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El kirchnerismo quiere impulsar el nombramiento como fiscal federal de una funcionaria condenada por "cajonear" expedientes de trata

Se trata de Iara Silvestre que ya había sido jueza subrogante en Santa Rosa.

El viernes pasado ingresaron al Senado varios pliegos para cubrir diferentes vacantes en la Justicia Federal, pero uno llamó la atención. Se trata del que corresponde para la fiscalía federal de Santa Rosa, vacante desde 2016. Para ese puesto, el Gobierno decidió proponer a alguien conocida por el Poder Judicial en la provincia de La Pampa: Iara Silvestre.

La actual titular de la Secretaría ante ese juzgado fue denunciada por el actual juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, por demorar más de 100 causas durante los dos años que Silvestre se encontraba a cargo como subrogante de dicho juzgado. ¿Cuáles eran esas causas? Entre las decenas de expedientes había uno que se destacaba sobre el resto: la denuncia por trata de personas en la localidad de Lonquimay.

Silveste, que por entonces era la jueza subrogante entre 2013 y 2016, demoró mas de dos años el llamado a indagatoria del ex intendente de Lonquimay, Luis Rogers y del comisario Carlos Alanís, ambos condenados de estar dentro de una organización que se dedicaba a la trata de personas.

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En ese expediente, entre otras pruebas contra el ex jefe comunal, se hacía alusión a la protección policial que tenía el prostíbulo “Good Nights” que según el propio Rogers "era un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”. Un dato no menor es que Silvestre es nacida y criada en la mencionada localidad pampeana de 1.500 habitantes. 

Rogers fue condenado a cinco años de prisión en 2017 por avalar la prostitución, pero a fines del año pasado presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema debido a que considera que es inocente. La causa por el prostíbulo se inició en 2009 a partir de una serie de denuncias que derivaron en el posterior allanamiento del prostíbulo, el 28 de octubre de ese mismo año.

Desde entonces, la causa tuvo reiteradas dilaciones. En ese entonces, Baric y titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, solicitaron la indagatoria de los dos funcionarios debido a la gran cantidad de pruebas recolectadas a lo largo de la investigación. Sin embargo, obtenían como resultado la permanente negativa del juez, Marcelo Piazza circunstancia que luego se repitió con Silvestre.

En 2018 Baric, que entre 2016 y ese año fue el subsecretario de Política Penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, fue nombrado como el juez federal de Santa Rosa con el aval del Senado por su experiencia judicial en esa jurisdicción y luego de salir primero en el concurso con ocho puntos de diferencia del segundo.

A los pocos meses de asumir, según la documentación a la que tuvo acceso BigBang planteó: “Frente a la comprobada existencia de un atraso superior a los tres años –como mínimo– en el trámite de numerosas causas penales –alrededor de cien (100)– de distinta complejidad; expedientes detectados y verificados directamente por el magistrado titular de ese Juzgado, aquí denunciante, al asumir su cargo (el 1/02/2019) y en los que se vio obligado a excusarse por haber intervenido como fiscal federal subrogante ante ese mismo Juzgado con anterioridad al 5/1/2016 (fecha en la que cesó en el ejercicio de esa subrogancia). Señaló que la falta de su adecuado trámite y del debido control de las causas que se encontraban bajo su responsabilidad funcional, constituye una violación a lo dispuesto por el art. 8 del RJN que impone observar una -conducta irreprochable-“.

Baric alegó además la falta de constancia, luego de que en el sumario se comprobó una demora mayor a tres años en muchas causas judiciales investigadas por Silvestre, algunas de ellas de contenido sensible.

“Lo expuesto evidencia que lo actuado –en rigor, no actuado– respecto de este conjunto de expedientes no es un hecho fortuito, sino una suerte de 'sistema de trabajo' que, en lo que aquí interesa demostró ser ineficaz y contrario al buen servicio de justicia poniendo incluso en serio riesgo la vigencia de la acción penal y derecho de los justiciables a recibir un pronunciamiento jurisdiccional en tiempo oportuno”, consideró una de las magistradas que avaló la denuncia de Baric contra Silvestre por el cajoneo de varias causas.

El resultado fue una sanción de 25 días hábiles. Silvestre, mientras tanto, cosechó el apoyo de diferentes organismos de Derechos Humanos que solicitaban que se levante su suspensión.

Esa fue la segunda sanción contra Silvestre, ya que en 2016 había recibido otra similar pero por 30 días en vez de 25. "En cualquier otro lugar del país por mucho menos te echan del Poder Judicial", consideró una fuente al tanto de toda la situación. A la par, Silvestre tiene otro sumario en curso por diferentes casos de maltrato laboral a los empleados de la secretaría que se resolvería a medida que se flexibilicen las restricciones sanitarias.

Pero el viernes su pliego ingresó al Senado. ¿Cómo llegó hasta ahí? Según pudo reconstruir este medio se debió a la injerencia de la secretaría Administrativa del Senado, María Luz “Luchy” Alonso. Oriunda de La Pampa, jurisdicción por la que fue diputada provincial y nacional antes de recaer como una de las personas de máxima confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La relación entre Alonso y Silvestre dista de larga data. Los memoriosos dentro del mundo judicial como también del Congreso recuerdan un episodio en particular. A fines de 2015 el diputado nacional Pablo Tonelli asumió una banca en el Consejo de la Magistratura luego de una interpretación en la ley que si bien el kirchnerismo criticó en su momento luego la usaría en 2019.

En ese entonces Silvestre, que todavía subrogaba el juzgado federal de Santa Rosa, firmó un amparo impidiendo que Tonelli asumiera. La medida judicial luego no fue ratificada y el diputado nacional ocupó ese lugar en el Consejo de la Magistratura. Lo que llamó la atención es que no fue el primer juzgado en el que fue presentado ese recurso sino que el kirchnerismo intentó que proteste en en varios, incluso en los que se encuentran en la Ciudad que es donde, por jurisdicción, se tendría que haber tramitado el expediente. 

¿Qué fue lo que hizo que recaiga en La Pampa ese pedido? Fuentes al tanto de la situación remarcan la relación entre ambas protagonistas de esta historia que terminó con la apelación del mencionado Baric, que actuaba como fiscal en ese entonces, a quien la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca le dio la razón.

El contexto hace que el pliego de Silvestre entre a la Cámara Alta justo el día después de que, en el medio de su ofensiva contra el Procurador Interino, Eduardo Casal, el kirchnerismo convocó a un abogado, Dionosio Velasco, procesado por 38 casos de trata de personas en la provincia de Corrientes.

Velasco fue citado a la Bicameral a raíz de una denuncia penal contra los fiscales Aníbal Fabián Martínez y Carlos Schaefer. “El procurador Casal los designó de manera irregular”, apuntó la senadora nacional del Frente de Todos por la provincia de Corrientes, Ana Claudia Almirón. Pero los fiscales apuntados en realidad fueron designados durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. “Es una reunión muy rara, Velasco denuncia traslados de la gestión de Gils Carbó”, advirtió el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

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