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Parrilli, imputado por tráfico de influencias, dice que las escuchas son ilegales

El teléfono celular de Oscar Isidro José Parrilli fue intervenido el año pasado por el juez federal Ariel Lijo, en la causa en la que procesó al ex funcionario por encubrimiento del supuesto narco Ivar Pérez Corradi, cuando se encontraba prófugo de la Justicia argentina y demoró en la entrega de un informe a los fiscales que lo buscaban.


Algunas de las conversaciones que mantuvo Parrilli fueron difundidas durante las últimas semanas, sobretodo sus picante diálogos con la ex presidenta Cristina Kirchner. Esas conversaciones no prueban nada del supuesto encubrimiento a Pérez Corradi, más bien muestran cómo es la ex mandataria en la intimidad.

Justamente, por una de esas escuchas el fiscal federal Ramiro González imputó hoy por tráfico de influencias a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Parrilli y Juan Martín Mena, su segundo cuando estuvo al frente del organismo. En el diálogo hablan de influir sobre el juez federal Sebastián Casanello.

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En esa conversación Parrilli le pide a Mena, que se ocupe de la situación de Ricardo Echegaray, que tenía que ir a declarar ante Casanello, en la causa en la que estaba procesado Lázaro Báez. Mena le dice a Parrilli que el contacto con ese juez lo mantenía Julián Alvarez, ex viceministro de Justicia.

Cuando se ordena la intervención de un teléfono, el juez debe indicar entre qué fechas se realizará la interdicción y bajo qué modalidad: escucha directa o grabaciones. Lijo ordenó que el teléfono de Parrilli fuera escuchado “en vivo”, una modalidad que se usa sobre todo cuando hay un secuestro extorsivo y se teme por la vida de la víctima. El lapso de intervención fue del 24 de junio al 23 de agosto de 2016.

Lo más llamativo del festival de escuchas que se publicaron en los últimos días es que no corresponden al período en que Lijo había ordenado la intervención telefónica: son anteriores. Es decir que las conversaciones del ex funcionario fueran grabadas mucho antes de que lo hubiera ordenado el juez a cargo de la denuncia por encubrimiento.

“Para no agotar al tribunal con lectura inoficiosa del texto, repárese en la fecha de la supuesta conversación, al que el diario atribuye a las escuchas ordenadas por el juez Ariel Lijo, datan del 22 de abril de 2016, exactamente dos meses y un día antes de la ordenada por aquel magistrado en la causa 481/16”, dice el escrito que presentó hoy Parrilli en la ampliación de su denuncia.

Parrilli hizo una denuncia ante el juez Rodolfo Canicoba Corral por la difusión de sus conversaciones en los que consideró una persecución política orquestada por el gobierno de Mauricio Macri, quien a poco de asumir, por decreto, ordenó las intervenciones telefónicas salieran de la Procuración General y pasaran a depender de la Corte Suprema de Justicia.

En otra de las escuchas se habla de las asunción de la nuevas autoridades del Partido Justicialista. "¿Vas a ir al Congreso del PJ? Lo eligieron como presidente a Gioja", preguntó Parrilli. Y la respuesta de Cristina Kirchner fue intempestiva, pero inmediata: "Ni en pedo, que se suturen el orto". El detalle pasado por alto, más allá que la nota periodística, recogida del diálogo transcripto, sugiere que las escuchas también provinieron de los audios recabados en el marco de la causa seguida contra el dicente por el supuesto encubrimiento del prófugo Pérez Corradi, es que ello no sería posible, a cuenta de que las mismas se iniciaron, digo ya supuestamente, el 23 de junio de 2016, y esta nueva escucha filtrada sería previa al 3 de mayo de 2016, merced la fecha que fuera elegido el diputado nacional Luis Gioja y el ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, como autoridades nacionales del Partido Justicialista”, amplió Parrilli en su presentación.

Parrilli apuntó contra el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por la difusión de los audios, y contra el gobierno por su uso político. “Es ahora indiscutible, sin duda alguna, y enfáticamente lo sostengo, que se trata de un plan urdido desde el inicio de la gestión gubernamental para proceder al control de las interceptaciones telefónicas de interés político, para lo cual se encomendó al Poder Judicial, con regencia indiscutida del presidente  de  la  Corte  Ricardo  Lorenzetti para llevar a cabo semejante tarea, quien a su vez confió la empresa de dirigir tan sensible oficina a dos jueces federales, ya insoslayablemente implicados en el escándalo delictivo, Dres. Irurzun y Leal Ibarra, además del Director del Departamento, Dr. Rodríguez Ponte”, denunció el ex funcionario.

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