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Sin alusión a la derrota electoral, Fernández presentó una ley de beneficio a las pymes

El presidente participó de un acto oficial después de la derrota en las urnas de ayer.

El presidente Alberto Fernández encabezó el primer acto oficial después del revés electoral que sufrió ayer en las urnas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con la decisión de no cambiar la agenda oficial, y mantener todo como si la elección fuera solamente un día más, Fernández realizó. "Nada hay más importante que el desarrollo argentino", remarcó. "En 2018 hubo una ley de compre nacional que no funcionó. Necesitamos una ley que no sea sólo retórica", sostuvo el jefe de Estado. 

 

"Los amantes del mercado dirían no nos metamos, que las grandes empresas vayan contratando Pymes. Estamos haciendo esto porque el 13% del PBI está representado por compras del Estado", manifestó en alusión a las administraciones anteriores. "Muchos han entendido, porque no piensan como nosotros, que lo que no debemos ser es tontos. Cuando un funcionario norteamericano va a al exterior tienen que alojarse en hoteles de capitales de su país. Y eso esta bien", dijo Fernández.

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"Gobernar es crear trabajo, y para eso necesitamos que haya gente que arriesgue, produzca y demande trabajo", agregó Fernández. La industria es el motor central. Ha sido nuestro motor. Queremos que la industria vuelva a tener un lugar preponderante en la economía argentina", remarcó. 

 

Fernández presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, con un acto que tendrá lugar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, según se informó oficialmente. El proyecto tiene el objetivo de promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas y de generar un aumento en el empleo.

También busca promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas, como asimismo estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos.

 

La Ley actual (27.437), sancionada en 2018, tiene "grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo", explicaron las fuentes al fundamentar la presentación de esta iniciativa por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con lo apuntado, el proyecto tiene los "beneficios" de "aumentar la producción nacional; generar mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado y de incrementar la inversión en Desarrollo e Innovación (I+D+i de empresas alcanzadas por las compras para la innovación)".

También, se asegura que tendrá un "impacto federal positivo en empresas proveedoras de todo el país", como así también promoverá el "desarrollo de proveedores en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería", y un "crecimiento de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado".

 

 

En tanto, las fuentes indicaron que el "impacto económico" será de "30.000 nuevos empleos privados; de $40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año y de US$ 300 millones de ahorro de divisas anuales". Las principales modificaciones de la actual ley, de acuerdo a la evaluación del Gobierno, son "ampliar el alcance de la ley a nuevos sujetos, crear la herramienta de compras públicas para la innovación; y establecer herramientas de altos impacto que estimulen el desarrollo de la industria nacional".

Asimismo, el proyecto tiene el objetivo de "promover el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos; ampliar el alcance de los acuerdos de cooperación productiva (ACP) y mejora del funcionamiento de la herramienta; y garantizar el acceso a información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local".

La nueva normativa tiene el propósito de "mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas; promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes; fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales; y unificar el valor del módulo que se aplica en la Ley con el de ONC". De acuerdo al informe, las compras públicas son aquellos bienes y servicios que realiza el Estado Nacional, sus organismos o las empresas públicas y "representan alrededor del 13% del PBI, por lo que tienen un peso significativo en la economía nacional".

"Son una herramienta de desarrollo productivo porque el Estado, con su poder de compra, puede apoyar el crecimiento y desarrollo de empresas nacionales, sobre todo en sectores estratégicos e innovadores", se apuntó. En ese plano, se describió que "el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y el 97% de esas empresas proveedoras son PyMES".

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