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Por un año

Revés para el Gobierno: el Senado aprobó la emergencia social

En un día donde el Gobierno cosechó buenas y malas, legislativamente hablando, el Senado aprobó y giró a la Cámara Baja el proyecto de ley que por el cual se declara la “emergencia social” y “la emergencia alimentaria” en todo el territorio, medida impulsada por las organizaciones sociales que integran la llamada economía popular con el respaldo de las centrales sindicales y la Iglesia.


El proyecto fue aprobado, en general, por 45 votos afirmativos contra 13 negativos del oficialismo, y sin que se registraran abstenciones.

El Senado aprobó y giró a la Cámara Baja el proyecto de emergencia social. 
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La media sanción se logró dos días antes de la marcha al Congreso convocada por las organizaciones sociales, que contará con el apoyo de la CGT y  buscará reforzar el reclamo por la aprobación de la norma.

Al informar el proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, indicó que la norma “tiene como origen un reclamo social concreto” impulsado por “organizaciones sociales de los más diversos sectores y de las más diversas ideologías políticas”.

Abal Medina afirmó que la norma tiene como origen "un reclamo social concreto". 

En ese sentido, señaló que la iniciativa implica “un paso muy importante para salir de la idea 'planes sociales' para ir a la idea de 'trabajo en el plano social”, y recordó que, según los especialistas en materia laboral, “por cada puesto de la economía formal que se pierde, se pierden cuatro de la economía informal”.

El proyecto declara la emergencia social por un año en todo el país, apunta al fortalecimiento de la llamada economía popular y dispone que se declare la emergencia alimentaria.

El proyecto declara la emergencia por un año en todo el país. 

Además, establece la implementación de un ingreso social por trabajo, con la disposición de implementar un millón de nuevos puestos de trabajo en la economía popular con la intención de consolidar “la generación de empleo genuino”.

Por otra parte, propone el incremento del 15 por ciento mensual de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo, e implica un costo adicional de mil millones de pesos si se aprueba en noviembre el presupuesto del año en curso.

El proyecto propone un incremento del 15 por ciento en la asignación universal por hijo. 

En ese sentido, Abal Medina reconoció que la norma “supone la reasignación de un conjunto de partidas” y para ello también se ha impulsado a nivel de la Cámara Baja, por tratarse de impuestos, la creación de un “gravamen específico sobre la explotación del juego” y a la renta financiera.

La réplica del oficialismo llegó de parte del radical formoseño Luis Naidenoff, quien apuntó que “generar expectativas de crear un millón de puestos de trabajo no podemos hacerlo sólo con el objeto de conseguir un título de la emergencia”.

El radical Luis Naidenoff, afirmó que la iniciativa es "un catálogo de buenas intenciones".

Por otro lado, manifestó que la iniciativa es “un catálogo de buenas intenciones”. “Se puede decir que Diputados avance en impuestos al juego y a los plazos fijos o el giro de utilidades de empresas al exterior. Me parece bien, pero es el reino del revés”, agregó.

También le apuntó al kirchnerismo al decir que “nunca, en doce años, se quiso gravar al juego o a los plazos fijos” y que en diciembre “nos encontramos con 7 millones de trabajadores en el mercado informal”.

También advirtió que “esta aproximación a diciembre nos hace entrar en terreno sinuoso”, y acusó a un sector de la oposición de buscar “el veto de la ley” sin tener en cuenta que “genera expectativas en la gente que después no se cumplen”.

A su turno, la ultrakirchnerista Virginia García criticó el proyecto por cuestiones de técnica legislativa y por ser “una gran expresión de voluntarismo”, aunque aclaró que iba a acompañar con su voto porque “reivindico la lucha de las organizaciones sociales que promovieron este proyecto”.

La kirchnerista Virginia García calificó al proyecto como "una gran expresión de voluntarismo".

Por último, el macrista Pedro Braillard Poccard, en su carácter de titular interino del interbloque Cambiemos, adelantó el voto negativo de la alianza gubernamental e indicó que el gobierno está haciendo “un enorme esfuerzo tratando de mantener un equilibrio de oportunidades para todos los argentinos”.

No todas malas

Claro que no todas fueron malas para Cambiemos, ya que también en la Cámara Alta se aprobó y convirtió en Ley el proyecto del Poder Ejecutivo que fija las normas para los contratos de “Participación Público-Privada” celebrado entre el Estado nacional como contratante y el sector privado como contratista.

La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 15 en contra, estos últimos de legisladores del sector kirchnerista y de la centroizquierda.

La iniciativa se aprobó con 43 votos a favor y 15 en contra. 

En tanto se abstuvieron la representantes del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell, y el chubutense del FPV, Juan Mario Pais.

Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, fue una de las abstenciones. 

La norma busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.

El Senado aceptó las modificaciones introducidas por Diputados, entre las que se destacan mayores controles medioambientales y la responsabilidad del contratista.

Además, aumenta de un 25 a un 33 por ciento la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Asimismo, se incorporó la creación de una Comisión Bicameral de control de contratos.

El presidente de la Comisión de Infraestructura del Senado, el kirchnerista correntino Carlos Espínola, consideró al proyecto como una “herramienta fundamental para la realización de obras de infraestructura que generarán una reactivación económica”.

En tanto, el radical santacruceño Alfredo Martínez calificó como “muy importantes” las más de treinta modificaciones introducidas en la Cámara Baja.

El radical Alfredo Martínez destacó las modificaciones introducidas en Diputados. 

“Es un saludable y buen ejemplo de cómo tratar cada proyecto de ley”, destacó Martínez.

En cambio, la peronista puntana Liliana Negre de Alonso se quejó de que el proyecto haya sido modificado en Diputados, argumentando que muchos de los cambios “fueron planteados en el recinto cuando se trató por primera vez en el Senado”.

La puntana Liliana Negre de Alonso, otra de las voces opositoras al proyecto.

Uno de los que rechazó la iniciativa fue el neuquino Marcelo Fuentes, del FPV, quien sólo expresó su voto negativo porque no creía “en las intenciones de este gobierno”, mientras que la santacruceña María Labado aseguró que no se estaban respetando los convenios colectivos de trabajo.

El neuquino Marcelo Fuentes, del FPV, se manifestó en contra. 

También se opuso el porteño de Proyecto Sur, Fernando Solanas, por considerar que se estaba votando “la ley de la derrota de la política nacional”, al tiempo que vaticinó que “se está ratificando el estado re-bobo que se endeuda y se queda sin defensa ni beneficios, sólo con daños y con deudas”.

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