Lejos de disiparse, las dudas alrededor de Manuel Adorni se multiplican. En medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete volvió a quedar bajo la lupa por un nuevo viaje de alto costo: una estadía familiar en el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche, que se suma a otros desplazamientos recientes igualmente onerosos. Según reconstrucciones periodísticas de El Destape y confirmaciones de su propio entorno, Adorni pasó al menos tres noches en ese complejo de lujo durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024, cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial.
Para ser claros, solo el alojamiento habría superado los 2.500 dólares, sin contar pasajes ni gastos en comidas, que en ese lugar alcanzan cifras muy elevadas: cenas que superan los 130 mil pesos por persona o servicios básicos con precios que, incluso en aquel momento, resultaban prohibitivos o directamente inalcanzables para la gran mayoría. El contraste es inevitable. Para ese entonces, el salario del funcionario rondaba los 3 millones de pesos. Traducido a números concretos, el viaje implicaría destinar prácticamente un sueldo completo solo al hospedaje. La pregunta surge sola: ¿cómo se financian estos niveles de gasto?
La incógnita se vuelve más densa al observar la repetición del patrón. No se trata de un hecho aislado. La propia Justicia ya confirmó otro viaje familiar, esta vez a Aruba, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, los pasajes en primera clase costaron 1.450 dólares cada uno, sumando 5.800 dólares para el grupo familiar. A eso podría agregarse el alojamiento en un resort all inclusive con tarifas cercanas a los 1.000 dólares por noche por persona, un dato aún bajo verificación. Antes de eso, ya había estallado la polémica por su viaje a Punta del Este en un avión privado.
El financiamiento de dicho vuelo -la Justicia ya determinó que el viaje durante los feriados de carnaval fue financiado, al menos en parte, por Marcelo Grandio- sigue sin una explicación convincente. El vuelo de ida fue pagado por la productora y el de regreso por Grandio, pese a que el funcionario había asegurado públicamente contar con comprobantes de pago. Ese viaje, según trascendió, habría costado cerca de 10.000 dólares. Con este nuevo episodio en Bariloche, el relato del propio funcionario comienza a quebrarse. "Creo que en un año y medio fue lo único que hice, irme cuatro días", había afirmado al referirse a su escapada a Punta del Este.
Sin embargo, los registros muestran al menos otros dos viajes de similares características: Aruba y ahora el Llao Llao. Dos omisiones que, en el mejor de los casos, evidencian una memoria selectiva; en el peor, una estrategia de ocultamiento. El contexto judicial agrava el escenario. La causa por presunto enriquecimiento ilícito no solo busca determinar el origen de los fondos utilizados en estos viajes, sino también si el nivel de vida del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados. En ese marco, la Justicia ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario para rastrear movimientos y detectar posibles inconsistencias.
A esto se suma un elemento adicional que refuerza las sospechas: la reiteración de vínculos entre el ámbito público y beneficios privados. La frecuencia, el costo y la falta de explicaciones claras convierten cada nuevo viaje en una pieza más de un rompecabezas que empieza a mostrar una imagen preocupante. Mientras tanto, el Gobierno opta por el silencio o el respaldo. No hay, hasta ahora, aclaraciones detalladas que despejen las dudas. Y en política, cuando las explicaciones no llegan, lo que crece es la sospecha. La respuesta, por ahora, sigue pendiente. Pero las preguntas ya están sobre la mesa. Y cada vez son más difíciles de esquivar.