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Gobernadores se presentaron ante la Corte para frenar el recorte en la coparticipación

Los mandatarios aspiran a que se realice una compensación por la pérdida de fondos en sus provincias.

Trece provincias se presentaron esta mañana ante la mesa de Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declaren inconstitucionales la últimas medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri tras su derrota en las PASO frente al candidato Alberto Fernández, las cuales establecen, entre otras cosas, la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en ganancias, porque implica un recorte en el dinero que reciben por coparticipación.

Gobernadores de 13 provincias se reunieron para pedir marcha atrás en las últimas medidas tomadas por el Gobierno.

Las presentaciones fueron hechas por las provincias de Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan, ya que a último momento se bajaron los gobernadores de Misiones, Río Negro y Neuquén, mientras que Chaco y Córdoba siguen en negociaciones con la Casa Rosada.

En detalle, los funcionarios sostuvieron en sus presentaciones que estas medidas son inconstitucionales porque implican quitas de entre 600 y 1900 millones de pesos a cada una de las provincias en concepto de Coparticipación Federal.

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Las provincias buscan alguna recompensa tras la aplicación de las medidas.

Por esto mismo, y con excepción de las provincias oficialistas (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Corrientes y Mendoza), además de Córdoba, Entre Ríos y Chaco, el resto de los distritos unificaron su estrategia e instruyeron a sus fiscales de Estado para que presenten una medida cautelar para que no se saquen fondos a las provincias.

Las presentaciones se hicieron en forma individual por distrito, y estos planteos de las provincias se suman a los cuatro recursos que ya habían presentado La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

Las quejas tienen que ver con la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en ganancias.

Los mandatarios no están en contra de las medidas, pero aspiran a que se realice una compensación por la pérdida de fondos en sus arcas ya que se trata, en el caso de IVA y ganancias, impuestos coparticipables, por lo que la decisión debería haber sido tomada en conjunto con las provincias y el Gobierno, y no por decreto.

Como lo hizo días atrás, la Corte enviará las demandas a la Procuración General de la Nación para que dictamine si los casos presentados por las provincias son de su "competencia originaria".

Tras la derrota en las PASO, el Gobierno comunicó una batería de medidas para moderar el impacto de la devaluación luego del resultado de las elecciones. Una de las decisiones comunicadas fue la de eliminar el Impuesto al Valor Agregado, del 21 por ciento, a los alimentos de consumo básico pan, aceite, leche, pastas, yerba, arroz y azúcar, como así también congelar el precio de los combustibles.

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