La reciente decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de otorgar la libertad condicional a Eduardo Alfredo Ruffo genera no más que indignación y preocupación además de la confirmación del ataque sistemático a la lucha de las víctimas de la última dictadura cívico-militar y los defensores de los derechos humanos en Argentina.
Ruffo, un vil represor condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y referente del centro clandestino Automotores Orletti, ahora podrá caminar libremente por las calles, pese a la crueldad de sus delitos.
Ruffo no es un nombre cualquiera en la historia del terror estatal: fue ex agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y miembro del círculo de Aníbal Gordon, fue una pieza clave en el Plan Cóndor, la siniestra coordinación represiva entre las dictaduras de Latinoamérica.
Entre sus crímenes más atroces se encuentra la apropiación de Carla Artés Company, una niña secuestrada junto con su madre en Bolivia y trasladada al infierno de Orletti en 1976; lo más escalofriante del caso es que Ruffo y su esposa criaron a Carla como si fuera su hija hasta que su abuela logró recuperarla en 1985.
Por este delito, Ruffo fue condenado a diez años de prisión. Sin embargo, esta no fue su única condena porque en 2011, recibió una pena de 25 años por secuestros y torturas en Orletti; en 2012, se le impusieron 14 años más por su participación en el plan sistemático de apropiación de niños y finalmente, en 2020, fue condenado a prisión perpetua en el juicio conocido como Orletti V. Entre sus crímenes más atroces contra la humanidad de sus víctimas están los de torturas y desapariciones forzadas aunque también tráfico de niños y niñas.
A pesar de este historial cruento y su falta de arrepentimiento —Ruffo llegó a declarar que le había "salvado la vida" a Carla, aún sabiendo los abusos sufridos por ella bajo su cuidado—, el juez José Michilini consideró que el represor cumplía con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional.
La sentencia, reza: "La incorporación del condenado al régimen de libertad condicional se presenta como una consecuencia jurídicamente procedente del sistema de progresividad de la pena; concebido este como un paulatino avance hacia la libertad (...) Por lo expuesto, entiendo innecesaria la continuidad de un régimen más gravoso —en el caso, el de arresto domiciliario— cuando no se advierten riesgos actuales que lo justifiquen, correspondiendo en consecuencia hacer lugar a lo solicitado por la defensa".
El fiscal Pablo Ouviña expresó su rechazo a esta decisión, argumentando que Ruffo no muestra arrepentimiento ni empatía hacia las víctimas y que sigue sin colaborar para esclarecer el destino de los desaparecidos. Es por eso que la liberación de Eduardo Ruffo pone en jaque el compromiso del Estado con la memoria, la verdad y la justicia aunque para nada sorprende bajo la ideología del presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel que, en varias oportunidades negaron las cifras de los y las desaparecidas pero también desfinancian la maquinaria de Derechos Humanos que funcionaba en el país.