Hasta las manos. Así está el juez en lo civil y comercial federal Patricio Maraniello que tiene por delante una creciente ola imparable de denuncias que ponen en jaque su permanencia en el cargo y reavivan el debate sobre la independencia y ética del Poder Judicial. Con diez denuncias acumuladas en el Consejo de la Magistratura, los cuestionamientos abarcan desde acoso sexual hasta decisiones judiciales que constituyen graves violaciones a principios fundamentales de la Constitución Nacional, esa misma que La Libertad Avanza se empeña en desconocer.
Entre las acusaciones más recientes se encuentran dos denuncias presentadas esta semana por el economista Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, quienes solicitaron la remoción de Maraniello por considerar que incurrió en mal desempeño. Además, Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, lo acusó de "abuso de poder y prevaricato".
El foco de estas denuncias radica en la decisión del juez de prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia. Esta medida, dictada en plena campaña electoral, fue interpretada como un acto de censura previa que busca obstaculizar la divulgación de información crítica sobre el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La resolución judicial también generó fuertes críticas desde diversos sectores políticos y sociales, incluidos periodistas afectados como Mauro Federico y Jorge Rial, quienes señalaron que esta decisión atenta contra la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada. Según los denunciantes, la medida forma parte de una estrategia deliberada del Poder Ejecutivo para silenciar voces críticas, utilizando al Poder Judicial como herramienta para suprimir información sensible.
La guillotina simbólica de Rosatti
En medio del creciente escándalo, el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, aludió indirectamente al caso durante la apertura del XXV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales en Córdoba. En su discurso, Rosatti enfatizó que la jurisprudencia del máximo tribunal siempre estará en defensa de la libertad de expresión, las garantías individuales y la propiedad privada.
"Nosotros nunca debemos perder el rumbo. Nunca vamos a ir en contra de los otros poderes, pero sí vamos a defender la independencia de nuestro poder y los derechos y garantías de los habitantes. Y lo vamos a hacer con firmeza, sin espectacularidad", afirmó Rosatti, quien también criticó los "malos ejemplos dentro del Poder Judicial" que afectan la credibilidad del sistema.
El mensaje de Rosatti durante su intervención resonó como un mensaje contundente hacia el magistrado cuyas acciones comprometen los principios fundamentales del sistema democrático. Si bien no mencionó directamente a Maraniello, su discurso fue un claro llamado a revisar prácticas judiciales que socavan la división de poderes y la confianza pública.
Las denuncias contra Maraniello se encuentran actualmente en el comité de asignación del Consejo de la Magistratura, donde los consejeros Luis Juez y César Grau deben decidir si se giran a la comisión de Acusación -encargada de tramitar casos de remoción- o a la comisión de Disciplina -donde se investigan sanciones menores-. Esta decisión será clave para determinar si las acusaciones ameritan su destitución o si se resolverán con medidas menos drásticas.
Con diez denuncias acumuladas y más presentaciones esperadas en los próximos días, el caso del juez Patricio Maraniello se perfila como uno de los más polémicos dentro del Poder Judicial en los últimos años.
Una por una, las denuncias que acumula Marianello
- Acoso sexual. Denuncias por presuntos actos de acoso sexual y violencia de género.
- Acoso laboral y maltrato. Señalamientos por comportamiento abusivo hacia colaboradores y empleados.
- Abuso de poder. Acusaciones por uso indebido de su posición para fines personales o políticos.
- Comportamiento inapropiado en redes sociales. Conductas que se consideran incompatibles con la dignidad del cargo.
- Manejo inadecuado de recursos públicos. Presuntas irregularidades en la administración de fondos estatales.
- Incumplimiento del Reglamento para la Justicia Nacional. Violaciones a normas internas que regulan la actividad judicial.
- Prevaricato. Fallos judiciales que contradicen el derecho aplicable.
- Desconocimiento inexcusable del derecho. Errores graves en la interpretación de leyes y normas procesales.
- Negligencia grave en el ejercicio del cargo. Omisiones que afectan el desempeño del magistrado.
- Mal desempeño. Actos que ameritan su remoción del cargo.