El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mejor conocido como la cárcel de Devoto, tiene los días contados. En la última semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acuerdo para transferir los terrenos y para trasladar, en cuotas, a los internos que todavía cumplen condena allí, a la nueva cárcel de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.
En el predio de la prisión harán proyectos inmobiliarios, respetarán los espacios verdes y montarán un memorial para conmemorar la Masacre del Pabellón Séptimo de 1978, cuando 65 personas fueron asesinadas por la dictadura cívico-militar. La nueva prisión costó cerca de 100 millones de dólares y tiene sus cuatro unidades de alojamientos distintas en el predio de 80 hectáreas.
"Vamos a trabajar con cien traslados por día. Cien personas por día. En cada vehículo hay 12 plazas para presos porque va a personal adentro. El convoy se compone de unos cuantos autos y camionetas de traslados, los vehículos escolta, las motos, helicóptero y en pararalelo vehículos antidisturbios", reveló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en una entrevista que brindó a Radio Mitre tras la firma del acuerdo.
La funcionaria explicó que el operativo contará con pulseras con código QR para garantizar la trazabilidad completa del traslado, desde que cada preso sale de CABA hasta que ingresa a la nueva prisión. Al mismo tiempo, también llevarán al predio de Marcos Paz a unos 700 detenidos por delitos federales que son alojados en la actualidad en comisarías de la Policía de la Ciudad, por la falta de espacios en Devoto. En total, serán 2.240 los presos que estarán en el nuevo complejo.
En relación a los planes a futuro para la próximamente extinta cárcel porteña, todavía quedan muchos interrogantes y pedidos de información por parte de legisladores opositores al PRO local. Lo cierto es que el reclamo de los vecinos para la demolición de la prisión lleva décadas y que, el sólo hecho de que deje de funcionar allí, ya será un aliciente importante para la zona.
Por otro lado, ya se sabe que una parte del lugar estará destinada a espacios verdes y que, también, se realizará el memorial acerca de la masacre del 14 de marzo de 1978 que dejó 65 muertos a partir de la represión desatada y el incendio que se generó en la prisión, en la cual se registraron torturas sobre 153 internos. En diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 ya había condenado a 25 años de prisión al entonces director del penal, Juan Carlos Ruiz, y a quien fuera jefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez.
La expectativa acerca de los planes específicos que tiene el Gobierno porteño para el lugar motivó que la legisladora radical Manuela Thourte hiciera un pedido de informes, con el objetivo de establecer que se realice un Concurso Público Nacional de Ideas, con el fin de poder democratizar parte de lo que sucederá en el predio, en relación a las calles que pasará por allí, las áreas verdes que contendrá y los distintos proyectos educativos y culturales que pueda hospedar.
Las versiones actuales aseguraron que habrá espacio para distintos proyectos inmobiliarios en el nuevo terreno, aunque en los hechos todavía no se ha confirmado nada al respecto. Lo que es seguro es que el retiro de la cárcel implicará una revalorización de la zona y el impulso para nuevos edificios y viviendas en los alrededores del lugar, tal como reclamaron históricamente cientos de vecinos.