincia de Buenos Aires tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela, y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo", twitteó. 

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