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¿Ganó Cristina Kirchner? Juan Zabaleta confirmó que no habrá más “altas” de planes sociales

La ratificación de la medida fue confirmada por el ministro De Desarrollo Social, tras los cuestionamientos de la vicepresidenta a los “intermediarios” de los planes sociales. 

 

“El Peronismo es laburo. El Peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja de un plan. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Con contundencia, dejó en evidencia la estrategia de ciertos dirigentes de organizaciones sociales. Y, de paso, le marcó la cancha al gobierno de Alberto Fernández.

 

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Por supuesto, diferentes dirigentes sociales le salieron al cruce a la ex presidenta. Los primeros fueron los líderes del Movimiento Evita, Fernando Navarro y Emilio Pérsico. Les siguieron Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Luis D'Elia, y el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Por último, se sumaron Néstor Pitrola, ex diputado nacional del Frente de Izquierda; Silvia Saravia, la  Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie; Gabriel Solano, legislador de Partido Obrero; y Eduardo Belliboni, dirigente del Partido Obrero, entre otros.

 

Pero, parece que la jugada de ajedrez de Cristina ya dio sus resultados. A pesar de que el presidente de la Nación salió en defensa de las organizaciones sociales en un acto, sin repetir su frase de cabecera que es “cambiar planes por empleos formales”. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dio a conocer que ya comenzó el traspaso de entre 180.000 y 200.000 planes del plan Potenciar Trabajo a gobiernos provinciales y municipales.

 

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social explicaron que dicha medida se encuentra en vigencia desde el 29 de diciembre de 2021. En ese sentido, Zabaleta afirmó, tras el cuarto intermedio con las representantes de Unidad Piquetera: “No habrá más altas del Plan Potenciar Trabajo”.

 

Y continuó: “Estamos trabajando para que los gobernadores e intendentes nos ayuden a que los beneficiarios sepan que pueden elegir dónde quieren trabajar, que no pueden ser rehenes de nadie. Hay que comunicar mucho más que los beneficiarios tienen derechos que no pueden ser vulnerados". Además, Zabaleta dijo sobre los “intermediarios” de los que habló CFK: “Hay 7 mil denuncias concretas de irregularidades, de gente que se veía presionada por tener que movilizar o que les pedían plata”.

 

Dicha medida salió a la luz tras el duro discurso de Cristina en el acto de la CTA en los que habló de la “tercerización” y de los “intermediarios” de los planes sociales. Además, la vicepresidenta pidió que el Estado vuelva a tener el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. Hoy, en casi todo el país, eso está en manos de las organizaciones sociales que suelen realizar piquetes en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano Bonaerense.

 

En la tarde de ayer, Fernández de Kirchner insistió con las políticas públicas en el control de planes y en su cuenta de Twitter publicó una foto en su despacho junto al intendente de Pehuajó y escribió: “Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación”.

 

Pocas horas antes, el Chino Navarro y a Pérsico, le respondieron, primero con un duro comunicado del Movimiento Evita, y más tarde en diversas entrevistas. Pérsico aseguró: “Cristina no entiende la problemática porque viene de otro sector social. Ella quiere un país y nosotros queremos otro”. Y agregó: “Los intendentes hacen trabajar a los compañeros 8 horas por 20 mil pesos. Los compañeros puede elegir todos los días en qué unidad ejecutora eligen estar, y la mayoría elije estar en las organizaciones, porque los intendentes hacen trabajar a los compañeros 8 horas por 20 mil pesos y eso es indigno. Cristina quiere un país y nosotros queremos otro, y quiero aclarar que este gobierno pegó un avance enorme en el caso de la economía popular. Cristina no es la jefa de nosotros, hace años que nosotros nos independizamos. El presidente y Cristina no se ponen de acuerdo con el país que queremos construir, en esa discusión nosotros estamos más de acuerdo con el gobierno porque permitió que se desarrollara la economía popular y Cristina cree que eso no existe”.

 

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Navarro, también apuntó duro contra la vice en una entrevista con Jorge Rial, en Radio 10: “Cristina no entiende lo que pasa en los barrios. Hace mucho que no va a un barrio y no sabe lo que es el problema de la pobreza. Aunque parezca irrespetuoso, Cristina no conoce la realidad. A mí me da la impresión que Cristina está discutiendo quien conduce este proceso”.

 

La denuncia contra el PO

 

Por otra parte, hoy por la tarde, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente a los dirigentes del Partido Obrero, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”, en el marco de un supuesto cobro del 2% de lo que percibe cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo que milita en su agrupación.

 

La denuncia del fiscal se basa en una nota de Clarín publicada el 13 de junio, en el que Solano afirmó: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.

 

La denuncia contra Solano y Belliboni recayó en el juzgado a cargo de la jueza María Servini, bajo el número de expediente 2078/2022. En la denuncia de Marijuán se lee: “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”. Y pidió que “se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020”.

 

 

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