Mientras el presidente Javier Milei y sus funcionarios celebran una supuesta baja de la inflación y un país "encaminado", la vida cotidiana de millones de argentinos deja en evidencia que esa narrativa oficial está muy lejos de la realidad. En particular, la situación de las infancias en hogares con trabajo informal es alarmante: más de la mitad de niñas, niños y adolescentes que viven en estos contextos no acceden a una alimentación mínima adecuada.
Según reveló el medio El Destape, con base en datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la inseguridad alimentaria afecta al 51% de las hijas e hijos de trabajadores informales o subempleados. Una cifra que duele y que interpela, pero que el Gobierno prefiere ignorar. El problema se agrava en hogares pobres, monoparentales o numerosos, pero el empleo -o más bien la calidad del empleo- es el factor determinante.
Los números del INDEC son elocuentes: el 42% de las y los asalariados argentinos trabajan en condiciones informales. De ellos, cinco de cada diez son pobres. Es decir, a pesar de tener empleo, las malas condiciones laborales impiden cubrir una canasta básica. En criollo: tener trabajo ya no garantiza poder comer.
Al mismo tiempo que el oficialismo estigmatiza a jóvenes empobrecidos que caen en la delincuencia, desde abajo se sostiene que la violencia estructural -la del hambre, la exclusión, la falta de oportunidades- es la que debe ser atendida con urgencia. Porque la inseguridad alimentaria infantil tiene consecuencias irreversibles: afecta el crecimiento, el rendimiento escolar, la salud física y emocional. No se trata solo de comer, sino de poder desarrollarse.
Un informe reciente reveló que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes sufren efectos derivados de la mala alimentación. Eso representa a 4,3 millones de personas que deben reducir porciones de comida o, directamente, pasar hambre. La situación se agrava en hogares con adultos en la informalidad o el cuentapropismo precario, cada vez más extendido en el actual escenario económico.
Según el ODSA, entre 2010 y 2024, la inseguridad alimentaria mostró una evolución creciente, con picos en 2020 -por la pandemia- y en 2024, en plena crisis socioeconómica. La falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, ya no es una excepción: se volvió regla para vastos sectores.
El relevamiento identificó tres ciclos de deterioro:
- Entre 2010 y 2017, un 20% de niños y adolescentes sufrió inseguridad alimentaria, con casi la mitad de los casos en situación severa.
- Entre 2017 y 2020, la tendencia se agravó y los casos severos superaron los dos dígitos.
- Desde la postpandemia hasta hoy, la situación se mantuvo en niveles alarmantes, alcanzando un 35,5% en 2024. La forma más grave del fenómeno tocó el 16,5%.
Mientras La Libertad Avanza desmantela organismos estatales, despide a miles de trabajadores y recorta programas sociales, la pobreza avanza sin freno. Los despedidos -muchos con formación y experiencia- deben aceptar cualquier tipo de trabajo para sobrevivir. Y las condiciones son cada vez más precarias: sin derechos, sin estabilidad, sin obra social ni aportes jubilatorios. Pero con hambre.
Un mapa actual de la informalidad laboral muestra el verdadero rostro de la desigualdad territorial. Solo tres regiones están por debajo del promedio nacional: Gran Buenos Aires (40,4%), Región Pampeana (39,8%) y Patagonia (26,6%). El panorama empeora en el Noroeste (NOA), Cuyo y el Nordeste (NEA), donde las tasas superan el 50% (54,2%, 50,2% y 49,2%, respectivamente).
¿Este es el país que se está "encaminando"? Un país donde trabajar no alcanza para comer, donde millones de niños pasan hambre y donde la meritocracia es un discurso vacío frente a la exclusión concreta. El supuesto orden que proclama Milei solo se sostiene para unos pocos. El resto, el pueblo real, sigue esperando que el ajuste no se los lleve puestos.