El presidente Javier Milei firmó el Decreto 651/2025 con el que vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso en agosto y que declaraba la urgencia sanitaria en la atención de niñas, niños y adolescentes, con especial foco en el Hospital Garrahan. La decisión se inscribe en la misma línea que el rechazo previo a la Ley de Financiamiento Universitario y vuelve a exponer la estrategia del gobierno libertario: preservar el "equilibrio fiscal" aún a costa de áreas sensibles como la salud y la educación. "Este GOBIERNO NACIONAL no realizará ninguna acción que comprometa el equilibrio fiscal", detalla el documento firmado por el mandatario.
La norma buscaba garantizar la continuidad de programas esenciales, recomponer salarios de médicos y residentes, eximir de Ganancias a los profesionales que realizan guardias críticas y asegurar el funcionamiento sostenido del Garrahan como hospital de referencia nacional. El texto, además, facultaba al Ministerio de Salud a reasignar partidas y destinaba recursos inmediatos a medicamentos, vacunas, infraestructura y personal. "Esta Administración tiene como objetivo primordial la emisión monetaria CERO (0) a efectos de eliminar de raíz la crisis inflacionaria que socava el poder adquisitivo de los argentinos", destaca la publicación oficial.
El veto presidencial desarma todo ese andamiaje. En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que el proyecto contenía "mandatos abiertos", definiciones ambiguas y un impacto fiscal imposible de sostener. Según cálculos oficiales, sólo la recomposición salarial prevista representaba un costo de más de 115.000 millones de pesos, monto que -argumentaron- equivaldría a un tercio del calendario nacional de vacunas o a tres veces el presupuesto de programas contra VIH, hepatitis y tuberculosis. El Gobierno justificó la medida asegurando que la ley hubiera generado "un aumento desmedido e irresponsable del gasto público".
La decisión generó alarma en gobernadores y especialistas en salud pública. El texto rechazado reconocía también la necesidad de fortalecer el sistema de residencias médicas, considerado estratégico en la formación de pediatras y especialistas críticos. Con el veto, esa agenda vuelve a quedar postergada en un contexto en el que cada año se registran más renuncias a residencias y migración de profesionales. El caso Garrahan fue especialmente sensible. El proyecto sancionado por el Congreso lo consagraba como hospital de referencia nacional y garantizaba su financiamiento. Milei replicó que ese reconocimiento era "innecesario".
De acuerdo con el presidente, la institución ya cuenta con un presupuesto de 220.000 millones de pesos —sumando el aporte de Nación y Ciudad— y que la actual gestión había logrado "déficit cero" gracias a ajustes internos. Para la Casa Rosada, la ley sólo replicaba atribuciones ya en curso y amenazaba con desfinanciar otros programas. La lectura política es inevitable. El veto se conoció apenas días después de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en paralelo a la indefinición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta clave para los gobernadores.
Mientras Milei endurece su postura frente al Congreso, deja en suspenso una norma que las provincias esperan como alivio financiero. La combinación de ambas decisiones tensiona aún más la relación con los mandatarios provinciales, que advierten un doble mensaje: ajuste implacable en las áreas sociales y dilación de los compromisos federales. El trasfondo revela un Gobierno dispuesto a blindar la lógica del ajuste a toda costa. "No se puede gastar más de lo que ingresa", reitera el decreto, que convierte el equilibrio fiscal en dogma por encima de la salud de la población pediátrica.
La paradoja es que el Ejecutivo acusa al Congreso de "irresponsabilidad fiscal" mientras traslada el costo de esa disciplina a los sectores más vulnerables. Con este veto, Milei abre un nuevo frente de conflicto político y social. Uno más a su larga lista de enfrentamientos. La salud infantil, lejos de recibir un refuerzo en tiempos de crisis, queda sujeta a la ortodoxia fiscal que guía al Gobierno. El Garrahan, símbolo de la medicina pública de alta complejidad en la Argentina, se transforma en epicentro de una disputa que trasciende los números y pone en discusión qué entiende este proyecto político por prioridades del Estado.