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Turismo religioso y diálogo con los "vecinos": las consultorías de Macri bajo la lupa

Margarita Stolbizer tiene en la mira a las empresas que prestaron los servicios entre 2016 y 2017. Expuso conflictos de intereses y gastos innecesarios. Realizará una denuncia en las próximas semanas.

La Asociación Civil “Bajo la Lupa”, que comanda la ex diputada Margarita Stolbizer, realizó un relevamiento de los distintos servicios de consultoría privada que adquirió el Gobierno en los últimos dos años y expuso supuestos conflictos de intereses como incumplimientos de la ley.


Las contrataciones de consultores del gobierno de Macri, en la mira.

De acuerdo al informe, confeccionado por la abogada Silvina Martínez, el Gobierno contrató consultoras en el período 2016-2017 por $174.424.356 millones, que en muchos casos ya prestaban servicios en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El documento, al que accedió BigBang, alerta sobre la sobreabundancia de contrataciones y la falta de una necesidad real del servicio.

Los casos

Entre las contrataciones sobresalen algunas curiosas. El ministerio de Turismo contrató de forma directa un servicio de consultoría de turismo religioso para posicionar a la Argentina como un país del diálogo Interreligioso. Los servicios, prestados por el empresario Gustavo Andrés Loza, costaron $ 489.990.

La particular contratación del ministerio de Turismo.

Otro caso que merece un análisis particular es el de la empresa Dialal SRL, contratada por el ministerio de Producción por un total de casi 50 millones de pesos para el diseño, ejecución, gestión, monitoreo y análisis de un programa de mentoría para emprendedores de todo el país. La firma en cuestión no tiene antecedentes en esta clase de tareas ya que es una empresa de turismo.

En diálogo con este medio, Martínez asegura que la contratación es una forma de “privatizar” tareas propias del Estado. “Duplican los costos cuando cuentan con personas que realiza o podría realizar la tarea”, explica.

La cartera de Francisco “Pancho” Cabrera realizó otra gran contratación por casi 20 millones de pesos, a través de la secretaría de la Transformación Productiva. El objetivo en este caso era la confección de una propuesta de estrategia de desarrollo sobre el sector de servicios. La firma beneficiara fue Mckinsey Argentina S.R.L.

La ex diputada denunciará al gobierno de Mauricio Macri.

Otra de las licitaciones más particulares es la que realizó el ministerio de Modernización (contratación directa) a la empresa AW/GRUPO ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS S.A por $4.356.000. A cambio de ese dinero, la firma debió evaluar el impacto en la sociedad de los principales lineamientos o ejes de políticas públicas y ajustar la comunicación entre el Gobierno nacional y la Ciudadanía.

Por su parte, la firma Matrice Consulting srl / Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL obtuvo $16.999.999 del ministerio que conduce Andrés Ibarra, para asistir a la Secretara de Gestión e Innovación Pública de esa cartera en el diagnóstico, planificación, diseño y seguimiento de proyectos que mejoren la eficiencia operativa y ciudadana de los servicios que presta la Administración Pública Nacional.

En estos dos años, también se contrató empresas para asesoramiento en comunicación interna. La tarea la realizó firma Newlink Argentina SRL, a cambio de $1.200.000.

El Gobierno contrató consultorías por más de 170 millones de pesos.

El ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren también se encuentra dentro de la lista. Esta cartera contrató por $24 millones un servicio de consultoría para la evaluación y asesoramiento financiero integral para el diseño y estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria de ENARSA en la empresa CITELEC.

El listado incluye los servicios que adquirió la secretaria de Comercio del ministerio de Producción a la firma Estudios Bonaerenses S.A., a cambio de $5.700.000, con el objetivo de analizar el estado del Mercado Central de Buenos Aires.

Stolbizer realizará una denuncia en las próximas semanas acerca de una firma que presentaría un claro ejemplo de conflicto de intereses. Se trata de la segunda parte del informe que intenta poner en la mira los gastos del Ejecutivo a través de empresas cercanas al poder.

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