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Nuevo decreto: por qué los trabajadores ya no podrán elegir libremente sus obras sociales

El gobierno lanzó la medida a pedido de la CGT.

A partir de la entrada en vigencia del decreto 2021/438 que firmó, este martes, el presidente Alberto Fernández y que se publicó en el Boletín Oficial, los trabajadores que inicien un vínculo laboral deberán permanecer en la obra social de su actividad por al menos un año. 

La medida implica también que la opción de cambio podrá ejercerse solo una vez al año y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud. 

De acuerdo al texto publicado en el Boletín Oficial, ese derecho "deberá ejercerse de manera individual y personal por el interesado a través de las modalidades dispuestas" por la Superintendencia de Servicios de Salud. 

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Paralelamente, las obras sociales estarán obligadas a "garantizar el acceso a la información detallada, completa y adecuada a los beneficiarios y a las beneficiarias respecto de la cobertura prestacional brindada". 

Como mínimo, así, se le deberá disponer a los beneficiarios y las beneficiarias acceso "en todo momento a la cartilla completa, con los planes y programas de cobertura, a través del sitio web institucional de la entidad y otros canales que la entidad brinde".

Esta modificación del sistema de libre elección de la obra social fue un pedido de la CGT al gobierno y fue consensuada entre el Ejecutivo y los gremios. 

De la mano de esta nueva medida, cada nuevo trabajador registrado deberá permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad antes de disponer de la transferencia de los aportes a otra entidad de salud.

Mientras tanto, los gremios también se encuentran gestionando con el Gobierno Nacional un desembolso de 11.000 millones de pesos para cubrir tratamientos médicos a discapacitados.

El reclamo de la CGT en relación a las obras sociales fue impulsado a principios de este año luego de que trascendiera que un sector del oficialismo buscaba una reforma en el sistema de salud. 

Antes de la medida tomada este martes, las principales beneficiadas eran las obras sociales chicas que mantenían acuerdos comerciales con prepagas para derivarles esos asociados.  

Esto era permitido por la desregulación establecida por el gobierno de Carlos Menem, a través de la cual los afiliados podían circular libremente entre obras sociales. Así, las prepagas establecieron alianzas con algunas obras sociales a cambio de retener entre un 3% y un 4% de la cuota por mes. 

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