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Pese a que Susana dijo que no cometió ningún delito, la AFIP la denunció por evasión fiscal

La diva tendrá que pagarle a las arcas públicas nacionales el monto de $50.377.401,90, para no caer en falta. Podría ir presa.

El programa que la diva Susana Giménez llevó adelante desde fines de los 80 hasta no hace muchos años, fue un fenómeno absoluto de la televisión argentina, hasta tal punto que es uno de los pocos que rompió un récord del Libro Guinness en 1998, tras recibir una cifra cercana a las 32 millones de cartas de interesados a participar en sus concursos.

Eran años de pleno menemismo y convertibilidad uno a uno, por lo que lograr competir por alguno de sus premios era hablar de cifras que iban desde los 10 mil hasta el millón de dólares. Una ilusión que mantenía a todos atentos a su programa durante el horario, logrando que la gente atendiera diciendo "Hola, Susana" para no perder la oportunidad de ser parte.

Ahora, los años de bonanza y buena relación con el pueblo argentino, parecen haber quedado atrás, luego de que la conductora partiera a vivir en las propiedades que tiene en Uruguay, haciendo de ese país su residencia fiscal, y que la AFIP la denunciara por evasión impositiva por el monto de $50.377.401,90, en razón de haber escondido información en su declaración jurada de Bienes Personales en 2019. 

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Y a esto se le suman $34.600.375,10 por los intereses resarcitorios. En total, $84.937.777 que se transformaron en 250 millones. Algo así como 1.817.000 de dólares. 

¿Puede ir presa?

El delito por el cual fue denunciada Giménez es causante de prisión y tiene penas que van desde los nueve a los tres años y medio. Aunque, para que esto pase no tendría que pagar el monto exigido, algo que parece imposible de acuerdo a la capacidad económica de la actriz.

La defensa de la diva declaró ante Infobae que ella no realizó "ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco".

“Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso", explicó Cesar Litvin, contador y abogado de Giménez.

Un impuesto confiscatorio

El también profesor de la UBA argumentó que "el impuesto Bienes Personales de 2019 fue presentado fuera de término porque vencía en plena pandemia y Susana estaba cambiando de domicilio fiscal" y que "tenía un efecto groseramente confiscatorio, porque absorbía el 126,22 por ciento de la renta", algo que, según la Corte Suprema de Justicia, afecta el derecho de propiedad.

"En este caso absorbía toda la renta y mordía una parte de capital con lo cual se daba perfectamente el test de confiscatoriedad. Esa cuestión está siendo litigada en el Tribunal Fiscal de la Nación. En muchos casos ha sucedido esto con Bienes Personales, con la modificación que se hizo en 2019, que elevó la alícuota", aseguró el catedrático.

Luego explicó que la AFIP hizo una denuncia penal "porque entendió que la falta de presentación en término era un engaño, cosa que es un absurdo, un disparate, porque la falta de presentación de la declaración jurada no genera ningún tipo de ocultamiento".

"Tengamos en cuenta que fue en pandemia y era difícil recolectar la información. Fue una demora. Entender que eso fue un engaño es un absurdo", afirmó Litvin.

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