En las últimas horas, el nombre de Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro del debate público y las redes sociales, empujado por especulaciones: ¿irá o no a prisión la ex presidenta? ¿Qué decidirá la Corte Suprema? Este martes, alrededor de las 16:40, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entregaron sus votos de manera individual en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia, avanzando en el expediente que tiene en vilo al país.
La causa conocida como Vialidad investiga el presunto direccionamiento de 52 obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, adjudicadas al empresario Lázaro Báez, amigo personal de la familia. En 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la dirigente a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta sentencia fue ratificada en 2023 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, ahora es la Corte Suprema la que debe decidir si deja firme el fallo o lo revoca.
La acusación sostiene que existió un esquema de corrupción que incluía licitaciones direccionadas, sobreprecios y obras inconclusas. Pero el desarrollo del juicio y el fallo mismo están plagados de inconsistencias jurídicas, ausencia de pruebas directas, e interpretaciones forzadas, tal como vienen denunciando organizaciones, juristas y militantes del campo popular. El intento de condenar a Cristina no solo amenaza con enviarla a prisión, sino también con desaparecerla de la vida política, a una semana de que la presidenta del Partido Justicialista anunciara su candidatura a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.
Aún si la Corte confirmara la condena, no resolvería la modalidad de cumplimiento de la pena. El expediente volvería al Tribunal Oral para definir los plazos y, llegado el caso, la defensa de CFK podría solicitar prisión domiciliaria, un derecho contemplado en la ley según criterios de edad y condiciones personales.
En el presente, la Corte Suprema funciona con solo tres miembros: Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La ley indica que el tribunal debe estar compuesto por cinco jueces, y para que una resolución tenga validez se necesita el voto de la mayoría. En esta situación, los fallos deben ser unánimes: los tres deben coincidir, ya sea para confirmar la sentencia como para revocarla.
Además, la Corte podría utilizar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para desentenderse del fondo del asunto. Este mecanismo le permite no expedirse cuando considera que no hay un agravio federal suficiente o que los planteos son irrelevantes. Si así lo decidiera, dejaría firme la condena sin pronunciarse sobre el contenido, un acto de gravedad institucional, por lo que implicaría el aval silencioso a una causa plagada de irregularidades.
Las mentiras de la causa Vialidad
Ante la expectativa por la decisión de la Corte, organizaciones sociales, referentes del kirchnerismo y espacios de derechos humanos impulsaron una campaña en redes titulada "Las 20 mentiras de la causa Vialidad", con el objetivo de desmontar uno por uno los argumentos utilizados para condenar a Cristina Fernández de Kirchner.
Entre las falacias más destacadas se refuta que las obras hayan sido innecesarias, que los presupuestos hayan sido arbitrarios, o que el Congreso no haya participado en el control de los fondos. Se recuerda que en 2003 Santa Cruz tenía un profundo déficit vial, y que la inversión estuvo plenamente justificada por necesidades estratégicas y de integración territorial.
Desde el Frente de Abogados Populares, se cuestiona la narrativa de que existieron precios millonarios o una red de funcionarios bajo órdenes de la presidenta. Por el contrario, se sostiene que todos los decretos fueron aprobados por el Congreso y que las demoras en la ejecución de las obras ocurrieron luego del cambio de gobierno en 2015.
- Mentira 1: "NK y CFK asignaron fondos ilegales a la proc de Santa Cruz".
- Mentira 2: "Los presupuestos fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal".
- Mentira 3: "El Congreso tuvo una participación marginal en el presupuesto".
- Mentira 4: "Los legisladores fueron obligados a votar de manera afirmativa".
- Mentira 5: "NK y CFK aumentaron partidas por DNU para beneficiar a Lazaro Baez".
- Mentira 6: "NK Y CFK se aumentaron partidas por DNU sin pasar por el Congreso".
- Mentira 7: "Uso ilegítimo del Fideicomiso Decreto 976/2001".
- Mentira 8: "NK y CFK redireccionar recursos económicos para recursos económicos para beneficiar a Lazaro Baez"
- Mentira 9: "Aumento Ilegal de Partidas por Ministerios".
- Mentira 10: "El Congreso aprobó las Cuentas de Inversión sin realizar una evaluación".
- Mentira 11: "CFK a fines de 2015 ordenò aumentar las partidas para Lazaro Baez"
- Mentira 12: "CFK a fines de noviembre de 2015 viajó a Sta Cruz para reunirse con Lazaro Baez".
- Mentira 13: "Las relaciones comerciales entre Lazaro, NK y CFK eran actos ilegales".
- Mentira 14: "CFK dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales".
- Mentira 15: "CFK omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades"
- Mentira 16: "NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para la obra pública"
- Mentira 17: "Por orden de NK y CFK se dictaron leyes prov para Báez"
- Mentira 18: "Se pagaron sobreprecios millonarios en las licitaciones ganadas por Báez"
- Mentira 19: "Las obras se demoraron de manera injustificada, presentando deficiencias"
En definitiva, no se trata solo del futuro de Cristina Fernández de Kirchner, sino del sentido profundo de la democracia argentina. Lo que está en juego es se permite que las sentencias sustituyan a las urnas, y que el poder judicial, colonizado por sectores conservadores, decida quién puede y quién no puede participar en la vida política. Defender a Cristina hoy es también defender el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes, sin proscripciones ni persecuciones encubiertas de legalidad.