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El Gobierno esperará los números del primer trimestre de 2020 para definir la fórmula de movilidad jubilatoria

El nuevo cálculo será una de las principales claves fiscales de cara al 2020.

Marzo será el mes clave para una de las definiciones en materia fiscal que tendrá por delante el presidente Alberto Fernández: la política previsional. Es que según pudo saber BigBang, por estas horas se terminaría de definir los pasos a seguir en lo que respecta al nuevo cálculo de movilidad que presentará el Gobierno luego de suspender la ley vigente por el alto impacto fiscal que tenían.

Cabe recodar que hoy los jubilados que reciben el haber mínimo cobrarán el primer bono de $5.000, el siguiente será el enero, y en marzo el Ejecutivo determinará cuánto aumentarán las jubilaciones.

En la misma normativa se estableció que todo jubilado que cobre más de $19.000 no recibirá ese bono.

Una de las primeras aproximaciones que llevan adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, apuntaría a un esquema similar al actual en cuanto al que el cálculo se haga tomando dos variables: inflación y aumento de los sueldos. Sin embargo la proporción sería diferente.

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La ley que se suspendió establecía que dentro de la fórmula un 70% de la misma se establecería según la inflación mientras que el 30% restante de acuerdo a la remuneración promedio de los asalariados en blanco. La idea de Massa y Vanoli es que ese porcentaje se acerque, en principio, a un lugar de mayor equilibrio.

Si llega a salir todo bien igualmente el 2020 va a ser un año malo con una inflación cerca del 40%", sostiene 

“La clave va a ser cómo terminen dando los números del primer trimestre y el aumento que se dé en marzo”, explican en la Casa Rosada. Es que justamente el nivel de la recaudación en los primeros tres meses de gestión de Fernández sería el indicador central para empezar a discutir la fórmula de movilidad que de acuerdo a la actual ley de Emergencia tendría que ser presentado a mitad de año.

No obstante ello también se evalúa un esquema en donde el centro de la fórmula lo determine el aumento que recibirían los jubilados que cobran el haber mínimo. Una de las primeras aproximaciones que se encuentra sobre la mesa es que el monto que se le aumente a los que perciben la mínima se extienda, en misma cantidad de plata, a los demás. La idea detrás de ese cálculo sería “ensanchar” la pirámide.

“Si llega a salir todo bien igualmente el 2020 va a ser un mal año con una inflación cerca del 40% por lo que si no equilibramos la fórmula vamos a seguir con un fuerte problema”, manifestaron cerca del Presidente. Lo cierto es que una de las cuestiones centrales de la ley de Solidaridad justamente apuntó a ponerle un freno al aumento jubilatorio por inflación.

Si bien cerca de Fernández evitan usar la palabra ajuste los encargados de la política fiscal del Gobierno esperan que el primer trimestre muestre un signo de recuperación para poder evitar un recorte más fuerte a futuro. Pero en vistas de esa situación la mencionada ley le permite al Ejecutivo aumentar el porcentaje de títulos públicos que puede absorber el ANSES mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que pasó de un 50% del total de su cartera a un 70%.

En las mismas charlas se decidió avanzar cuanto antes con las jubilaciones de privilegio las cuales, afirman, estaban dentro de los planes originales. "Dividimos el tratamiento para así ante la judicialización, que se va a venir, no nos tire debajo todo el paquete", agregaron.

En total la ANSES tiene 25.535.226 beneficiaros según la última cifra oficial de los cuales 7.115.114 son jubilados y pensionados. El 79,5% de los gastos de la ANSES corresponden al pago de prestaciones de la seguridad social, mientras que el 19% se destina a transferencias (esencialmente, asignaciones familiares, AUH y programas como el Progresar) y el 1,5% restante a sus gastos de funcionamiento.

La cobertura previsional en Argentina alcanza a más del 95% de las personas en edad de jubilarse, al nivel de los países europeos con Estados de Bienestar más grandes. Si bien resulta un dato positivo desde la inclusión social, su contrapartida es un problema fiscal por las dificultades para financiarlo.

 

 

 

 

 

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