La Cancillería sumó un nuevo capítulo a la interna libertaria que atraviesa al gobierno de Javier Milei. Dos de los funcionarios más cercanos al núcleo duro presidencial, Úrsula Basset y Nahuel Sotelo, abandonaron sus cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambos habían llegado de la mano de Diana Mondino para impulsar una agenda ultraconservadora contra la perspectiva de género y la Agenda 2030. Basset, hasta ahora directora de Derechos Humanos, se trasladará al Ministerio de Justicia, mientras que Sotelo, ex secretario de Culto, volverá a ocupar su banca en la Legislatura bonaerense.
Sus salidas se interpretan como un síntoma claro: la llegada de Gerardo Werthein al Palacio San Martín redujo de manera drástica la influencia de "Las Fuerzas del Cielo", agrupación libertaria apadrinada por Santiago Caputo. La gestión de Basset no había pasado desapercibida: bajo su dirección, Argentina fue el único país del mundo en votar contra los derechos de comunidades indígenas en la Asamblea General de la ONU, un gesto que reflejaba la impronta ideológica que intentó imponer Milei en política exterior. Pero esa línea empieza a desdibujarse frente al pragmatismo de Werthein, que busca recomponer vínculos con organismos multilaterales y proyectar "estabilidad y previsibilidad". "La etapa de los gestos simbólicos ya pasó, ahora necesitamos construir confianza", resumió un funcionario del Palacio San Martín.
Mientras el poder de los libertarios se achica en la Cancillería, otro sector del Gobierno no deja de concentrar recursos: el que conduce Karina Milei. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), ex Fundación Exportar, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, pasó a depender de la Secretaría General de la Presidencia y casi de inmediato, multiplicó por cuatro su presupuesto en un año. En 2022 manejaba $1.500 millones; en 2023, $3.000 millones. El salto fue en 2024: más de $12.800 millones, que sumados a las partidas del año elevan el monto total a $25.898 millones.
Sin embargo, no hay informes públicos que detallen en qué se gastaron esos fondos. El último reporte corresponde a 2023, bajo la administración de Alberto Fernández. La comparación es brutal: mientras el Hospital Garrahan, en crisis y con protestas por falta de insumos, recibió $16.651 millones sin actualización, la agencia controlada por la hermana del Presidente absorbió más de $25.000 millones. La conducción de la AAICI quedó en manos de Diego Sucalesca, abogado y viejo compañero de Javier y Karina Milei en la obra teatral El consultorio de Milei. Un amigo íntimo de la familia al frente de una de las cajas más abultadas del Estado, sin rendir cuentas.
La propia existencia de esta concentración de fondos fue confirmada en los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo: "Le sacaron la caja a Diana Mondino, fijate los quilombos que están teniendo", reconocía el exfuncionario. La renuncia de Mondino en noviembre pasado se explica, en parte, por esa disputa. En paralelo, la Justicia frenó la difusión de audios de Karina Milei, en lo que muchos consideran un episodio de censura previa.
El blindaje judicial, sumado a la opacidad en el manejo de la AAICI, alimenta sospechas de un esquema de poder donde la hermana del Presidente se erige como la verdadera administradora de recursos estratégicos, mientras se ajusta en hospitales, jubilaciones y provincias. La Cancillería, en tanto, se ve forzada a un reacomodamiento donde la ideología retrocede frente al pragmatismo diplomático y el poder real se concentra en los despachos más cercanos a la familia presidencial.