En medio de una creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y los sindicatos, la decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) desató una ola de críticas desde distintos sectores. La medida, oficializada este martes 8 de julio mediante el Decreto 461/2025, implica un cambio estructural en el sistema de control y mantenimiento vial del país.
En este punto, los gremios y trabajadores del sector advierten que los efectos podrían ser devastadores para la seguridad vial y el empleo público. La titular del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, fue una de las voces más contundentes en su rechazo al cierre de la DNV. En declaraciones públicas, acusó al presidente Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de promover "rutas nacionales de la muerte" al desmantelar un organismo clave.
"Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas", afirmó Aleñá.
La dirigente sindical calificó la medida como una "decisión profundamente ideológica" que responde al plan del gobierno de achicar el Estado: "Nos desfinanciaron desde que asumieron para desmantelarnos y acusarnos ahora de ineficientes. Hacemos un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte", agregó. Aleñá insistió en que esta decisión debe ser revertida para evitar consecuencias irreparables. "Esto no es solo un ataque al empleo público; es un ataque a la seguridad vial, al desarrollo federal y a la vida misma. Nos estamos jugando el futuro del país", sentenció.
La disolución de la DNV no es un hecho aislado. El decreto también contempla la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismos que eran responsables de tareas fundamentales como la prevención de accidentes automovilísticos y la supervisión del transporte público y privado. En su lugar, se creará una nueva entidad denominada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que absorberá las funciones de fiscalización de concesiones viales.
La CGT también se plantó
La Confederación General del Trabajo (CGT) también expresó su rechazo categórico a la medida, calificándola como "un ataque directo al modelo de país federal que defendemos". En un comunicado oficial firmado por su Consejo Directivo, encabezado por Héctor Daer, la central obrera advirtió: "Las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo", señala el texto difundido en redes sociales.
En uno de los apartados más críticos del comunicado, la CGT denunció que el gobierno de las fuerzas del cielo "no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día".
Además, la central sindical calificó como "intempestivas e improvisadas" las acciones del Poder Ejecutivo respecto a la desaparición de la CNRT y la ANSV: "Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas", concluye el comunicado.