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Las razones por las que Marcos Peña y Faurie son imputados en la causa por el envío de armas a Bolivia

La decisión fue tomada por el fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la investigación sobre el contrabando de municiones durante los días en los que se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales.

Durante los últimos días de julio, el Gobierno nacional había ampliado la denuncia ante el fuero Penal Económico por el supuesto contrabando agravado de material bélico al Estado Plurinacional de Bolivia durante los días en los que se llevó a cabo en ese país el golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales. El eje de la presentación está puesto en la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la Policía Boliviana.

También estaba basada en la demostración documental de que se habría alterado el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019, para ocultar el envío del material anti tumulto. A exactamente un mes de aquella ampliación, el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes a Marcos Peña (ex jefe de Gabinete) y a Jorge Faurie (ex ministro de relaciones exteriores y culto de la República Argentina) en la causa.

El fiscal también imputó al ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas. "Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada", sostuvo el fiscal.

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Y agregó: "A la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación", en los hechos. En la causa ya habían sido imputados Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Gerardo Otero y Mauricio Macri. 

Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero".

En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la participación del ex presidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019. Los ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada.

De aquellos encuentros donde se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional, habrían participado los funcionarios de Cambiemos.  "Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando", sostuvieron.

El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que "el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje".

 

Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, "se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero".  "Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia", agregó la presentación.

Las autoridades de Bolivia habían denunciado a comienzos de julio que el gobierno de Mauricio Macri otorgó de manera clandestina supuesto "material bélico" al régimen de Jeanine Añez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales. La información había sido difundida por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio proporcionó a Añez.

En Bolivia se está investigando el delito de sedición, razón por la cual Macri podría ser involucrado como participe necesario del Golpe de Estado a raíz de esta denuncia. En la carta remitida al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, le dijo que le "agradecía" la "colaboración prestada a esta institución armada".

El propio Terceros Lara, resalta que la colaboración del gobierno de Macri se dio  "en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia". El militar describió que "se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos: 40 mil cartuchos AT12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 19 granadas de gas CS, y 52 granadas de gas HC".

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