La victoria parlamentaria del oficialismo el jueves pasado encontró un dique rápidamente. Este lunes La Libertad Avanza tuvo que suspender la convocatoria a la comisión que buscaba dictaminar la ley sobre las Islas Malvinas que anunció el Presidente por Cadena Nacional.
LLA no logró comprometer las firmas necesarias para dictaminar en el plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores por segunda vez consecutiva. El miércoles pasado ocurrió lo propio y esta vez ni el quórum de los aliados estaba garantizado. La reunión fue pateada para el siguiente martes por "falta de tiempo" argumentaron fuentes libertarias.
El proyecto redactado en las oficinas de Santiago Caputo y promovido por esa ala del Gobierno multiplicó los cuestionamientos internos por aliados parlamentarios y políticos del gobierno. "Hubo presiones muy desprolijas desde Estados Unidos la semana pasada", se quejó ante El Destape un legislador en una nota firmada por Alan Longy. Desde entidades privadas norteamericanas hicieron saber si descontento por los alcances del texto y su impacto en las empresas de EEUU. Los cuestionamientos a la "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional" también llegaron desde el Grupo Clarín y de entidades cercanas como la organización empresarial de entidades periodísticas ADEPA. Todos con objeciones a artículos distintos del proyecto.
EEUU objetó los párrafos que endurecen las sanciones de las empresas que exploten recursos en las islas. La laxitud de la redacción podría complicar los intereses norteamericanos.
Además encendieron alarmas los artículos que crean el Consejo de Seguridad Nacional le otorgan múltiples superpoderes al Ejecutivo para hacer uso de las Fuerzas Armadas, clasificar a civiles de terroristas y determinar cuáles son las "infraestructuras críticas" que requieren defensa militar.
En ese capítulo el proyecto establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, "por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales" o "manipular la opinión pública" mediante campañas coordinadas de "desinformación masiva". ADEPA advirtió sobre pasajes del texto que pueden ser sujetos a "interpretaciones ambiguas" y producir "efectos inhibitorios" sobre periodistas y medios. El artículo 111 cuenta con el rechazo del radicalismo y del PRO.
El Grupo Clarín transmitió su malestar. "La infraestructura crítica son los fierros, la fibra óptica, el 5g. Pero ¿qué pasa cuando no diferencias la fibra, del prestador y de los contenidos? La discusión que plantean es cómo se respeta la propiedad de red. Si hay una sanción ¿le cerrás al operador? ¿Le cerrás al prestador?", explica una espada legislativa oficial de diálogo habitual con el multimedios. Como Clarín (a través de Telecom Argentina) utiliza tecnología de Huawei para los servicios de conectividad y redes 5G en el país, una eventual intervención del gobierno a esa infraestructura repercutirá.
Tras el éxito alcanzado por Martín Menem y Diego Santilli para bloquear el quórum el jueves, el presidente de la Cámara de Diputados se entusiasmaba con sumar este tema a la mega sesión convocada por el oficialismo para este miércoles. El camino se empantanó. Está vez no todo marcha acorde al plan.